MÉXICO, D.F. (apro).- A partir de ahora los militares que vulneren los derechos humanos de civiles podrán ser juzgados por autoridades del fuero común y no sólo castrenses, luego de que la Cámara de Diputados aprobó con 425 votos y sin ninguna abstención o sufragio en contra cambios al Código Militar y al Código Federal de Procedimientos Penales. La minuta, enviada por el Senado, fue avalada en el último día del segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, y con dicha reforma se acota el fuero militar. Según el dictamen, cuando el Ministerio Público Militar tenga conocimiento de la comisión de un delito contra un civil por parte de algún integrante de las fuerzas castrenses, aquél “deberá remitir al elemento a la justicia civil”. Así, los tribunales federales serán los competentes para conocer de los delitos de los militares y civiles, en virtud de que los primeros son empleados de la Federación. Los cambios a la legislación para que un militar sea juzgado por un tribunal civil han sido parte de viejas demandas de diversas agrupaciones civiles, pero la exigencia arreció luego de que el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”, el 7 de diciembre de 2006. Y es que a partir de ahí también escalaron los asesinatos, violaciones sexuales y de derechos humanos contra civiles. No obstante casos como el Ernestina Ascencio, indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien fue víctima de violación y luego falleció debido a las agresiones perpetradas por un grupo de militares, la demanda de que éstos fueron investigados y juzgados por autoridades civiles nunca prosperó. Los cambios tuvieron que darse luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) demandó en 2009 al Estado mexicano modificar su legislación para que los militares fueran juzgados por tribunales civiles. La determinación formó parte de la denuncia de agrupaciones civiles contra el Estado mexicano ante la CoIDH por la desaparición del guerrerense y compositor de corridos Rosendo Radilla. Sin embargo, Felipe Calderón ignoró la demanda y no fue hasta ahora que, con el respaldo de todos los partidos políticos, el Senado y la Cámara de Diputados avalaron el cambio. Luego del aval de los diputados, la minuta fue enviada de inmediato al Ejecutivo para su firma y entrada en vigor. Aplauden organizaciones civiles acotación al fuero militar Organizaciones civiles aplaudieron la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar por unanimidad las reformas que limitan el fuero militar en los casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas en delitos contra civiles. No obstante, lamentaron que los cambios al Código de Justicia Militar no alcanzaran a elementos del Ejército en casos de abusos cometidos por sus iguales. Las modificaciones aprobadas este miércoles representan un “triunfo de las víctimas de abusos castrenses”, en específico de aquellas que llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), subrayaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Información y Análisis, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan. De acuerdo con el texto, la reforma “contiene diversas modificaciones con las que se avanza en la ruta indicada para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano”, en particular “la restricción de la jurisdicción castrense –desde las primeras actuaciones– en aquellos casos donde sea civil el sujeto pasivo o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro”. Si esas modificaciones se atienden, apunta, “nunca más una violación a los derechos humanos de una persona civil podrá ser investigada o juzgada por las instancias castrenses”, mucho menos cuando se involucre a menores. Sin embargo, añade, “genera preocupación que, en sintonía con las posiciones esgrimidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), no se haya restringido la extensión de la jurisdicción militar sobre casos de violaciones a derechos humanos de militares cometidas por sus pares”. La posición castrense, alerta, mantendrá a ambas instituciones “bajo el escrutinio internacional y debería suscitar una profunda reflexión en mandos medios y tropas sobre las condiciones que prevalecen al interior de los cuerpos castrenses”. Y plantea la necesidad de hacer una revisión integral del Código de Justicia Militar “para que se incorporen plenamente los principios del proceso penal acusatorio y para que se garanticen las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad en los órganos militares de procuración e impartición de justicia, hoy flagrantemente incumplidas”. Según las organizaciones firmantes, las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas “sólo podrán revertirse cuando se ponga fin a la militarización de la seguridad pública, que todavía prevalece”. Asimismo, subrayan que las modificaciones son un triunfo de quienes “han vivido directamente la impunidad que con regularidad se genera cuando tales violaciones a derechos humanos no son investigadas ni procesadas en la jurisdicción debida”. Y mencionan a Tita Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Reynalda Morales, Daniel Téllez, y los familiares de Bonfilio Rubio y Jethro Ramsés, “cuyos nombres evocan procesos de búsqueda  de justicia que llegaron hasta la Corte Interamericana o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. (Con información de Gloria Leticia Díaz)