MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- A tres años de la promulgación de la Ley de Migración, cientos de inmigrantes y su descendencia carecen de identidad. De acuerdo con organizaciones civiles como el Instituto de la Mujer en la Migración (Imumi), la imposibilidad de hacer registros civiles, efecto de la ignorancia, prepotencia y discriminación por parte de autoridades y funcionarios públicos, se traduce en una clara violación a los derechos humanos. Aquí un botón de muestra: “Diana” y “Carlos”, una pareja de inmigrantes de El Salvador, relataron que personal del Registro Civil número 18, localizado en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad, les negó la posibilidad de registrar a su hija recién nacida. Lo anterior, pese a que el artículo 9 de la Ley de Migración establece que los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a las personas, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijas e hijos, matrimonio, divorcio y muerte. “Carlos”, quien hace nueve años buscó refugio en México por la violencia en su país de origen, detalló que el 11 de junio pasado acudió junto con “Diana” (también inmigrante) al Registro Civil para tramitar el acta de nacimiento de su segunda hija, nacida en México mes y medio antes. Tras informar a la secretaria del Registro Civil que no eran mexicanos, ésta les exigió documentos oficiales. La pareja presentó una carta de naturalización por residencia y una constancia de nacionalidad –ambos documentos con validez oficial y emitidos por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM)–, pero la mujer se negó a realizar el trámite y les pidió que regresaran al día siguiente. Cuando volvieron, el titular del Registro Civil, quien supuestamente valoraría la situación para aprobar el trámite que daría la nacionalidad mexicana a la pequeña, no se encontraba. Un día después la pareja tampoco pudo registrar a su hija porque el juez no estaba en su lugar de trabajo. Fueron citados para el lunes siguiente. Ese día la pareja llegó acompañada de abogadas del Imumi, quienes solicitaron entrevistarse con el juez para realizar el trámite. El responsable del registro Civil negó a la pareja el registro de la niña porque carecían de “papeles oficiales”, y les propuso dos alternativas: tramitar cada uno un pasaporte en el consulado (cuyo costo asciende a más de mil 500 pesos) o bien regresar a su país, registrar a la menor y regresar a México para solicitar en el consulado la doble nacionalidad. Las abogadas del Imumi respondieron al juez que los documentos presentados por la pareja para identificarse fueron expedidos por el INM y acreditaban oficialmente su identidad, y subrayaron que la pareja no tenía recursos para obtener un pasaporte. Un supervisor de actas que se encontraba en el Registro Civil señaló que la pareja no podía registrar a su hija por la falta de pasaportes, pero ante la insistencia del Imumi dijo que acudieran a las Oficinas Centrales para realizar el trámite. En ese lugar la pareja fue atendida sin demora y la pequeña fue registrada con los mismos documentos migratorios que presentaron en el Registro Civil 18 de la delegación Álvaro Obregón y que no fueron aceptados. Por ese motivo, el Imumi presentó sendas denuncias contra el titular, la secretaria y el supervisor de actas del Registro Civil 18 en la Contraloría Interna del Registro Civil, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Fiscalía de Servidores Públicos, que podrían derivar en la suspensión o separación del cargo de los funcionarios. La ley que no opera En entrevista, la abogada Margarita Leticia Juárez Aparicio, integrante del Imumi y quien acompañó a la pareja de salvadoreños en el proceso para registrar a su hija, señaló que es de suma gravedad que esos hechos ocurran después de todo lo que se luchó por que la Ley de Migración no tomara en consideración esas restricciones. Lo más preocupante, agregó, es que la autoridad no reconozca los documentos oficiales emitidos por instancias migratorias, como las credenciales que presentaron “Diana” y “Carlos”, y subrayó que muchas veces –por las condiciones en que salen de su país– las personas inmigrantes no pueden acudir a su representación consular por un pasaporte, además de que no cuentan con recursos económicos para tramitarlo y tampoco pueden regresar a su lugar de origen. Es importante, dijo, que todas las oficinas del Registro Civil cuenten con acciones homologadas para proceder en este tipo de situaciones y que se apeguen a los derechos humanos, ya que en las legislaciones de cada entidad existen atenuantes o imprecisiones respecto del artículo 9 de la Ley de Migración. Juárez Aparicio urgió a capacitar al personal que labora en las oficinas del Registro Civil, principalmente a jueces y a los funcionarios que brindan información, y que se realice un monitoreo permanente para que la ley se aplique correctamente. Además, demandó que los supervisores de actas –que son quienes se encargan de hacer revisiones en distintas oficinas del Registro Civil en una zona– cuenten con todas las herramientas para realizar un asesoramiento adecuado, de lo contrario podrían replicarse las malas prácticas. La abogada también exigió sanciones más severas contra los funcionarios que infrinjan la ley, sea por ignorancia o por discriminación. Y precisó que de no haber registrado a su hija, en un futuro “Diana” y “Carlos” habrían corrido el riesgo de ser acusados de robo, dado que la pequeña “permanecería invisible” y la pareja no habría tenido forma de comprobar su identidad.