Veracruz: sin dejar huella…

Lejos de disminuir, en los últimos meses las desapariciones de jóvenes se extendieron a los principales municipios de Veracruz, lo que movilizó a ciudadanos y al Colectivo por la Paz, los que luego de varias marchas y plantones lograron que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se sentara a dialogar y se comprometiera a dar solución a ese problema social. No obstante aún falta mucho por hacer para tapar esos “hoyos negros”, dicen los familiares de los afectados. En contraste, el titular de la SSP asegura ufano: “No tenemos ningún problema grave”.

VERACRUZ, VER.– Al igual que esta ciudad, Boca del Río, Xalapa, Cosamaloapan y los Tuxtlas son “hoyos negros” en los cuales la gente –sobre todo adolescentes– desaparece sin dejar rastro.

En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales –Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación–, así como detenciones arbitrarias.

De ese total, según las estadísticas de la dependencia, 144 fueron menores de edad, lo que ha provocado la indignación ciudadana. La mayoría se queja por el tortuguismo con que se conducen la procuraduría y las demás instituciones encargadas de velar por la seguridad pública: la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), la Unidad Especializada Antisecuestros y la Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.

Hasta ahora, las protestas organizadas en febrero por el Colectivo por la Paz frente al Palacio de Gobierno y los plantones en este puerto en vísperas del pasado carnaval, obligaron a Ochoa a dialogar con 56 familiares de desaparecidos. El mandatario se comprometió a “abrir las investigaciones” y a revisar “caso por caso”.

El sábado 10, el gobierno de Duarte y la procuraduría estatal organizaron un acto mediático para anunciar 22 “casos de éxito”, que representan una ínfima parte de las desapariciones acumuladas.

Proceso enumera los cinco casos más emblemáticos que han sacudido a la sociedad veracruzana.

Dos expedientes ninguneados

Jonathan Celma Rosales, agente aduanal de 26 años, desapareció el 29 de julio de 2013. Un comando lo levantó de su domicilio en este puerto junto con su pareja, Lucero Fontán. Ambos fueron subidos a una camioneta PT Cruiser escoltada por un Bora gris. Los vehículos se perdieron entre las calles de Arboledas Floresta.

Lourdes Rosales Cano, madre de Jonathan, presentó la denuncia ante la Séptima Agencia del Ministerio Público, a cargo de Mario Ramírez; los empleados batallan para encontrar el expediente 961/2013/7/Ver-08. La última vez el legajo estaba en el piso y le faltaba la última hoja de diligencias.

Ese mismo 29 de julio los captores exigieron medio millón de pesos por la liberación del joven. La señora Rosales negoció con los plagiarios, quienes convinieron en aceptar 50 mil pesos; incluso le pidieron depositar el dinero en una caseta telefónica frente a una plaza comercial.

Pero el plagiado no apareció. Su madre decidió presentar una denuncia penal y pedir el apoyo de la AVI; ahí unos agentes le dijeron: “Es un autosecuestro, el joven quiere obtener dinero”, comenta la señora Rosales.

Horas después fue recibida por el entonces director de la AVI, Mario Delfín Domínguez, quien le dijo: “Es un caso de delincuencia organizada, deme 48 horas y lo resuelvo”. Ya pasaron ocho meses y nada se sabe del paradero del agente aduanal; incluso Domínguez ya fue removido.

El 30 de noviembre de 2011 Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otros 10 jóvenes desaparecieron en Xalapa. Karla y Jesús, medios hermanos, iban con una amiga llamada Itzel Quintanilla en el auto de Karla, un Peugeot modelo 2005 número de serie VF39DXFX35S501362.

Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla y Jesús, inició una denuncia en una agencia ministerial xalapeña que quedó registrada en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12.

El Peugeot fue localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Isaac Moreno, quien estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo (causa penal 494/2011); terminó por confesar que un excompañero llamado Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Las autoridades enviaron a Rojano una “orden de presentación”, pero él no se ha presentado.

Moreno fue detenido con Amaranta Cuevas; él recuperó su libertad pero su compañera sigue en la cárcel acusada de robo, aunque nunca fue interrogada sobre el paradero de los hijos de Saldaña Grajales.

Cuando éste asiste a la nueva unidad antisecuestros de la AVI y a la agencia del Ministerio Público donde está arraigado el expediente, los responsables lo reciben con la pregunta: “¿Qué ha investigado usted?”.

“El expediente no está completo, pese a que lo he solicitado, no están las ‘sábanas’ de las llamadas de las tres personas implicadas –Moreno, Rojano y Cuevas–; sólo llamaron a declarar a dos o tres personas por la desaparición de mis hijos desde marzo de 2012. La averiguación previa, las diligencias e investigaciones quedaron paradas. No sé qué paso”, comenta Saldaña.

