COLIMA, Col. (apro).- Activistas del sector de la diversidad sexual exigieron la liberación de la sexoservidora transgénero “Thalía”, recluida desde hace más de dos años en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, acusada de complicidad en el homicidio de “Jazmín”, quien era su compañera de oficio en la zona de tolerancia. Según evidencias que obran en el expediente del juicio 300/2012-III, del que no ha sido emitida la sentencia, la víctima fue asesinada en junio de 2012 de tres balazos en la cabeza por un cliente que la levantó de su lugar de trabajo, en tanto que José Alberto Torres Segura, “Thalía”, denunció haber sufrido tortura por parte de agentes de la PGJE para que se autoinculpara como copartícipe en la planeación del crimen. Sheila Karina Montenegro, presidenta de Asociación Colimense de Apoyo a la Diversidad Sexual A.C. (Acadi), señaló que este caso conlleva un doble agravio hacia la comunidad gay de Colima, pues en primera instancia se asesinó a una mujer transgénero y, en segunda, se torturó a otra para obligarla a declararse cómplice del asesino. “No creo que ‘Jazmín’ haya tenido alguna culpa para merecer que la mataran, cualquier cosa que haya hecho no justifica su muerte y, en el caso de ‘Thalía’, es evidente que los policías actuaron con prejuicios y sólo buscaron un chivo expiatorio, porque las investigaciones no son tan claras cuando se golpea y se violenta a los detenidos”, acusó. La activista demandó que las autoridades responsables investiguen con apego a la ley el asesinato de “Jazmín”, con el propósito de hacerle justicia, pero también pidió que en lo que se refiere a “Thalía”, el gobernador Mario Anguiano Moreno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, y el juez que lleva el juicio actúen con sensibilidad para evitar la injusticia de que una persona tenga que purgar una pena por un delito no cometido. Sheila Montenegro recordó que conoce a “Thalía” desde hace 15 años, cuando aún adolescente la vio en una discoteca gay en sus inicios como transgénero y la orientó sobre la manera de vestirse, maquillarse y cuidar su apariencia. “Le dije también que debía depilarse las piernas y ponerse hormonas; ella insistía en que quería tener más cadera, pero le recomendé que no se fuera a inyectar aceite, cosa que después me enteré que sí hizo; ha sido una persona muy callada, incapaz de matar una mosca, no creo que sea culpable de lo que la acusan, y no es que defienda al culpable, eso que lo investigue la Procuraduría, pero yo defiendo al que es vulnerable”. Además de la tortura y los golpes, indicó Montenegro, “Thalía” sufrió un trato discriminatorio de parte de los policías, quienes “le decían que eso le había pasado por andar de puto”, por lo que “pido a la Procuraduría y al gobernador que investiguen y destituyan a los agentes responsables de estos hechos, que actúan como en tiempos de la Inquisición”. “Estoy de acuerdo en que si alguna persona de la comunidad gay comete un error, se le tiene que aplicar la ley, pero si no es así, no tiene por qué ser castigada; nosotros pedimos a los jueces que sean justos, que tomen en cuenta que ‘Thalía’ fue torturada, ¿o es ese el trato que se debe dar a los detenidos? Pido que los policías no sean tan inquisidores, tan primitivos, tan deprimentes”. Para Marco Antonio Pérez Gaspar, presidente de la organización Colimenses Asertivos en Salud Sexual (CASS), el caso de “Thalía” habla de una persona y de un sector en situación de vulnerabilidad, pues ha sido estigmatizada tres veces: por ser analfabeta, por ser transgénero y por ser sexoservidora. También dijo que esta situación ha evidenciado que el gobierno del estado maneja un doble discurso, ya que por un lado proclama que está a favor del avance de los derechos del sector de la diversidad sexual, pero por otro se sigue permitiendo a las corporaciones policiacas actuar con una discriminación muy arraigada en contra de la comunidad gay. De acuerdo con Pérez Gaspar, una revisión al expediente judicial revela que “el caso está lleno de prejuicios y de estigmas contra quienes son transgénero y están dedicados al trabajo sexual: no se les quiere en las calles, en el centro ni en el callejón que conduce a la zona de tolerancia”. El dirigente de CASS compara el caso de “Thalía”, por su situación de vulnerabilidad, con el de Adriana Manzanares, la indígena condenada por haber tenido un aborto; o con el de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). La sexoservidora colimense, sin embargo, no ha contado con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), refirió Marco Antonio Pérez. Además, narró que en 2012, poco después de la detención de “Thalía”, acudió junto con el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, a visitarla al Cereso, y ambos escucharon su testimonio sobre lo ocurrido, y después de solicitar el expediente, el ombudsman sólo comentó que la familia necesitaba contratar un buen abogado. Asimismo, añadió Pérez Gaspar, en el proceso de la queja presentada, un hermano de “Thalía” tuvo que llevar a la CDHEC el dictamen de un médico particular donde se concluyó que la detenida fue torturada, cuando “la misma Comisión pudo haber solicitado a la CNDH personal capacitado para que brindara ese servicio con base en el Protocolo de Estambul”. A juicio de Marco Antonio Pérez, en Colima sigue prevaleciendo la tortura policiaca, especialmente contra los sectores más desprotegidos de la población, y ni siquiera se enjuicia a los agentes responsables de ese delito, pues desde el aparato de poder se hace lo posible por ignorar e invisibilizar este fenómeno que ha llevado a muchas personas inocentes a la cárcel.