PUEBLA, Pue. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) insistió en que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo murió a consecuencia de la herida en su cabeza provocada por la “onda expansiva” que se generó por un cohetón lanzado durante el operativo de desalojo en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de julio. Sin embargo, el funcionario reconoció que se llegó a esta conclusión, aún sin tomar en cuenta las versiones de los habitantes del municipio que presenciaron la agresión. En una rueda de prensa que se distinguió por tener un dispositivo inusual de seguridad –se acordonó la zona, se colocó un filtro de registro y se revisaron pertenencias de los reporteros–, el procurador general Víctor Carrancá mostró un video de 12 minutos en el que se observa desde dos ángulos, el enfrentamiento entre habitantes y policías el día en que el niño fue herido. Los reporteros cuestionaron al funcionario por no presentar la grabación sobre el inicio del desalojo que hicieron policías contra los manifestantes que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco. Según los testimonios de heridos y pobladores, fue en ese momento cuando se registraron las agresiones y lesiones. También le preguntaron por qué no confrontaba esta información con el video en el que aparece el niño José Luis cuando acaba de ser herido y las personas que están a su alrededor gritaban molestos a los policías. Carrancá Bourget justificó que sólo se presentaba la riña en la que habitantes y policías se enfrascaron en la parte superior del puente que cruza la autopista y conduce hacia el pueblo de Chalchihuapan, porque fue a esa hora –entre las 14:33 y 14:38 horas–, cuando certificaron que el niño resultó herido. La hora fue establecida, precisó, con base en dictámenes periciales en topografía, tránsito y reconstrucción de los hechos. Además, se tomaron en cuenta tres momentos claves: las horas en que el menor ingresó al Hospital General de Cholula, en que fue atendido por la ambulancia 146 de Suma en el kilómetro 16 de la carretera federal Atlixco-Puebla y cuando se recibió la solicitud de apoyo de los servicios de emergencia. Versiones de las otras personas heridas, así como de autoridades locales tomadas por medios de comunicación, coinciden en que el enfrentamiento arriba del puente fue posterior al operativo de desalojo. Además, aseguran que los policías usaron escopetas para disparar cartuchos de gas directo contra pobladores que estaban a sólo metros de distancia (Proceso 1969). Según esa versión, el video que presentó el titular de la PGJ ocurrió ya cuando los lugareños estaban furiosos pues se enteraron que los policías hirieron al niño y a otros habitantes durante el desalojo. “Desde luego que tenemos la evidencia infográfica de ese primer momento. También ha sido analizado y ha sido parte de los trámites judiciales, no la incluimos el día de hoy porque nos estamos concentrando en las causas que provocaron la lesión al menor y esos hechos ocurren a una hora distinta”, declaró Víctor Carrancá. El funcionario aseguró que, de acuerdo con la infografía presentada en la conferencia, los policías no pudieron herir al niño porque estaban a 127 metros del lugar donde cayó lesionado. Entre las conclusiones de su investigación, la Procuraduría asentó que no existe “evidencia alguna de la utilización de balas de goma o de algún otro objeto de disuasión de similares características que hubieren empleado los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos”. La averiguación previa 468/2014/DMZS incluye 98 dictámenes en medicina forense, criminalística, química forense, topografía, arquitectura, fotografía y video, balística, informática, análisis de voz, comportamiento psicodelictivo, criminología, físico-matemáticas, genética, explosivos e infografía, según la autoridad. El funcionario acusó que los lugareños utilizaron piedras, resorteras, bombas “molotov” y, en particular, cohetones de propulsión de dos tipos, mientras que la Policía Estatal utilizó diversos tipos de dispositivos de agente lacrimógeno conocidos como CN y CS. “Algunos de éstos (fueron) lanzados manualmente y otros (de largo y de corto alcance) arrojados mediante dos tipos específicos de lanzaderas. El lanzador múltiple TL8 y el Lanzador simple TLC1”, reconoció. Aceptó que la Procuraduría de Puebla presentaba estos avances de las investigaciones, sin contar aún con los peritajes que practicaría la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la herida en la cabeza de Tehautlie Tamayo. Cuando se le cuestionó sobre el número de personas a las que se les tomó declaración, el funcionario sólo respondió: “son muchísimas”. Luego, omitió comentarios cuando se le preguntó la razón por la que la Procuraduría llegaba a conclusiones sin los testimonios de los pobladores. Fue un cohetón, insisten El titular de la PGJ, Víctor Carrancá puntualizó que la hipótesis de que el menor fue herido por la onda expansiva que generó un cohetón es ya la única línea de investigación que se mantiene vigente. “Para nosotros está científicamente demostrado que fue un artefacto