VALPARAÍSO (apro).- El gobierno de Michelle Bachelet sorprendió al plasmar en cenas privadas un “acuerdo histórico” con la derecha y el empresariado que dio forma a un proyecto de reforma tributaria bastante distinto al planteado en el programa presidencial. El proyecto original de reforma tributaria --que fue aprobado el 14 de mayo por la Cámara de Diputados-- buscaba recaudar 8 mil 200 millones de dólares anuales extras, con el fin de financiar un ambicioso programa en educación. El corazón de dicha propuesta era la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Pero tras el acuerdo, este mecanismo --que ha permitido a las grandes empresas eludir la tributación respecto de 280 mil millones de dólares que han obtenido en ganancias-- se mantendrá en lo esencial. El acuerdo fue dado a conocer en conferencia de prensa realizada la noche del martes 8, en el comedor que el Senado tiene en el Congreso Nacional (con sede en Valparaíso). Allí estuvieron los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado: Ricardo Lagos Weber, del Partido por la Democracia (PPD); Carlos Montes, Partido Socialista (PS); Andrés Zaldívar, Democracia Cristiana (DC); Juan Antonio Coloma, Unión Demócrata Independiente (UDI), y José García Ruminot, Renovación Nacional (RN). Los dos últimos representan a la derechista y opositora Alianza por Chile; mientras que los tres primeros son parte de la oficialista Nueva Mayoría. Completaron “la foto”, los presidentes de cuatro de los cinco partidos que suscribieron el pacto: los senadores Ignacio Walker (DC) y Jaime Quintana (PPD); y los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Ernesto Silva (UDI). Además estuvieron los ministros Alberto Arenas (Hacienda) y Ximena Rincón (portavoz de Gobierno). Arenas sintetizó el ánimo de los presentes: “Este es un día histórico. Logramos sacar adelante la reforma tributaria más compleja y profunda de los últimos 30 años en Chile, propuesta por el gobierno de la presidenta Bachelet para financiar nuevos gastos permanentes con ingresos permanentes”. Un día después de presentado este acuerdo, el proyecto con sus modificaciones fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda del Senado. Una semana después hizo lo propio el pleno de esta cámara legislativa. El proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados a su tercer trámite legislativo. Si los diputados rechazan los cambios verificados en el Senado, tendrá que ir a una comisión mixta de diputados y senadores.   Campaña derechista   El acuerdo estuvo precedido de una vistosa campaña comunicacional, la que fue liderada por el economista Bernardo Fontaine. Éste creó en abril la página www.reformalareforma.cl, cuyo discurso central era que la propuesta tributaria del gobierno iba a afectar a la clase media, a las pequeñas empresas, el ahorro, el crecimiento y la inversión. Esta campaña concitó el respaldo de sectores económicos y políticos de derecha, así como de los medios que forman parte del duopolio de la prensa chilena: El Mercurio y La Tercera. El momento cumbre de esta ofensiva comunicacional fue a principios de este mes de julio. Entonces comenzó a aparecer una inserción en la prensa titulada: “Todos ellos quieren corregir la reforma tributaria… Es hora de escuchar”. Allí aparecían economistas y dirigentes políticos de varias tendencias que se oponían –con diversos argumentos-- al proyecto original de reforma tributaria. Entre ellos figuraban hombres muy ligados a la Nueva Mayoría, como los economistas Eduardo Engel, Claudio Agostini y el exministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet (2006-2010), Andrés Velasco. Por otra parte, desde mediados de mayo parlamentarios democratacristianos, como los senadores Andrés Zaldivar e Ignacio Walker, comenzaron a emitir duras críticas al contenido de la reforma. Zaldívar, que fue ministro de Hacienda (1968-1970) en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), expresó el 21 de mayo en entrevista con el diario El Mercurio que “el corazón de la reforma se puede cambiar”. El diario The Wall Street Journal también se sumó a las críticas. Y lo hizo en forma vehemente. El 5 de mayo este medio publicó una columna de la economista Mary Anastasia O'Grady, quien sostuvo que con la mencionada iniciativa legal “Bachelet y sus compinches en el Congreso están enviando señales de un cambio en las reglas de juego, que sugiere un regreso a la polarización política de comienzos de los años setenta”. La economista estadunidense manifestó también que las actuales fuerzas gubernamentales “ven en sus mayorías legislativas la posibilidad de poder introducir finalmente el sueño utópico del presidente Salvador Allende en la garganta colectiva de Chile”. El éxito de la campaña contra el proyecto tributario de Bachelet se hizo evidente luego de conocerse la encuesta de la consultora Adimark de mayo, la que fue dada a conocer el 3 de julio. Esta mostró que en un mes el respaldo al proyecto había descendido de 51 a 45%. Según esta investigación, 55% de los chilenos estimaba que esta propuesta afectaría a la clase media.   