LOS ANGELES (apro).- Son las 9:20 de la mañana cuando Mario Saavedra ingresa al edificio de oficinas marcado con el número 3550 del bulevar Wilshire, en Los Ángeles. Con camisa y pantalón de vestir impecablemente planchados, y los zapatos negros relucientes, sube al tercer piso y recorre puertas hasta llegar a una marcada con el escudo de Honduras: tiene una cita a las 9:30 para hablar con algún funcionario de su representación consular. Una hora más tarde nadie lo ha atendido. Mario trata de mostrarse paciente, pero se desespera. Hace dos semanas recibió una llamada de las autoridades de inmigración de Estados Unidos: Fernanda, su hija de 14 años, fue detenida mientras ingresaba sin documentos al país por la frontera entre México y Texas. Tras darle la noticia, una trabajadora social pidió a Mario sus datos y le dijo que alguien más se comunicaría con él; no le dio un número telefónico al cual llamar ni le dijo en dónde se encontraba la niña. Días más tarde Fernanda le habló: estaba en un albergue, pero no le supo decir en dónde. La llamada fue puro llanto hasta que se cortó. Las llamadas desde los albergues no duran más de tres minutos y el número aparece bloqueado. Mario se quedó con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Emergencia migratoria Fernanda es una de los 52 mil menores de edad que han sido detenidos por ingresar a Estados Unidos sin documentos en lo que va del año fiscal 2014, iniciado en octubre pasado, de acuerdo con la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de este país. La cifra ha provocado la alarma de las autoridades estadunidenses debido a que se duplicó con respecto al mismo periodo del año fiscal 2013. Los chicos proceden principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, aunque en el caso de este país, los números son imprecisos debido a que, por encontrarse en un territorio contiguo al estadunidense, muchos menores son regresados sin que se les inicie un proceso formal de deportación. Estimaciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS) apuntan a que para el cierre del año fiscal, los menores detenidos podrían ser 90 mil. La presencia de menores viajando sin compañía no es algo nuevo. El endurecimiento de la seguridad fronteriza a finales del siglo pasado e inicios del presente hizo más riesgoso el cruce sin documentos e interrumpió la circularidad histórica de la migración. Antes los padres que trabajaban en Estados Unidos solían viajar a su tierra cada cierto tiempo para ver a los hijos y reingresaban al país del norte de manera ilegal. Ahora, encuentran que esto ya no es posible; si ellos ya no pueden ir, traer a los hijos se ha vuelto la única alternativa. Los menores vienen con algún familiar o con algún “coyote” de confianza, pero también es frecuente que los propios chicos, ante la falta de recursos y la ilusión del sueño americano, inicien la travesía al llegar a la adolescencia. Con la escalada en los números, y mientras políticos y analistas buscan explicaciones --un aumento de la violencia por parte de grupos delictivos en Centroamérica, o la idea extendida de que llegando a Estados Unidos podrán permanecer legalmente en el país–, las autoridades de inmigración han tenido que improvisar para atender los miles de menores mientras les inician un proceso legal. A partir de la declaratoria de emergencia realizada por el presidente Barack Obama, a principios de junio, se creó una respuesta inter-agencias que involucra a la autoridad migratoria, a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Justicia. El gobierno abrió tres albergues que operarán durante 120 días en instalaciones militares de California, Oklahoma y Texas para albergar a 3 mil menores, y solicitó un presupuesto de mil 500 millones de dólares en fondos de emergencia para su alojamiento, alimentación y transportación, adicionales a los 868 millones previamente aprobados por el Congreso para el año fiscal 2014 en ese rubro. Sin embargo, la deportación no ocurre de la noche a la mañana. Para que un menor de edad sea procesado debe pasar por una serie de trámites que evalúan su situación particular y revisan sus opciones legales para pelear en la corte su permanencia en el país. Pero para los padres que esperan a estos chicos, este periplo burocrático convierte cada día en una pesadilla. Viajeros por su cuenta Mario vive en Bakersfield, dos horas al norte de Los Ángeles. Desde hace 11 años, cuando llegó de Sonaguera, Honduras, este sitio ha sido su casa. Trabajó en el campo, en la construcción, y hoy se dedica a instalar pisos de madera. Cuando salió de su país, Mario tenía 25 años, una madre, una esposa y a Fernanda, entonces de 3 años. En 2003 le dio un beso a su hija y él y su esposa enfilaron hacia el norte. Fernanda se quedó con la abuela paterna y la pareja se separó tiempo después, pero Mario continuó siendo el soporte económico y moral de su hija. “Yo no sabía que la niña iba a venir”, dice con expresión afligida mientras espera en el