MÉXICO, D.F. (Proceso).- La incipiente democracia mexicana enfrenta una paradoja que inhibe su lento desarrollo: cuenta con una estructura institucional que formalmente la dota de solidez jurídica y, al mismo tiempo, padece serias deficiencias en su operación política derivadas del sistema de partidos. A pesar de sus imperfecciones, el artículo 41 constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la Ley General de Partidos Políticos constituyen indudables avances jurídicos e institucionales que en la realidad política se enfrentan a partidos alejados de lo establecido en la Carta Magna y en los parámetros internacionales de la normalidad democrática, si no es que en franca contradicción con ellos. El reciente registro de tres nuevos institutos políticos obliga a reflexionar sobre el sistema correspondiente, integrado antes por siete organizaciones y que ahora aumenta a 10. No es admisible que los protagonistas indispensables de los procesos electorales representen un obstáculo mayúsculo, en lugar de un estímulo, para mejorar la calidad de la onerosa y mediocre democracia mexicana. Max Weber llama partidos de patronazgo a aquellos que se dirigen de un modo prioritario al logro del poder para el jefe y a la ocupación de los puestos administrativos en beneficio de sus propios cuadros. Su fin primordial es de orden personal: obtener “prebendas, poder y, como consecuencia de ello, honor para sus jefes y secuaces o todo esto a la vez”. Los siete institutos políticos del país actúan como partidos de patronazgo: su interés fundamental es lucrar con el poder que les da el ejercicio del gobierno o la actividad legislativa, por encima del interés general. Sobran datos empíricos para demostrarlo. La cultura del moche o la proclividad a la cooptación a cambio de una retribución pecuniaria o en especie son pruebas irrebatibles de la deleznable (in)cultura política impregnada en todos los partidos. La reciente aprobación de la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones representa un caso paradigmático de corrupción legislativa que condujo al fortalecimiento del oligopolio televisivo. Con sus diferencias, los cuatro partidos pequeños que contendieron en los comicios de 2012 son proyectos nacidos de la audacia personal, familiar o de grupo que han sobrevivido gracias a sus capacidades parasitarias. El Partido Verde adoptó el emblema ecologista con ejemplar desvergüenza y se precia de ser el único partido del mundo con ese nombre, defensor de la pena de muerte. Con el mismo cinismo acoge a la telebancada y ha encontrado su garantía de supervivencia como comparsa del PRI. El Partido del Trabajo (PT) tiene un indeleble estigma de origen: haber sido creado y financiado por Raúl Salinas de Gortari con el fin de dividir a la izquierda. En 1990, el presidente Carlos Salinas escogió a su compañero de la Facultad de Economía de la UNAM, Alberto Anaya, para dirigirlo (Proceso, 10 de junio de 2005), cargo que ha ocupado desde hace más de dos décadas. Ha sobrevivido gracias a su alianza con otros partidos de izquierda. Movimiento Ciudadano, fundado en 1999 con el nombre de Convergencia por la Democracia, ha sido presidido desde entonces por Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz. Al igual que el PT, ha sobrevivido por sus coaliciones con otros partidos de la izquierda fragmentada. El Partido Nueva Alianza (Panal) nace en 2005 a consecuencia de la salida de Elba Esther Gordillo del PRI tras su ruptura con Roberto Madrazo. Obviamente, surge y ha operado gracias al apoyo financiero y a las redes de poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución: “Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. El IFE –entonces presidido por Luis Carlos Ugalde, cercano a la maestra Gordillo– pasó por alto la prohibición constitucional de crear un partido ligado a organizaciones gremiales. A pesar de esa aberrante omisión jurídica y del encarcelamiento de su lideresa, el Panal sigue expandiendo su poder. Los votos del Panal fueron decisivos para la victoria de Felipe Calderón en 2006. Ninguno de esos cuatro partidos ha hecho ninguna aportación importante a la democracia o a la gobernanza del país. Además de onerosa, su existencia ha favorecido la corrupción de la política. En contraste y a pesar de todos sus excesos, abusos y tropelías, PRI, PRD y PAN son partidos legítimamente constituidos que sí han contribuido al desarrollo democrático y a la gobernabilidad de la nación. Así se haya tratado de un acuerdo cupular efímero y en muchos sentidos traicionado, el Pacto por México es una prueba de ello. Las tres grandes organizaciones partidistas con que cuenta México requieren de una revolución ética, pero son las únicas salvables de nuestro desolador sistema de partidos. He hablado de la mediocridad de nuestra democracia. Me referiré ahora al excesivo costo que los ciudadanos pagamos para solventar esa inaceptable medianía que no promete mejorarse con los tres nuevos partidos que, salvo Morena, será difícil que mantengan su registro. Es importante recordar que un mayor número de partidos no equivale a una mayor pluralidad ni a una mejor democracia. “La presencia de un extenso número de grupos identificables, de ninguna manera demuestra la existencia de pluralismo, sino sólo el desarrollo de un estado de articulación o fragmentación” (Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, página 17). El financiamiento público a los partidos políticos en México tiene dos fuentes: la federal, a través de INE, y la de los estados. La primera asciende en 2014 a 3 mil 810 millones de pesos, y la de los estados iba a ser de 2 mil 337 millones. Esta última cifra se les hizo poco a los partidos vivales, por lo que acaban de asignarse mil 300 millones de pesos adicionales, basados en el artículo 51 de la Ley de Partidos que ellos mismos acaban de aprobar. Todo eso suma 7 mil 447 millones de pesos. Mediocres pero no despistados. Dado que ellos hacen y aprueban las leyes, el abuso y el desprestigio crecientes de los partidos políticos sólo podrá ser superado por una ciudadanía crítica y participativa, hoy envuelta en la resignación alimentada por una mezcla de abulia y desencanto. La complacencia es una forma de complicidad.