El FUT: dispositivo perverso   El debate que se dio a raíz de la reforma tributaria giró en torno a la eliminación del FUT. Según reseñó el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, en el artículo “Reforma Tributaria: ¿acción fiscal para redistribuir ingresos?”, publicado el 10 de abril en el portal en Internet de la citada institución, el FUT “opera como un mecanismo contable que permite a los dueños de las empresas no pagar impuestos por las ganancias del capital que no se retiran”. Durán sostuvo que cuando este mecanismo fue implementado –en 1984, en plena dictadura militar-- se planteó que sería un “estímulo a la re-inversión”. Sin embargo, con el tiempo se demostró que era una inmensa fuente de elusión fiscal. Según la propuesta original del gobierno de Bachelet, los dueños de empresas deberían comenzar a pagar impuestos cuando existan ganancias, sin importar si las hayan retirado o no. En palabras de Durán: se cambiaba “la base de tributación de utilidades retiradas a utilidades devengadas”. En entrevista con Apro, el economista y experto tributario Julián Alcayaga sostiene que tras el pacto con la derecha el proyecto de reforma tributaria perdió lo único realmente valioso que tenía: la eliminación del FUT. Este economista asegura que esta era “la única y real medida de aumento de la tributación contenida en el proyecto, que afectaba a los chilenos más ricos y a grandes empresas extranjeras cuyas fuentes de ingresos se encuentran en Chile”. Alcayaga sostiene que ni en el proyecto original ni en el modificado se prevé aumentar los impuestos a las grandes empresas mineras que operan en Chile, que pagan una exigua tributación y nada de regalías: “A las mineras no se las toca ni con el pétalo de una rosa”, afirma. En la columna Arriba las manos --publicada en su blog el 10 de julio y reproducida por diversos medios de comunicación--, el economista Manuel Riesco afirma que el acuerdo “establece una tasa de tributación para las empresas de 27%, dos tercios de la cual puede ser descontada por sus dueños de sus propios impuestos. Es decir, la tasa neta de tributación de las empresas quedará en 9%”. Según Riesco, “esa es una tasa extremadamente baja para niveles internacionales, en los cuales las empresas tributan por lo general 30%, sin derecho a que descuenten nada de sus propios impuestos”.   Política de los consensos   No pasaron muchos días para que se conocieran detalles de cómo se gestó el acuerdo en materia tributaria entre el Ministerio de Hacienda y la derecha. Y fueron algunos de sus protagonistas quienes se encargaron de revelarlos: En una entrevista que concedió el 9 de junio a Radio Duna, el exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y principal promotor del acuerdo, el economista Juan Andrés Fontaine –hermano de Bernardo— confesó con total desparpajo: “Lo que aquí hubo fue un acercamiento que se fue gestando entre el gobierno, RN y los senadores de la Comisión de Hacienda. Y a partir de eso, entré yo (…) Eso terminó en largas conversaciones que fueron como de seis horas, en mi casa con el ministro Arenas y (el viceministro) Alejandro Micco. Los tres, con galletitas, fuimos analizando uno a uno los temas”. Fontaine reveló además que “(fue una negociación) muy seria y honesta de ambos lados. Por ejemplo, cuando llegábamos a un acuerdo de que cierta forma podía funcionar para cierto tema, no se volvía a atrás sobre eso, no quedaba anotado en ningún papel, pero estaba claro que ese era el acuerdo al que se había llegado. En ese sentido fue un trabajo, yo diría, grato”. La forma en que segestó este acuerdo sacó ronchas entre los partidos políticos de la Nueva Mayoría que no formaron parte del mismo: el Partido Comunista (PC), Izquierda Ciudadana (IC), Partido Radical (PR) y el Movimiento Amplio Social (MAS). El presidente del PC Guillermo Teillier expresó, tras reunirse el lunes 14 con los ministros que forman parte del Comité Político del gobierno, que advirtió al Ejecutivo que su partido no está disponible “para volver a la política de los consensos”. Teillier reveló que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, le aseguró que “en este país ya se terminó la democracia de los consensos, aquel consenso perverso que hacía que una mayoría tuviera que someterse ante una minoría”. Existe el temor de que el proceder con que se ajustó la reforma tributaria a los intereses de la derecha se replique en otros proyectos, como el prometido en materia de educación. Ello ha provocado que los líderes estudiantiles de la revuelta de 2011 y que ahora son diputados, se movilicen para exigir garantías al gobierno que ello no ocurrirá. Por lo mismo, el martes 15 los diputados Gabriel Boric (Izquierda Autónoma), Giorgio Jackson (Revolución Democrática), Camila Vallejo (PC) y Karol Cariola (PC) se reunieron con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. El diputado Jackson le expresó que los sucesos que han ocurrido en materia tributaria despiertan muchas dudas, no sólo por el fondo sino también por la forma. Y le pidió que la reforma a la educación se sellé de cara a la ciudadanía. Por su parte, la diputada Cariola dio cuenta –a la prensa reunida en el Ministerio de Educación-- que en la cita se alertó a Eyzaguirre respecto de “las distorsiones que se podrían dar en el camino por la presión de aquellos que están trabajando para que en Chile no haya cambios sino más bien se mantenga el statu quo”. Las críticas no sólo han venido desde la izquierda y los movimientos sociales, también desde sectores más bien conservadores. El domingo 13, en columna publicada en El Mercurio titulada “Consensos a la hora del te”, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, expresó su rechazo a la forma en que se generó este acuerdo: “Presentar como un logro cívico un acuerdo alcanzado por el ministro, el subsecretario y el asesor de la minoría, en la casa de este último, mientras mascaban galletas, sin el control ni la presencia de las fuerzas políticas, lejos del escrutinio ciudadano, y sin explicar por qué la mayoría renunció a serlo, es simplemente incomprensible.”