consulado. Bajo el brazo, lleva un sobre de papel manila con documentos. “Yo hablaba con ella cada semana y le preguntaba cómo estaba, pero un día que llamé mi mamá me dijo que la niña ya venía para acá. Yo no sabía, cómo la iba a dejar si sé lo peligroso que es el camino; pero mi mamá tiene 70 años y mi hija ya no le hace caso. Se vino con una amiga; al parecer juntó dinero, tomaron un bus y llegaron acá, pero las agarraron”, explica. Hora y media después José María Tsai, cónsul interino, recibe a Mario. Tsai lleva cinco meses al frente de la representación y no sabe muy bien qué hacer. Sentado frente a una bandera gigante de su país, con gesto inexpresivo, explica a Mario que el DHS abrió una hot line exclusiva para padres; ahí le darán información, tomarán sus datos y buscarán ponerlo en contacto con su hija. El consulado no puede hacer más por él. De acuerdo con la legislación estadunidense, los menores de edad no deben ser retenidos por la autoridad migratoria por más de 72 horas. Después de ese tiempo son trasladados a albergues temporales que operan bajo la reglas de la Oficina de Refugiados y Reubicación (ORR). En promedio, ocho de cada diez niños terminarán en uno de estos sitios. Tan pronto los menores son trasladados a los albergues, integrantes de organizaciones civiles que apoyan a los migrantes hacen un diagnóstico de su estado de salud y buscan darles asistencia legal. Esta etapa es crucial para el futuro del menor. Es común que al ser entrevistados por trabajadores sociales o abogados, los chicos cuenten una historia que no es real; en ocasiones son los propios “coyotes” quienes los entrenan para dar respuestas falsas. Sólo después de varios días quienes los entrevistan logran romper el hielo e identificar señales: si el menor ha sufrido maltrato, abuso, amenazas por parte de pandillas o grupos delictivos, o si vive en situación de abandono, es posible que con asistencia legal permanezca en el país a través de una solicitud de asilo o de una visa humanitaria. Reunificación complicada Mientras eso ocurre, un trabajador social buscará entrar en contacto con algún familiar del menor en Estados Unidos. Dado que la mayoría de estos chicos viajan con documentos falsos, o sin documentos, es preciso determinar su identidad y luego la del presunto familiar. “Es un proceso delicado que requiere de cierto tiempo”, explica Joyce Capelle, presidenta de Crittenton, un albergue ubicado en el sur de California. “Muchos son reunidos con familiares a los que no han visto en años. Si viene alguien a decir que es un tío que vino de El Salvador hace diez años, tenemos que verificar si realmente es su tío; lo último que queremos es entregar al niño a alguien que pueda ser un traficante o que abuse de él. Hemos tenido casos de niños que dicen ‘no quiero ir con mi papá porque nos pegaba’; entonces detenemos el proceso y hacemos entrevistas a los familiares, que muchas veces están en Nebraska siendo que el niño fue detenido en Texas, por ejemplo”, explica. De acuerdo con el DHS, un menor pasa en promedio 35 días en estos albergues temporales, pero Capelle afirma que hay quienes se quedan ahí por meses hasta que es seguro entregarlos. El problema es que, con el incremento en el flujo de menores, los recursos disminuyen. Varias organizaciones han empezado a solicitar donativos en línea para seguir cumpliendo con esta tarea. Cuando salió del consulado, Mario llamó al número para padres. Después de algunas preguntas de confirmación, supo que a Fernanda la trasladaron desde Texas al albergue de la base militar de Oklahoma. Tras comprobar su relación con la menor y su solvencia económica, todo indica que antes de que finalice junio podrá tener a su hija con él. A partir de ese momento empezará la batalla legal. El DHS les enviará un citatorio para que Fernanda comparezca ante un juez de inmigración. Ahí la chica deberá declarar si es culpable o inocente de haber ingresado al país de manera indocumentada. En caso de aceptar su culpabilidad, sería deportada inmediatamente. Sin embargo es poco probable que esto ocurra. Tanto los abogados como los activistas que orientan a las familias de los menores, saben que echando mano de solicitudes de extensión para comparecer, la presentación ante un juez puede postergarse hasta dos años. Si el fallo es en contra del menor, se solicita un recurso de apelación que puede extenderse hasta por tres años. Y siempre existe la alternativa de que, para los chicos que pueden comprobar que huyeron de situaciones de riesgo, se solicite un asilo político o una visa humanitaria. De las decenas de miles de menores de edad que han llegado a Estados Unidos durante los últimos meses, la gran mayoría permanece en territorio estadunidense. Dos, cuatro, cinco años de espera y de lucha legal sirven para ganar tiempo; en ese periodo los hijos se reencuentran con los padres y sueñan con que algo llegará: una reforma migratoria, un alivio legal, algo que permita que las familias no vuelvan a separarse.