TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó ante un juez penal de la prisión de El Amate a seis de los 25 trabajadores capturados el sábado pasado, luego de reclamar durante una semana el respeto a sus derechos laborales a la empresa que tiene concesionada la potabilización y distribución de agua potable en esta ciudad. Levy Joab Escobar Espinosa, Adalberto Ruiz González, Pedro Orantes Navarro, Sebastián Pérez Pérez, Romeo Sarmiento Hernández y Héctor Coutiño Hernández fueron trasladados la noche del domingo al penal de El Amate, acusados del presunto delito de despojo “agravado”. La querella fue interpuesta por José Arturo Munguía Sánchez, representante legal de la empresa Avya Ressources Hummanies S de RL de CV. Esta compañía opera como outsourcing de la empresa Filtros y Purificadores de Aztlán SA de CV (FYPASA), la cual tiene concesionada la Ciudad del Agua desde el 2008, la planta desde la cual se extrae el agua del río Grijalva, se potabiliza y se distribuye a la capital del estado. Desde 2008 unos 50 trabajadores, con sueldo de 700 pesos semanales, comenzaron a organizarse para formar un sindicato y exigir las prestaciones de ley. Tras varios intentos de protestar por las injusticias laborales, el pasado lunes 23 de junio pararon algunas máquinas, únicamente dejaron operando una planta de bombeo de agua a la capital del estado, por lo que fueron amenazados que si no frenaban su movimiento serían capturados. La amenaza se cumplió y cinco días después, el sábado 28, 25 de los 50 trabajadores fueron golpeados y capturados. El pasado domingo por la noche fueron liberados 19 de ellos, sin embargo, seis más quedaron en calidad de detenidos y desde anoche se encuentran recluidos en el penal de El Amate, acusados del presunto delito de despojo agravado por parte de la Fiscalía de Asuntos relevantes, a cargo de Adulfo Chacón Ruiz. Se trata de Levy Joab Escobar Espinosa, Adalberto Ruiz González, Pedro Orantes Navarro, Sebastián Pérez Pérez, Romeo Sarmiento Hernández y Héctor Coutiño Hernández. Familiares, esposas, hijos, amigos y hermanos se inconformaron con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) porque, a su juicio, se está cometiendo una injusticia. “LO único que hicieron fue reclamar sus derechos laborales, pero las autoridades nunca los escucharon”. Uno de los familiares de los indiciados dijo que nunca hubo tal despojo agravado. “Ellos estaban trabajando normalmente, hecho que se demuestran al recibir el pago respectivo por los días laborados correspondiente a la segunda quincena del mes de junio”, dijo. El abogado Jorge Cuevas señaló que los 19 que fueron liberados, salieron temerosos y fueron inducidos a declarar en contra de las otras seis personas como presuntos autores intelectuales del movimiento de protesta. La situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas un término de 144 horas.