I MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando una persona entra en shock, lo que sucede es que la sangre, de golpe, disminuye su paso. Sobreviene un desmayo que, en las novelas del siglo XIX, era solventado con “sales” que se ponían directamente en la nariz. De lo que se trata es de reanimar el cuerpo pero, sobre todo, de que recobre la conciencia. El shock del año pasado fue una retahíla de “reformas” cuya velocidad dejó en la ciudadanía una sensación de no poder reaccionar, ni resistir. El petróleo –simbólicamente, uno de los centros subterráneos del nacionalismo mexicano–, los contratos colectivos de los trabajadores, las dispensas de impuestos a los más ricos, la persecución fiscal de los más pobres –la idea de que el comercio informal expida recibos electrónicos– y la fingida modernización de las telecomunicaciones, trajeron consigo una especie de desmayo. La resistencia obvia ya no estaba ahí: El PRD, dentro de un Pacto de Inmovilidad con el poder restaurado, y el Movimiento de Andrés Manuel López Obrador metido en convertirse en partido político, es decir, peleando en el interior por las candidaturas. La izquierda fue parte de la pérdida del conocimiento. La respuesta que desató el shock fue una primavera de las asambleas. Un llamado “Congreso Popular” (18 de marzo en la explanada del Monumento a la Revolución, al que asistieron tres mil 500 delegados) convocado por personajes públicos, y un “Frente por la Comunicación Democrática”, alentado por la disidencia de algunos senadores. Pareció que habíamos vuelto a la era de “Los Abajo Firmantes” de mediados de los años ochenta: una indignación pública de celebridades, una disidencia testimonial, casi epistolar. Pero había un elemento distinto en estas asambleas: asistieron ciudadanos de todos los estados de la república, cada uno sacando de su propia bolsa para venir hasta la Ciudad de México, convocados por las “sales”, por la urgencia de resistir. No se le dejó al personaje público la representación –hablo en sentido teatral– de las indignaciones. Ahora miles de ciudadanos quieren subirse al escenario y declamar sus verdades. Así, se reunieron voces y registros tan diversos como la Señora de Polanco que propuso “ponerle gasolina al coche y no pagarla”, hasta el líder de las Guardias Comunitarias, el doctor Mireles (mensaje en video, por la persecución que sufrió), pasando por la chica de Nayarit que provocó más aplausos por los límites de su falda que por lo que nos distrajimos de escuchar: que desaparezca el término “presidente” y prive el de “servidor público”. En medio, siempre una sociedad civil organizada en cientos de no-gubernamentales de abogados, periodistas, católicos de izquierdas, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia y de la represión con la que se trata de contenerla y aprovecharla, opinadores, y una información que documenta, y hasta macera, la indignación en las llamadas “redes sociales”. Tal crisis de representación –en el Congreso, las gubernaturas caciquiles, las encuestas y la televisión monopólica– produjo en esta primavera lo que ya anunciaban los estudiantes del #YoSoy132 en mayo de 2012: soy un ciudadano. Con nombre y apellido, la recuperación de la asamblea pública devuelve individuos que se han recobrado del desmayo inicial. Si el 132 decía “soy estudiante y no un infiltrado, como dice la televisión”, la primavera de las asambleas dijo: “soy ciudadano y no me siento representado”. ¿Qué es esta crisis de representación? Es simplemente decir en público: “No soy el que dices que soy”. Es una declaración que va al centro de la forma en que el poder restaurado tomó las decisiones pensando que la onda del shock duraría como aletargamiento sexenal. Un poder que busca presentarse de consenso, eliminando y callando a sus opositores. En una palabra, el priismo. La primavera asambleística ha reivindicado, una y otra vez, el artículo 39 de la Constitución. De hecho, llegué a pensar que podría tomar ese nombre para vincular a tanta diversidad: “YoSoy39”. Lo que esto significa es que se apela a la no aceptación de las reglas vigentes vía una garantía constitucional. En México el derecho a la rebelión está sustentado en la propia ley; la lucha contra la injusticia está amparada jurídicamente. Es el derecho que tenemos a no acatar una injusticia de los que circunstancialmente están en el poder. Parte de la idea de que todavía existe una relación recíproca con quienes nos representan. Parte de la idea de que se puede cuestionar y resistir a disposiciones que violentan las garantías esenciales de los ciudadanos. No es una revolución, sino que, en última instancia, se trataría de elevar el nivel de aprobación de una democracia. Como escribió Habermas