En las investigaciones que ha hecho por su cuenta, Saldaña supo que la noche del 30 de noviembre de 2011 en Xalapa desaparecieron otros 10 jóvenes, según le confirmó el comandante de la AVI Alejandro Ortega Cueto.

Se queja porque, dice, las autoridades “no están haciendo sus funciones como corresponde. Yo ya perdí el miedo. Creo que ellos sólo actuarán cuando desaparezca un ser querido; quizá sólo así pierdan el temor y combatan a los verdaderos delincuentes”.

Tragado por el mar

La madrugada del pasado 26 de enero Giovanni Palmeros Arciga, de 32 años, y varios amigos salieron del bar La Cantinita, en Boca del Río. Y aunque él quería seguir la fiesta, le dijeron que lo hiciera solo. Lo vieron atravesar hacía el lado del bulevar costero, donde fue tragado por el mar.

Han pasado 80 días y no se sabe nada de él. Sus últimos rastros son un retiro bancario en una Farmacia del Ahorro, hecho a la una de la madrugada de ese 26 de enero, una multa de tránsito, la retención de su vehículo dos horas y media después y un mensaje de WhatsApp enviado a una amiga cerca de las seis de la mañana.

Oriundo de Cosamaloapan, Palmeros salió de su pueblo en 2010, al igual que decenas de familias, por la violencia, secuestros y ejecuciones que se desataron durante el último año de gobierno de Fidel Herrera Beltrán.

René Palmeros ha buscado afanosamente a su hijo Giovanni. Ha preguntado por él en la Dirección de Tránsito y Vialidad; en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la agencia del Ministerio Público, la AVI, la Unidad Antisecuestros, los comercios y discotecas de la zona costera. Todo en vano.

Cuando el señor Palmeros quiso ver los videos de La Cantinita, Juan Carlos Parra Ortega, gerente del bar, se negó. Lo mismo hizo cuando la agente de la Primera Agencia del Ministerio Público, Obdulia Avidal Suárez, hizo una petición formal.

René Palmeros dice que no hay capacidad de investigación en el Ministerio Público. Los oficios para girar una orden de búsqueda a la unidad antisecuestro, por ejemplo, tardaron semanas en librarse.

“Yo quiero saber si a mi hijo se lo llevaron en una lata de atún, si fue una patrulla de tránsito, si se lo tragó el mar, si fue la policía o la Armada –dice–. Es desesperante no saber si a mi hijo me lo reclutó (el narco); si me lo secuestraron o me lo enterraron en la playa.”

“Díganle que están bien”

El pasado 15 de marzo desapareció el estudiante de arquitectura Gerson Quevedo González. Sus padres llamaron al número de emergencias 066 de la SSP para reportar el secuestro.

Del otro lado de la línea les respondieron: “Seguramente se trata de un secuestro virtual. Mándenle un mensaje al celular de su hijo; díganle que ustedes están bien, que regrese a casa”. El mensaje quedó asentado en el folio 56699 de la SSP.

Ante la falta de apoyo, la familia Quevedo González optó por negociar con los captores. Aceptó pagar los 50 mil pesos de rescate que les exigieron y se trasladaron a la Plaza Crystal, como se los ordenaron, y ahí dejaron el dinero. Pasaron las horas pero Gerson no volvió a casa; la comunicación con sus plagiarios se complicó.

El hermano de Gerson, Alan, portero sub-17 de los Tiburones Rojos, y su cuñado, Miguel Eliacim Caldelas, “salieron a buscarlo”. Recorrieron la zona del fraccionamiento Arboledas San Ramón, en el municipio de Medellín de Bravo, conurbado con el puerto de Veracruz. Lo ubicaron en una casa de seguridad –narra el padre de Gerson– la madrugada del 16 de marzo.

Pero algo salió mal. Los plagiarios descubrieron a Alan y a su cuñado y tras corretearlos unos metros los acribillaron. Minutos después llegaron al lugar fuerzas federales y dieron muerte a un sicario.

Horas después el gobierno estatal emitió un boletín en el cual informó sobre el enfrentamiento en el cual tres presuntos delincuentes perdieron la vida. Dos días después, el 18 de marzo, corrigió: dijo que la familia Quevedo González relató a policías ministeriales que uno de sus hijos –Gerson– había sido secuestrado la mañana del 15 de marzo y que los plagiarios solicitaron un rescate vía telefónica, el cual fue pagado.

“Son dos asesinatos y un secuestro lo que esta familia ha vivido en un mes. Y en ese tiempo la Procuraduría de Justicia nos dice que sólo ha logrado avanzar con una orden de presentación de un presunto indiciado. Eso es una burla”, dice indignada Maricela González, madre de Gerson y Alan.

Y añade: “Una semana después de la ejecución y secuestro de mi hijo, el 23 de marzo, nos llamaron a declarar. ¿Sabe usted la incertidumbre que es vivir con eso? Sólo quiero que encuentren a mi hijo vivo. Me duele muchísimo, ya perdí a mi hijo Alan y a mi yerno”.

