MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) instó a la delegación Álvaro Obregón y al Gobierno del Distrito Federal a privilegiar “el diálogo y la concertación, evitando en todo momento medidas coercitivas que pudieran derivar en un conflicto en la zona” de San Bartolo Ameyalco. El llamado lo realizó en el contexto del seguimiento que personal de la Primera y Tercera Visitadurías Generales del organismo realiza sobre los cuatro expedientes de queja abiertos a petición de habitantes de dicho pueblo. Uno de ellos es relacionado con los hechos violentos del pasado 21 de mayo, cuando más de mil 500 granaderos sitiaron las entradas del pueblo y generaron un zafarrancho con los pobladores que rechazan la obra. Hubo más de cien heridos, entre policías y pobladores, y cinco detenidos quienes fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente acusados de ataques a la paz pública y contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Al respecto, la CDHDF informó, a través de un comunicado, que el pasado 11 de junio, personal del organismo acudió al pueblo de San Bartolo Ameyalco para observar y documentar la situación de los pobladores. Agregó que también se han hecho reuniones de trabajo con autoridades de la delegación Álvaro Obregón y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para ampliar y precisar la información del proyecto. En estos encuentros la Comisión les ha hecho observaciones sobre cómo transmitir la información y a través de qué instancias. Incluso, les sugirió diseñar un mecanismo que informe a todas las personas. Según la CDHDF “se ha velado por el respeto al debido proceso de las personas detenidas el día 21 de mayo de 2014 y se está realizando la documentación de lo ocurrido en esa fecha”. Además, dijo que ha sido enfática en señalar a la delegación encabezada por Leonel Luna “las acciones a considerar en los casos en particular, sin prejuzgar sobre la continuidad de la implementación del proyecto hidráulico, esto último facultad exclusiva de la delegación Álvaro Obregón”. Y añadió que realiza “las gestiones correspondientes para que se solucionen en el menor tiempo posible las problemáticas planteadas en los expediente de queja, buscando que a todas las personas que viven en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, les sean respetados y garantizados sus derechos a la información y al agua potable, sin que el ejercicio de estas prerrogativas implique un detrimento o menoscabo de los derechos de otros habitantes de ese lugar”. De los otros expedientes abiertos en la CDHDF, uno se abrió a mediados de febrero a causa de la falta de acceso a la información del proyecto hidráulico. Fue cuando los pobladores inconformes intentaron por primera vez frenar la obra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). Los otros dos expedientes se abrieron días después, cuando vecinos pidieron la intervención de la CDHDF para ayudar a que el proyecto se realice “a la brevedad”, con el argumento de que no tiene  un servicio de abastecimiento y se ven obligados a comprar agua de pipas particulares. De estas quejas, la Comisión solicitó a la delegación, la Subsecretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública locales implementar medidas precautorias, entre ellas, garantizar el derecho a la información de los habitantes de San Bartolo Ameyalco y “privilegiar el diálogo por sobre el uso de la fuerza”, así como garantizarles el derecho al agua. Por último, la CDHDF aclaró que estará “al pendiente de que las actuaciones de las autoridades sean acordes con los estándares internacionales en derechos humanos, como lo establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, este último al tratarse San Bartolo Ameyalco de un pueblo originario”.