México, D.F., 24 de junio (apro).- Una juez federal ordenó al gobierno de Enrique Peña Nieto seis medidas de transparencia y protección para el nevado de Toluca, luego de otorgar un amparo a un grupo de ciudadanos inconformes con el decreto del Ejecutivo que le quitó a esa zona el carácter de “parque nacional” para convertirla en Área Natural Protegida. Paula García Villegas, juez primera de distrito en materia administrativa, resolvió que el Ejecutivo incurrió en una serie de omisiones en su decreto presidencial expedido el año pasado. Entre ellas, apuntó, no incluye algunas medidas de transparencia por Internet, como mapas de alta definición para seguir la evolución de la mancha urbana sobre el área natural del nevado. Además, no se informa sobre los programas de recuperación de los recursos naturales y tampoco se mencionan las acciones contra los responsables de la deforestación del nevado. No obstante, la juez consideró que el decreto presidencial se apegó a la legalidad. Publicado el 1 de octubre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, dicho ordenamiento quitó el rango de “parque nacional” al nevado de Toluca, con lo que le abrió las puertas al Grupo Atlacomulco para que pueda invertir en las 53 mil hectáreas de área boscosa del nevado. De esta manera, Peña Nieto planea hacer realidad el viejo sueño de su tío Arturo Montiel, quien siendo gobernador del Estado de México intentó instalar en el nevado un centro internacional de esquí, un campo de golf, hoteles, restaurantes, centros comerciales y una zona residencial de súper lujo. Montiel no logró realizar su proyecto privatizador porque se lo impedía el hecho de que el nevado fuera “parque nacional”, catalogación que prohíbe todo tipo de actividad distinta a la conservación forestal. Y fue precisamente este impedimento el que quitó Peña Nieto, aprovechando sus atribuciones como presidente de la República. En su oportunidad, la revista Proceso (1931 y 1933) dio los pormenores sobre el decreto y la protesta social que ocasionó entre los grupos de ejidatarios de la zona, que inmediatamente interpusieron un amparo, ya que lo consideraron “un vil despojo”, pues ni siquiera se les tomó en cuenta como propietarios del área del nevado. Los ejidatarios de San Juan de las Huertas, por ejemplo, aseguraron que Peña Nieto no los consultó y tampoco les respetó su “garantía de audiencia”, como lo marca la ley. De ahí que hayan interpuesto un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca. El actual fallo de la juez García Villegas se enmarca en esta lucha de los campesinos por recuperar sus tierras del nevado que les otorgó el presidente Lázaro Cárdenas en un decreto presidencial de 1936, a través del que, precisamente, se consideró “parque nacional” a toda el área de ese emblemático volcán de 4 mil 564 metros de altura, considerado un bien nacional.