Su esposo, Gerson Quevedo, dice que en la nueva Unidad Especial Antisecuestros de la procuraduría los trámites se tienen que hacer desde Xalapa, mientras que el doble homicidio y secuestro ocurrió en Medellín (a dos horas y media en automóvil), lo que complica las investigaciones. Además, insiste, no se ha asignado a policías ministeriales o investigadores al caso para hacer diligencias en el lugar de los hechos.

La familia Quevedo González vive a salto de mata. Se han cambiado de domicilio dos veces por temor a represalias de la delincuencia organizada, pues uno de sus sicarios fue abatido en el operativo policiaco del 16 de marzo.

Hace tres años los hermanos Alan y Gerson vivían con su familia en Orizaba, en la zona montañosa del centro de Veracruz. Todos se mudaron a Medellín para apoyar a Alan, quien a sus 15 años tenía un futuro promisorio en los Tiburones Rojos.

Ellos saben quién fue

“No voy a descansar hasta encontrarla”, asegura Yolanda Rivera Treviño, madre de la joven estudiante Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años, quien desapareció el 2 de octubre del año pasado en el puerto jarocho.

Ámbar estudia odontología. Lo último que se sabe de ellas es que tuvo una cita con su exnovio, un cirujano del IMSS de Cuauh­témoc, en el norte de la ciudad. Poco antes él había pedido su cambio de adscripción y terminó por pedir su baja temporal. “La procuraduría sabe quién fue… No entiendo por qué no lo detiene”, cuenta Yolanda Rivera.

La averiguación de la procuraduría estatal sobre el caso de su hija (AP 1035-2013-1-Ver-10) ha sido bloqueada por los agentes ministeriales. “El subprocurador de Justicia, Fernando Vázquez Maldonado –quien incluso ya fue removido del cargo–, me decía que no entorpeciera las investigaciones, que lo dejara trabajar. Pasaron los meses y no avanzó nada”, relata la madre de Ámbar.

La joven salió de su domicilio de la zona centro del puerto de Veracruz ese 2 de octubre hacia las cuatro de la tarde. Su exnovio la había citado, según confesó a sus padres; les dijo incluso que no quería saber nada de él, que se sentía acosada.

Lo iba a ver, les explicó, “para finiquitar” cualquier tipo de relación. Después iría a la Facultad de Odontología, pues debía realizar tres prácticas profesionales. Nunca llegó. En su vehículo quedó su maletín médico. Los agentes del Ministerio Público jamás tomaron huellas.

Ante esas omisiones de la procuraduría estatal, Yolanda Rivera contrató a dos detectives privados. En 15 días encontraron pruebas, videos y elementos suficientes para incriminar al exnovio en la desaparición de Ámbar, lo que la procuraduría de Veracruz no pudo hacer”, comenta.

“Lo único que me interesa –insiste– es que aparezca mi hija, aunque sus captores salgan de la cárcel al otro día. Las autoridades de Veracruz tienen todo y no hacen nada.”

Tipificar la desaparición forzada

El gobierno de Duarte terminó por admitir el problema de las desapariciones forzadas, e incluso trabaja con los integrantes del Colectivo por la Paz para impulsar una iniciativa de ley sobre el tema.

El viernes 2 el periódico Reforma informó de un levantón masivo afuera del bar Sodoma, en Xalapa, en enero pasado. En esa ocasión, según Laura Bárcenas, se llevaron a su hijo Héctor Vargas Bárcenas, de 28 años. Ella sostiene que, según registro de la cámara de seguridad de un negocio contiguo, en ese operativo participaron dos patrullas de la Policía Estatal Acreditable.

Ese levantón se suma a la ola de violencia que ha regresado a la capital del estado y municipios conurbados, donde el viernes 9 varios presuntos sicarios fueron abatidos en el municipio de Banderilla por agentes federales que participan en el Operativo Veracruz Seguro. Rescataron el cuerpo de un plagiado en una casa de seguridad en pleno centro del municipio.

Anaís Palacios, vocera del colectivo que lleva 56 casos de personas desaparecidas, comenta al reportero que la recién creada Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas debe investigar cada expediente y abrir las indagatorias las veces que sea necesario, pues en muchos casos la policía estatal está implicada.

Le reconforta, dice, que el gobernador Duarte haya prometido el pasado 15 de abril analizar cada caso en particular: “Me voy a seguir reuniendo con ellos (Colectivo por la Paz) –dijo el mandatario–. Estamos abriendo las investigaciones y va caminando la Fiscalía Especializada para localizar a personas desaparecidas”.

En contraste, su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, mandó un mensaje muy distinto, pues no sólo minimizó el asunto de las desapariciones forzadas y los secuestros, sino que los equiparó con actos delincuenciales:

“Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave. La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas.”

A su vez el procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo, señaló que había varios casos archivados y prometió desempolvarlos.

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