Con las autoridades del Distrito Federal aún enredadas con dictámenes técnicos parciales, confusos y hasta contradictorios, en medio de controversias legales y pronunciamientos de sesgo político, la Contraloría local ya tiene una lista de 19 funcionarios de la actual administración y de la pasada a los que sancionará. Entre ellos no se encuentran, por supuesto, ni los directores del Sistema de Transporte Colectivo ni los jefes de Gobierno. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal se apresta a sancionar al menos a 19 funcionarios que tuvieron a su cargo la construcción de la obra civil y electromecánica de la Línea 12 del Metro, así como la adquisición de los trenes, pero lo hará sin un dictamen técnico que establezca claramente las causas de las fallas por las que siguen inhabilitadas 11 de sus 20 estaciones. En la relación de procedimientos disciplinarios administrativos iniciados por el ente fiscalizador figuran 16 funcionarios y exservidores públicos del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF, actualmente en liquidación) y tres del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ni el exjefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard Casaubon, ni el actual director del Metro, Joel Ortega Cuevas, aparecen en la lista de la contraloría, pese a que el segundo recibió la obra “en condiciones de operar” e incumplió los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, según evidencian dictámenes de empresas certificadoras (Proceso 1950 y 1951). De acuerdo con dichos expedientes, iniciados a partir de una denuncia formulada por Ortega Cuevas el pasado 12 de febrero (oficio 10000/0029/2014) y de los que este semanario tiene copia, la responsabilidad por las fallas en la Línea Dorada recaerá en los exdirectores del PMDF y del STC, Enrique Horcasitas Manjarrez y Francisco Bojórquez Hernández, respectivamente. La Contraloría señala a Horcasitas de no supervisar las labores de seis de sus directores de área durante la construcción de la Línea 12 y de permitir que la obra se entregara sin terminar, el 30 de octubre de 2012, un mes antes de que Ebrard fuera sucedido en el gobierno por Miguel Ángel Mancera. A Bojórquez Hernández le imputa el incumplimiento de la normatividad en la firma de un contrato de prestación de servicios de un torno rodero de fosa (máquina que sirve para mover los trenes en las vías), transacción que derivó en un quebranto patrimonial. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1966, ya en circulación)