sobre la desobediencia civil: “es una evaluación sobre si en el orden jurídico sigue latiendo la aspiración por la justicia”. “Ahora nosotros somos las noticias”, decía una de las célebres consignas de los estudiantes en la otra primavera, la del 2012. Es un recordatorio de que la obediencia al poder nunca es absoluta y que está condicionada, al menos en una democracia, al nivel de consentimiento colectivo, a la idea que los ciudadanos tienen del bienestar público. Es una renovación de una legitimidad que le recuerda a la política institucional que la soberanía está sólo del lado de los ciudadanos. Y se ha hablado de los métodos para hacerla valer. La resistencia contra las reformas del poder restaurado no es un simple desacato. De otro modo, reivindicaríamos a la delincuencia que jamás tiene motivos cívicos sino personales. Evadir la ley en secrecía –tapándose el rostro– es lo contrario a ser ciudadanos y discutir públicamente contra el orden político. Pero tampoco parece quedarse a un nivel de asamblea catártica o marcha repetitiva. La desobediencia puede ser una fuga de legitimidad. Que la autoridad recuerde que ella misma es evanescente. Que hay disensos que se pueden convertir en disrupciones si no acata, no la ley, sino lo que la ley previene: el descontento contra las reglas. Por eso la reacción del poder restaurado contra esta primavera de las asambleas: tratar de individualizarlas –el que convoca es “extranjero” o “tiene resentimientos personales contra una televisora”, “tiene antecedentes penales” – y hacer de las opiniones que lo objetan, conspiraciones. Para el poder restaurado la conciencia debe ser una especie de contemplación no activa de “hombres buenos”, y no la posición de mejores ciudadanos. El mexicano bueno es el que acepta el sometimiento a cualquier regla que a la política institucional se le ocurra. En cambio, el ciudadano pasa al terreno de la conspiración, y las opiniones –por ejemplo, en internet– atentan contra “la seguridad del Estado”. En la euforia asambleística de esta primavera veo el terreno del combate: ciudadanos, con rostros públicos y publicitados en las “redes” por millones que defienden la democracia, contra un poder restaurado al que le estorba el disenso. Una democracia sin derecho a ir en contra de las leyes injustas es una dictadura. Es como si, en vez de las “sales”, al desmayado le aplicaran los santos óleos. II [gallery type="rectangular" ids="371073"] Alfonso Cuarón recibió un Premio Óscar por Gravity, una película –como el cuento Caleidoscopio de Ray Bradbury– en la que unos astronautas flotan a la deriva en el espacio. Después, sintiendo la necesidad de usar su peso gravitacional como celebridad en el debate público, planteó en los periódicos nacionales 10 preguntas a Peña Nieto sobre la reforma energética (28 de abril, 2014). La primera se refería a cuándo iba a disminuir el precio del gas y la luz, como había prometido la campaña oficial para convencer a la ciudadanía de sus bondades. De pronto, tuvimos otra señal de la crisis de representación: las opiniones pagadas por Peña Nieto dijeron que un cineasta no tenía derecho a preguntar sobre tales cuestiones tan de expertos. Se revelaba así lo que piensa el poder de las opiniones –en el caso del cineasta, sólo preguntas– de los ciudadanos: los que saben pueden cambiar la historia de un país por eso, porque saben. Se planteó el asunto de todo autoritarismo: una casta, una élite, una vanguardia –según sea un país teocrático, monárquico o de Partido Único– sabe qué es mejor para sus habitantes, percibidos como “no preparados” para debatir. Más allá de que este ataque contra el cineasta puso de manifiesto la idea de “democracia” del régimen restaurado del PRI, lo significativo fue que a la representación presidencial y camaral se le comparó –en caricaturas, memes, discursos– con los astronautas a la deriva de la película de Cuarón. Esa distancia, ese infinito, esa deriva. Un presidente, unos representantes enfundados en un traje espacial, dictando reformas desde sus micrófonos dentro de sus cascos. Flotando sin gravedad, sin peso, sin eso que nos hace ciudadanos: el derecho a la crítica, a la rebelión, a la tierra. Separados del resto, los funcionarios de Peña Nieto le dieron “respuesta” al cineasta, más preocupados de que la celebridad internacional los precipitara “a tierra” que las marchas, cadenas humanas, congresos y asambleas populares. La respuesta fue ininteligible: “lo que estamos reformando dará frutos, si todo sale bien, a mediano plazo”. A mediano plazo, para la nueva cultura de la aceleración y la hiperinformación, es estar muertos. Que el autor de Gravity fuera el remitente es más que una coincidencia. Se convirtió en una metáfora del