explosivo, a través de la onda expansiva que provoca, lo que lesionó al menor y lo que causó su muerte. Segundo, los únicos objetos que fueron usados con esas características son los cohetones. Por tanto, hicimos pruebas físicas si esos cohetones pueden provocar una lesión similar y las conclusiones son que sí”, estableció. De acuerdo con la investigación, el menor presentó “edema cerebral hemisférico por contusión temporal y frontal del lado izquierdo, con hematoma subdural agudo, y fronto temporal izquierdo con fractura fronto-parietal ipsilateral y pérdida de tejido óseo local, con desviación de la línea media de 16 milímetros”. El procurador dijo que tuvo desprendimiento de 10 centímetros de hueso. En las diligencias que se realizaron, aseveró que se comprobó la capacidad de daño que pueden provocar los artefactos presuntamente utilizados durante los hechos. “Ninguno de los objetos, a excepción de los cohetones, produjo lesiones similares a una fractura multifragmentaria como la que se describe en los dictámenes médicos e historia clínica del menor, incluyendo, desde luego, las lanzadoras de gas lacrimógeno, tanto de corto como de largo alcance”, acotó. Cuando la prensa mencionó los cuestionamientos de los abogados de la familia de la víctima, en relación a que no había evidencia de pólvora o quemaduras en la lesión del niño, el procurador justificó que habían desaparecido porque el niño fue sometido una operación en la que se le lavó la herida y se le cortó el cabello. También se le preguntó por qué ninguna de las personas que aparecen en el video cerca de la explosión de los cohetones resulta herida con una onda expansiva. El funcionario respondió que era porque esas personas tomaron distancia. Sobre la hipótesis de si se habían confrontado la similitud de las heridas del menor con las que registraron otras personas, el funcionario estatal indicó que sólo tenían conocimiento oficial de dos heridos: Martín Romero y Vicente Tecalero. El primero, con una herida en la quijada y el segundo, en la cabeza. “Uno de ellos rindió declaración respecto a lo que ocurrió el día de los hechos, fue lesionado con un objeto contundente, pensamos que fue con una piedra de las que fueron arrojadas. Sin embargo, él no ha querido proceder, pero sí nos dio cuenta de la causa de la lesión y se ha podido dictaminar y concluir”, dijo. Agregó que en el segundo de los casos, “tenemos perfectamente claro el momento en el que resulta lesionada esa persona, tenemos por supuesto una hipótesis de lo que pudo haber causado la lesión, completamente diferente a la que presenta el menor. Sin embargo, esta persona no quiso declarar”. Ambos habitantes de Chalchihuapan fueron entrevistadas por Proceso (edición 1969) y coincidieron en que fueron heridos por los policías que dispararon cartuchos de gas lacrimógeno directo contra los manifestantes. En la conferencia, el procurador Carrancá Bourget aceptó que con la cronología del asesinato que presentó este día, estaban obligados a revisar la situación de los cuatro habitantes detenidos y aún encarcelados bajo los cargos que incluyen homicidio, pues su aprehensión fue previa al enfrentamiento en el puente. “El resultado que estamos dando a conocer el día de hoy, nos obliga a hacer una revisión de los elementos que teníamos en un primer momento durante la aprehensión en flagrancia de las cuatro personas”, afirmó. Dijo que la PGJ podría ubicar en los videos a las personas que lanzaron los cohetones que supuestamente mataron al niño. Agregó que había elementos para suponer que la agresión fue planeada y que los pobladores estaban listos para responder con los explosivos. Reconoció que quienes participaron en la protesta y estaban en las primeras escenas del desalojo en el que la policía utilizó gases lacrimógenos, “eran otras personas que incluso llevaban niños cargados”. El funcionario fue cuestionado si relacionaba a la diputada federal perredista Roxana Luna y al senador Héctor Bautista con estos hechos, a lo que respondió que la Procuraduría sí planteaba investigar a los autores intelectuales de la supuesta reacción contra el desalojo. Incluso, dijo que pidió a la División Científica de la Policía Federal que emita una opinión sobre si los elementos de la Policía estatal de Puebla cumplieron con los protocolos a seguir en este tipo de desalojo de manifestantes. Víctor Carrancá aseguró que la investigación se hizo bajo la revisión de Rubén Hernández Hernández, director general de Especialidades en la Coordinación de Criminalística de la División Científica de la Policía Federal; Aldo Salazar Téllez, agente del ministerio público del Consejo Mexicano de Medicina Forense; Bernardo Matías Pérez, exagente y exdirector Asistente del FBI. También colaboraron Maroni Pineda, presidente de la Asociación Mexicanos Primero en Puebla; José Manuel Cervantes Jiménez, delegado de la Cruz Roja en la entidad y Consuelo Cristina García Gil, directora de Servicios Médicos de la UDLAP. Sin embargo, la Asociación Mexicanos Primero emitió un boletín para deslindar a esa institución y precisar que la asistencia de Pineda, fue a título personal.