MEXICO, D.F. (apro).- Mirna del Carmen Solórzano, madre de una migrante salvadoreña asesinada en San Fernando, Tamaulipas, acusó al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, de mentir sobre los supuestos esfuerzos del organismo para localizar a los familiares de las 72 víctimas de la masacre ocurrida en 2010. En entrevista con Apro, la madre de Glenda Medrano Solórzano, de 23 años, acusó a Plascencia de negar a los familiares el derecho a la verdad y la justicia, a casi cuatro años de que ocurriera la matanza en San Fernando. Mirna acudió a la reunión de trabajo que sostuvo el ombudsman con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la perredista Angélica de la Peña, luego de la exigencia de rendición de cuentas que formularon diversas organizaciones sociales. Después de una larga sesión, la mayor parte amable para el titular de la CNDH, el tono fue roto por la legisladora del Movimiento Ciudadano (MC), Layda Sansores, quien –en contraste con sus colegas– no felicitó ni agradeció la presencia de Plascencia Villanueva en el recinto senatorial, y más bien lo invitó a “redactar con dignidad su renuncia” y hacer a un lado su campaña en busca de un segundo periodo al frente del organismo público, relevo que se pondrá en juego este año. Mirna del Carmen se acercó a la mesa de debate a petición de Sansores, “para que al menos de vista te conozca” el titular de la CNDH, acotó la legisladora por Campeche. Y es que uno de los reclamos de las ONG que promovieron el encuentro fue que en la recomendación 80/2013, sobre los hechos ocurridos en San Fernando, el organismo no tomó en cuenta a los familiares de las víctimas ni siquiera para pedir en su nombre que el Estado mexicano reparara el daño causado. Mirna del Carmen, quien es representada por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, contó que “ni un cinco” recibieron los familiares del Estado mexicano, y que la única ayuda que tuvieron fue la entrega de 600 dólares por parte del gobierno de El Salvador, además de que en sólo tres horas las autoridades de México que llegaron a la nación centroamericana con restos de 14 salvadoreños determinaron la identidad de cada víctima. “Me dijeron que me aferrara a que lo que me daban eran los restos de mi hija, pero yo no los puedo aceptar porque no tengo prueba de que así sea, no me enseñaron fotos ni restos de ropas que lo corroborarán”, apuntó Mirna del Carmen, quien recordó que recibió los restos poco tiempo después de que ocurriera la masacre, en agosto de 2010. “No puede ser que se hubieran destruido las pruebas tan rápido”, apuntó. Ante los señalamientos, transmitidos a los senadores antes de la sesión, el ombudsman argumentó que tuvo “dificultades” para localizar a los familiares de las víctimas, cuatro de ellas brasileñas, seis ecuatorianos, 13 guatemaltecos, 24 hondureños 14 salvadoreños, una persona de origen hindú y 12 sin poder ser identificadas, aunque en el momento de la investigación el organismo pudo entrevistar a un sobreviviente originario de Ecuador. El funcionario reconoció que a partir de las inconformidades, que se han traducido en dos juicios de amparos en contra de la CNDH, decidió trasladar la investigación –compuesta por 12 mil páginas– de la Quinta Visitaduría, encabezada por Fernando Batista, a la sexta, responsable de violaciones a derechos culturales, laborales y ambientales, encabezada por Tomás Serrano Pérez, quien durante la presidencia de José Luis Soberanes se desempeñó como director del Programa de Presuntos Desaparecidos. El ombudsman admitió que, a casi cuatro años de la matanza y después del proceso judicial iniciado en su contra, personal del organismo ha localizado a cinco familiares de dos víctimas, para lo cual se ha desplazado visitadores a Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Más aún, Plascencia responsabilizó a la PGR de “no hacer caso” a recomendaciones de la CNDH para no cremar ocho cuerpos, en noviembre de 2012, situación de la que se enteró el ombudsmanpor organizaciones de la sociedad civil, mismas que pidieron al organismo su intervención para evitar la imposibilidad de identificar los cadáveres. “Ante peticiones o solicitudes que formulamos, las respuestas fueron negativas y, ante ello, no hay ningún remedio salvo en hacer públicas la negativa de atender la solicitud de una recomendación o en este caso de un oficio, de una medida tan importante”, argumento