MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a que un tribunal federal decretó la suspensión definitiva de las obras de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en respuesta a un recurso promovido por integrantes de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, “los trabajos prosiguen bajo la protección del Mando Único Policial”. Por tal razón, los quejosos calificaron como “ilegal” la obra al no existir un decreto expropiatorio o la autorización de asambleas de bienes comunales para este proyecto impulsado por Graco Ramírez, gobernador de Morelos. En rueda de prensa, los inconformes anunciaron que a más tardar la próxima semana interpondrán recursos ante diversas oficinas de Naciones Unidas (ONU) para frenar la obra, la que también consideran un atentado al patrimonio cultural de los pueblos, así como una amenaza al medio ambiente. Francisco Ortiz, miembro de los Frentes, recordó la existencia de otros dos amparos que ordenan la suspensión de la obra, por lo que señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobierno de Ramírez, así como de la empresa Tradeco-, incurren en desacato al continuar con los trabajos. El activista demandó a los gobiernos de Ramírez y de Enrique Peña Nieto “abstenerse de continuar con la obra y de seguir destruyendo el territorio de Tepoztlán, que saquen sus maquinarias del territorio”, y los llamó a respetar las decisiones del Poder Judicial de la Federación. “La autopista que cruza territorio ejidal y comunal es ilegal, las tierras siguen perteneciendo a Tepoztlán, son de la comunidad, ya que no hay decreto expropiatorio hasta el momento ni siquiera para esta obra de ampliación ni el paso de la autopista construida en la década de los setenta”, advirtió. Andrés Almazán, presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Comunal de Tepoztlán, anunció que los campesinos presentarán una demanda en la PGR por “desacato de los dos amparos vigentes ganados en tribunales agrarios, que ordenan la suspensión de la obra”. La activista Osbelia Quiroz alertó sobre los daños ecológicos que representa la construcción de la vialidad, además de las violaciones a decretos presidenciales de 1937 y 1968 por los que se crea el Parque Nacional El Tepozteco y el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin. “La situación es de preocupación no sólo para los habitantes de Tepoztlán, sino para los visitantes y toda la nación, pues no se respetan los decretos de una zona que debería estar protegida a perpetuidad”. Además, Roberto Robles y Françoise Neff se refirieron al daño arqueológico causado por la construcción, pues en fechas recientes se ha puesto al descubierto una pirámide más antigua que la del Tepozteco, de siete niveles, así como un horno de cal prehispánico y piezas realizadas más de 400 años antes de Cristo. Los defensores de Tepoztlán acusaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de avalar la destrucción, según se desprende de la postura de la responsable del sitio, Giselle Canto Aguilar. La arqueóloga “reconoce la importancia de los vestigios, que se puede aprender de ellos, pero considera la construcción de la autopista como un proyecto que significa progreso, aunque es un mal necesario, es decir, para el INAH es un problema técnico y no un asunto de defensa del patrimonio histórico de un pueblo”, apuntó Neff. Ximena Ugarte, abogada de la organización Causa que apoya a los comuneros, informó que a más tardar la próxima semana se interpondrán recursos jurídicos internacionales para solicitar la intervención de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que, “en el marco de su competencia, no sólo pida informes a México, también reclame la suspensión de la obra por considerarla una destrucción del patrimonio cultural de los pueblos”. La abogada agregó que la obra viola la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de la que México es parte desde 1984. Además, se enviarán comunicaciones a la Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ugarte explicó que el caso de Tepoztlán es “paradigmático de lo que está ocurriendo con muchos pueblos originarios de México que se ven afectados por los megaproyectos, llámese presas hidroeléctricas, minas a cielo abierto o carreteras, por mencionar algunos, en cuya construcción no consultaron a los pueblos y que se imponen sobre los descubrimientos de vestigios arqueológicos; en el mejor de los casos, se hace un escueto rescate de algunas piezas que se llevan a un museo, mientras el sitio arqueológico se destruye o se cubre de asfalto”. La abogada hizo un recuento de las irregularidades jurídicas en la construcción del tramo carretero, entre ellas la ausencia de un derecho de vía. “Ni la SCT, ni el gobierno del estado, ni la Presidencia de la República han presentado los permisos para construir, ni siquiera del tramo realizado hace 40 años, por lo que hablaríamos de indemnizaciones pendientes”. También dijo que se ha denunciado ante autoridades agrarias las irregularidades ocurridas en las asambleas comunales, además de que la obra está siendo avalada “en una figura de convenio de ocupación, sin que exista un proceso expropiatorio, y sólo con eso es que la empresa Tradeco está realizando los trabajos, protegida por policías”. A ello se suma que los daños ambientales fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que dio por bueno el estudio de impacto ambiental, a pesar de que la zona era protegida, en tanto que el INAH “no cuenta con autorización de los comuneros para realizar el trabajo de exploración, además de que la responsable no es una arqueóloga titulada, requisito para hacer un dictamen que permita realizar la construcción”. Ugarte anunció que a las denuncias que se presentarán a nivel internacional se sumarán otras en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la obra está violentando el artículo 27 constitucional, así como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.