MÉXICO, D.F. (Proceso).- El PRI no ha cambiado ni tiene la intención de hacerlo. Lo único que se ha modificado –y depurado– son los métodos para imponer su nueva hegemonía. La maleabilidad de proyectos y metas, la cooptación de adversarios e instituciones y la simulación para engañar al enemigo (que somos todos los demás, es decir, los ciudadanos), siguen siendo las herramientas principales para fortalecer el dominio priista; adaptadas, claro, a las nuevas circunstancias políticas del país. La marca indeleble es el gatopardismo, signo y sino del tricolor: cambiar para seguir igual o, en este caso, para restaurar el pasado.

Con el propósito de acaparar el control político del país, el partido en el gobierno pretende reinstaurar los fundamentos del poder autoritario: 1. La centralización del poder en torno al Ejecutivo federal. 2. La domesticación del Congreso, los gobernadores, los partidos de oposición, los sindicatos, así como de las autoridades electorales, hoy autónomas. 3. La complicidad con los poderes de facto, en especial la televisión, instrumento fundamental para atontar al enemigo y ganar elecciones. 4. El amansamiento de los demás medios de comunicación. 5. La opacidad y el disimulo en la rendición de cuentas para permitir la corrupción. 6. La impunidad selectiva. 7. El estado de derecho de fachada. 8. La simulación para permitir todo lo anterior, pero sin que se note.

 La centralización, característica del poder presidencial durante el régimen de partido casi único, fue uno de los principales propósitos de la reforma educativa para recuperar el control sobre el magisterio. Para ello se encarceló a la lideresa del SNTE y se impuso a un sucesor domesticado. Asimismo, se logró centralizar el proceso de selección y la nómina de los maestros. Sólo faltaría controlar a la CNTE,­ lo cual no parece viable en el corto plazo. También está pendiente el rescate de la responsabilidad del gobierno federal en la definición de la política educativa, así como el ejercicio visionario y eficaz de tal desafío.

 El mismo impulso centralizador anima a la reforma electoral al haber reconcentrado la responsabilidad del sector en el INE en sustitución del IFE, lo cual no garantiza una mayor limpieza en los procesos comiciales debido a que, como se ha comprobado reiteradamente, el organismo autónomo es proclive a ceder ante las presiones de los partidos y del Ejecutivo. Lo paradójico es que el PAN y el PRD hayan promovido esa reforma con la idea de “arrebatar las elecciones a los gobernadores”, cosa que no ocurrió. Además, estuvo a punto de consumarse la presión de los magistrados del Tribunal Electoral para asegurar una pensión vitalicia introducida sigilosamente en la ley, como pago por los favores recibidos. La presencia del director jurídico de la Presidencia en el Congreso es elocuente.

 Obviamente, la nueva situación de pluralidad en el país aumenta el grado de dificultad para restituir el férreo control autoritario que existió hasta 1997. Ya no basta con una orden para imponer la voluntad presidencial, como era común en el pasado. En la coyuntura actual, las vías para implantar una hegemonía acondicionada a los nuevos tiempos requiere de métodos más sutiles, conocidos como cooptación.

 Cooptar es lograr que los adversarios actúen de acuerdo con las disposiciones del régimen sin recurrir al uso de la fuerza, sino mediante métodos de convencimiento que los interfectos no puedan rechazar. Lo ofertado debe ser suficientemente apetecible para inducir a los personajes a actuar en la dirección deseada. Estímulo-reacción (y posible castigo): el método conductista de Pavlov y Skinner aplicado a la política. La oferta debe ser proporcional a lo demandado. La gama de posibilidades que puede adoptar el trueque es muy amplia, pero es clasificable en dos grandes rubros: interés político o apetito pecuniario. El interés político puede ser personal o gremial, a la vez que legítimo o ilegítimo. La cooptación por salivación crematística se llama corrupción y, por supuesto, es ilegal; aunque casi siempre queda impune, puesto que la autoridad es la que otorga la retribución ilícita. A este proceso de domesticación pavloviana han sido sometidos con éxito legisladores, líderes de partidos, dirigentes sindicales, representantes de instituciones autónomas e incluso gobernadores feudalizados.

 La simulación es dar gato por liebre, embaucar a la ciudadanía. El caso emblemático del reformismo gatopardiano sucedió en el ámbito de las telecomunicaciones. De una reforma constitucional surgida de la negociación en el difunto Pacto por México, elogiada como “histórica”, se pasó a una ley reglamentaria que, emulando a la Ley Televisa, parece haber sido redactada en las oficinas del consorcio. Como reacción a las protestas contra esa contradicción palmaria e injustificable, el gobierno decidió posponer la discusión de la ley secundaria, acaso con la idea de anotar un golazo legislativo durante el Mundial de Futbol. Cuidado.

 La permisividad en el ámbito de la corrupción y la impunidad selectiva son otros sellos de la casa tricolor que han sido emulados con creces por el PAN y el PRD cuando han sido gobierno, o en los oprobiosos moches. En ese ámbito sí existe el consenso tripartito: hacer del servicio público un negocio privado. Dicha aquiescencia recíproca ante la corrupción impune constituye una de las grandes lacras del país y convierte al estado de derecho en una mera fachada.

 El principal beneficiario de ese aciago panorama es el partido en el gobierno porque ello lo libera de la posible crítica proveniente de los principales partidos opositores, que han perdido toda autoridad para condenar la corrupción del tricolor, puesto que ellos la han practicado con igual cinismo. Si a ello agregamos las profundas divisiones y pugnas internas en los partidos blanquiazul y del sol azteca, las probabilidades para la permanencia del PRI en el poder se elevan exponencialmente.

 Todo lo anterior indica que la nueva hegemonía del PRI será longeva y estará caracterizada por un autoritarismo apaciguado sólo por las voces críticas que aún subsisten en el Congreso, en algunos medios de comunicación y en ciertos sectores de la sociedad mexicana. No son buenos augurios para la democracia mexicana.