Plascencia, quien omitió decir a los senadores que la CNDH no hizo pública esta situación. Ante las referencias al juicio de amparo por el caso de San Fernando, Plascencia Villanueva sostuvo que la CNDH “no busca ni rivalizar ni controvertir con las víctimas, lo que busca es acompañarlas, auxiliarlas y trabajar en la problemática que se tenga”. Aunque en el discurso el titular del organismo aseguró lo anterior, en entrevista posterior con los medios reconoció que en los hechos el organismo está litigando en serio el asunto para evitar ser sancionado. Sin embargo, uno de los abogados de las víctimas, Fernando Coronado, acotó más tarde en rueda de prensa que si la CNDH deseara evitar controvertir, podría “allanarse al amparo, reconocer su responsabilidad, dictar medidas de reparación y no solicitar al poder federal que desconozca a las víctimas porque firmaron con una huella digital, como argumenta en el proceso”. Sobre cuestionamientos hechos por organizaciones ante los retrasos para emitir recomendaciones, Raúl Plascencia dijo que “hay investigaciones que tardan años y otras lustros”, sobre todo tratándose de casos que están siendo investigados por la PGR. Ante la a incapacidad de la CNDH para garantizar reparaciones integrales del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos, Plascencia responsabilizó a los agraviados y a sus abogados de tener “expectativas muy elevadas”, a pesar de que “la autoridad expresa su voluntad en reparar el daño”. No obstante, el ombudsman reconoció la incapacidad del organismo para “emitir medidas para reparación del daño, siendo algo extremadamente complejo, pues se requiere contabilizarlo y allegarse de elementos”. Ante esos argumentos, el senador Alejandro Encinas, del PRD, recordó a Plascencia que los reclamos que recibieron de víctimas y familiares se refieren a que la CNDH no prevé en sus recomendaciones la justicia como medida de reparación de daño, aunque sí la “intervención para supervisar la sanción de los responsables, garantizar los derechos de audiencia de los familiares y las víctimas, el acceso al expediente de queja y a los análisis forenses”. Durante las distintas intervenciones del ombudsman, éste presentó algunos datos que hablan de una situación permanente de violencia en el país, como la cifra acumulada de mil 800 cuerpos descubiertos en fosas clandestinas en todo el país, así como el registro de 150 mil personas desplazadas por la violencia. Los desplazamientos internos, tema sobre el que anunció un próximo pronunciamiento, se detectaron en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Durango con destino de refugio en Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Morelos, Aguascalientes y Querétaro. Al ser cuestionado por las reformas legislativas en entidades como Puebla y Chiapas, en las que los Congresos locales aprobaron el uso de la fuerza para contener protestas sociales, el ombudsman dijo que instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para analizar la posibilidad de interponer juicios de inconstitucionalidad en esas entidades, así como en Quintana Roo. En su exposición inicial, Plascencia aseguró que de 2005 a la fecha la CNDH ha emitido 12 recomendaciones por desapariciones de personas; además, que cuenta con un registro de 24 mil 800 casos de personas de las que se desconoce su paradero, y que el organismo ha documentado plenamente 2 mil 610 casos de desaparecidos, de los cuales en 612 se evidencia la intervención de autoridades federales; en 267 está clara la participación de la delincuencia, y en mil 424 no existe claridad, en tanto que del total documentado al menos 308 las victimas  fueron migrantes. Raúl Plascencia resaltó que en 2013 recibió 45 mil 972 quejas, 10% más que el año anterior, abrió 9 mil expedientes de queja por violaciones a derechos humanos y emitió 86 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades. Pese al crecimiento de las denuncias, aseguró, sin precisar datos, que han disminuido en 50% las quejas dirigidas a las fuerzas armadas, así como en 30% las referidas a torturas y otros tratos crueles e inhumanos. En la sesión de trabajo participaron, además de los senadores señalados, la panista Mariana Gómez del Campo; Pablo Escudero, del PVEM; Diva Hadamira Gastélum y Lucero Saldaña, del PRI; Lorena Gómez y Zoé Robledo, del PRD, así como Manuel Bartlett, del PT, y Mónica Arreola, de Nueva Alianza.