MÉXICO, D.F., (apro).- El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo, tiene aspectos positivos, pero no transformará por sí mismo el sistema de justicia, ministerios públicos, Poder Judicial o defensores públicos, afirmaron especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Si bien consideran que el nuevo Código contará con un solo procedimiento penal en el país que contribuirá a dar certidumbre jurídica por la homologación de criterios, Luis de la Barreda Solórzano, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, afirmó que son otros los elementos que pueden contribuir al cambio. Entre ellos, la capacitación, prestaciones laborables justas, salarios y supervisión. “El Código tiene gran importancia, es el marco de referencia en el cual debe actuarse, pero por más bueno que sea, siempre será insuficiente para transformar un sistema de justicia penal tan lamentable como el que hemos padecido en México”, dijo. Por ejemplo, refirió, la prisión preventiva debe reservarse a los delitos más graves, “no para todos los que el código señale como severos, sino aquellos violentos donde se cause daño considerable a bienes primordiales del ser humano”. Actualmente, abundó, la prisión es una pena previa a una condena judicial que contradice el principio de presunción de inocencia. Por su parte, María de los Ángeles Fromow Rangel, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo que la reforma es integral y originada por el impulso de las organizaciones sociales. “Impacta a 67 estructuras de justicia penal, lo que equivale a un millón de operadores públicos y privados que tendrán que participar en la transformación profesional”, dijo. Según Marco Antonio Díaz de León Sagaón, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se trata de un código único que evita contradicciones en figuras no comunes en toda la República. “Evita situaciones no congruentes con el sentido de justicia que hemos cuidado, relacionado con la procuración e impartición de la misma” apunto. En tanto, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), consideró que uno de los aspectos positivos del nuevo sistema, es que recoge los principios constitucionales, “los define con claridad y los desarrolla a partir de cada una de las reglas plasmadas en el ordenamiento”. También destacó la profesionalización de los actores principales; entre ellos jueces, ministerios públicos, policías, peritos, abogados y defensores. “Los estudiantes de derecho o profesionistas deben tener plena conciencia de conocer bien el nuevo sistema”, dijo. La propuesta del Ejecutivo del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor paulatinamente, con plazo hasta el 18 de junio de 2016.