MONTERREY, N.L. (apro).- El organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) denunció que el gobierno de Rodrigo Medina de pretender imponer a un incondicional suyo en la presidencia de la Comisión Estatal para la Atención a Víctimas. Según el organismo, el mandatario emitió la convocatoria dos días antes de la elección, con el fin de cerrarle las posibilidades a la sociedad civil. Liz Sánchez Reyna, portavoz de la organización ciudadana, precisó en rueda de prensa que el lunes pasado a las 17:00 horas el Ejecutivo publicó una convocatoria para presentar candidatos de la sociedad para que presidieran la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En la misma publicación se especificaba que el cierre de registros ocurriría el miércoles 25 a las siete de la noche. Cadhac, que había estado al pendiente del lanzamiento de la convocatoria, acudió ocho minutos antes de que concluyera el plazo y presentó como aspirante a María Teresa Villarreal Martínez, doctora en política pública. “Pareciera que así como salió esta convocatoria, la misma está orientada a limitar que haya propuestas desde la ciudadanía. Es lo que interpretamos, pero queda muy claro que es una forma equivocada de hacerlo. Recordemos que cuando fue aceptado que el comisionado fuera propuesto por la ciudadanía, hubo mucha discusión en el Congreso porque había diputados que proponían que fuera designado por el gobernador”, recordó. Sánchez Reyna supuso que en dos días difícilmente una persona podría reunir la documentación necesaria para presentarse como candidata, además de que no hubo difusión de la convocatoria, por lo que suponen que no hubo más propuestas que la de Cadhac. Sobre las sospechas de que a través de este proceso se pretende evitar que la sociedad civil acceda a esta instancia, la ONG exigió al gobernador, conforme a lo establecido en la convocatoria, que dé a conocer la lista de los aspirantes a presidir la Comisión. La misma ONG solicitó un lugar en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que deberá estar funcionando en las próximas semanas para dar ayuda y asesoría a las personas afectadas por delitos y violación a sus derechos humanos en la entidad. La activista se quejó: “Instamos al gobierno del estado a conducirse con seriedad en el proceso, con profesionalismo y seriedad que el tema amerita. Acciones como esta resultan una burla y falta de respeto hacia la ciudadanía en general y hacia las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en particular”. La Ley de Víctimas fue aprobada en el Congreso en noviembre del 2013 y firmada por el gobernador en diciembre de ese año. A partir de entonces se estableció un período de 180 días para que entrara en vigor. En ella se crea el Sistema de Atención a Víctimas, del que forma parte la Comisión, instancia que proporcionará certeza jurídica, auxilio, ayuda, asistencia y orientación a los afectados por delitos en la entidad.