tiempo. En el espacio exterior puede ocurrir –según Einstein– que los viajeros no se hagan tan viejos como en la Tierra. El tiempo puede, teóricamente, transcurrir de distintas formas. Y, así, el signo de las reformas es un tiempo que no se ajusta al del resto. En otras ocasiones he visto ese enfrentamiento entre tiempos: el zapatismo chiapaneco con sus “ritmos indígenas”, Atenco con sus ahuehuetes de cientos de años –quemados por el actual jefe del Ejecutivo cuando era gobernador del Estado de México–, la Asamblea de Oaxaca (APPO) deteniendo la programación radiofónica para discutir todo, desde su propia existencia hasta el anarquismo serrano. Juntar Gravity con las reformas era una manera de confrontar los tiempos para debatir con los tiempos para decidir. La aceleración del lado del poder, comprado, publicitado, arbitrario en su prepotencia mediática, no existe para quienes el tiempo es sólo nuestro. Desacelerar es el mensaje. III [gallery type="rectangular" ids="370759"] La Cadena Humana contra la reforma en telecomunicaciones –llamada “Ley Televisa 2” – fue convocada por dos senadores, uno de derechas y otro de izquierdas, Javier Corral y Alejandro Encinas, el 26 de abril de 2014, a lo largo del trayecto entre Los Pinos y Televisa. Los ayudó Cuauhtémoc Cárdenas, candidato defraudado en 1988 por Salinas de Gortari. La queja de los senadores era, digamos, prudente: A la reforma constitucional que repartía los costos entre monopolios, se le enjaretaba una ley reglamentaria que reforzaba los monopolios. Pero el ánimo, de clase media –cuando ves perros con correa en una protesta–, era mucho más radical: no a Televisa, a sus noticieros fraudulentos, a sus deportes arreglados, a sus telenovelas racistas, a su sexismo disfrazado de humor. Asignados a ciertos cruces de avenida Reforma, nos tocó en suerte el Ángel de la Independencia, al lado de los moneros Helguera y Hernández, y junto a los legisladores Encinas y Luisa Alcalde. En algún momento, el coordinador de ese cruce, Virgilio Caballero, nos pidió que camináramos hasta el Senado. Era como tratar de enlazar a los representantes con sus representados. Empezamos el largo trayecto comandados por el senador Encinas, quien parecía un coronel de la Revolución con su tropa detrás. El senador iba hablando de la posibilidad de que la izquierda perdiera la Ciudad de México en 2015, de las relaciones entre el gobierno del DF y las mafias –Cuauhtémoc Gutiérrez, el Príncipe de la Basura, acusado de solicitar prostitutas con dinero del erario–, y de las reformas a las leyes secundarias en televisión, celulares, internet, partidos, el fuero del Ejército. De pronto, nos perdimos. –¿Dónde quedó el Senado? –bromeó Encinas. Nos reímos todos, pero muchos sentimos que la pregunta no tenía respuesta. IV [gallery type="rectangular" ids="373283"] A las 9:00 de la mañana del 28 de mayo, en el Polyforum –el mural de Siqueiros amenazado hoy, también, por la privatización–, el doctor José Manuel Mireles reúne a 400 personas para explicar por qué ha armado a 34 municipios de Michoacán contra el crimen organizado: el derecho a la autodefensa. Es un médico cirujano del IMSS que ha matado gente porque le han secuestrado familiares y han violado a sus estudiantes de la secundaria de Tecalpatepec, en la que presidía el Comité de Padres de Familia. Sobreviviente de un “accidente” aéreo, Mireles convoca al horror de la inseguridad: migrantes centroamericanos, mujeres víctimas de la trata, periodistas amenazados, mujeres violadas por la autoridad, “autodefensas” encarcelados. Es un agricultor con bigote zapatista que se saca papelitos de las bolsas para armar sus discursos. Lo rodean los curas –Vera y Solalinde– y una derecha activa en la inseguridad: el exgobernador Ernesto Ruffo y Javier Livas Cantú, el único diputado que renunció a su cargo en el fraude de 1988. En los discursos, ahora animados con el kínder de los universitarios –la presentación en power point–, Mireles reivindica el derecho a la legítima defensa, a portar armas, a morir en combate con “los malos”: los narcotraficantes, la policía, el Ministerio Público, los reclusorios. El tema parece ser la justicia. De nuevo –vía Jaime Cárdenas– surge el artículo 39 de la Constitución. Una cifra escalofría al auditorio desmañanado: 600 mil policías privados cuidan a los ricos, mientras a nosotros nos alcanza para pagar a tan sólo 45 mil agentes públicos. Cuando a Mireles se le entrecorta la voz, al público se le detiene el aliento. Estamos en un descampado, en las llanuras de Juan Rulfo, en la sinrazón del crimen, la gandallez del poder, el despojo, el shock calculado, la rapiña que ya no necesita justificación ética. Sí, somos los ciudadanos y estamos juntos pero perdidos.