En los reclusorios de Jalisco permanecen encerradas alrededor de 10 mil personas acusadas de robarse un objeto de poco valor comercial, incluidos un refresco o un pan, porque no les alcanza para pagar la fianza o porque son víctimas de errores en sus procesos judiciales. Ante la injusticia de esta situación en un país con altísimo índice de impunidad en los crímenes graves, cada vez son más las voces que claman por un amplio programa que permita liberar a los reos de delitos menores, conocidos como “los olvidados”. GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- En 2006, año dedicado al Benemérito de las Américas por el gobierno federal, el limpiaparabrisas Juan Pablo Cortés Jiménez, radicado en Guadalajara, robó una de las columnas de metal que protegían el monumento a Juárez que está en la plaza de ese nombre, en la calzada Independencia y la avenida 16 de Septiembre, frente al parque Agua Azul. Los policías municipales aprehendieron a Cortés Jiménez, entonces de 18 años, y a otros cuatro jóvenes por ese delito, clasificado como menor. Marco Antonio González Mora, director del Bufete Jurídico de la Universidad de Guadalajara, señala que en la entidad esa clase de ilícitos se incrementó en más de 70% entre 2013 y 2014. A ninguno de los detenidos se le comprobó la flagrancia, por lo que los otros cuatro obtuvieron su libertad. Pero como el juez Mario Hernández Martínez omitió el nombre de Cortés Jiménez en el proceso de liberación, éste permaneció encarcelado siete años, un mes y 11 días. Este es un caso extremo de descuido en la administración y la procuración de la justicia, pero en los últimos dos años, en el estado, seis juzgadores han sido separados de sus cargos por diferentes infracciones. Alfonso Partida Caballero, integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), admite en entrevista que también existen fallas en el trabajo del Ministerio Público, del defensor de oficio y de los responsables de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, perteneciente a la Fiscalía General. En las cárceles jaliscienses hay cerca de 10 mil personas acusadas de delitos menores, como robo de artículos baratos, alimentos (un gansito, unos submarinos, una pieza de pan o un refresco) o por daño a las cosas, y por ello enfrentan procesos penales que se podrían solucionar por intermediación o por la justicia alternativa, señala Partida Caballero. Se les conoce como “los olvidados”. Muchos de ellos, tras el encierro, se convierten en la “primera reserva” de las bandas delictivas cuando alcanzan su libertad, puesto que salen resentidos con la sociedad y ya relacionados con organizaciones delictivas. Por ese motivo, el consejero ciudadano del CJJ enfatiza la urgencia de “despresurizar” el penal de Puente Grande, donde se hacinan más de 16 mil 500 internos (una sobrepoblación de 100%), lo que convierte esa prisión en una fuente de riesgos que en cualquier momento pueden rebasar a las autoridades penitenciarias. A Cortés Jiménez lo acusaron de formar parte de la banda que robó y destruyó los pilares del monumento a Juárez, supuestamente para venderlos en alguna chatarrera. Le ofrecieron 30 pesos por ayudar a cargar y ocultar las piezas de metal, pero todos los implicados fueron detenidos por policías tapatíos. El 17 de mayo de 2006, cuando lo detuvieron, Cortés Jiménez ganaba alrededor de 700 pesos semanales limpiando los vidrios de los automóviles en los cruceros de Guadalajara, como asentó en su declaración ministerial. No tenía casa, ingería bebidas embriagantes, se drogaba con tonsol y ya había estado a disposición de un juez al menos en dos ocasiones, también por delitos menores. Recuperó su libertad el 28 de junio de 2013. El titular del Juzgado Tercero de lo Penal, Hernández Martínez, responsable de la permanencia injustificada de Cortés Jiménez en el penal, fue cesado el 20 de mayo de 2014 porque la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección de Prevención y Readaptación Social se percataron de que el reo no tenía ninguna sentencia en contra ni se le concedía la libertad condicional. Esta grave irregularidad salió a relucir en el sistema de visitas programadas del CJJ a los juzgados. El responsable de la Comisión de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del consejo, Carlos Arias Madrid, rechaza que los 11 meses que pasaron entre la liberación de Cortés Jiménez y el cese del juez Hernández Martínez impliquen un intento de proteger a éste, y aclara que la inspección a los juzgados se realiza periódicamente y así se detectó el error. El monstruo penitenciario Según estadísticas del CJJ, entre 2012 y 2013 se realizaron mil 213 visitas a los juzgados de la entidad para fiscalizar la atención a los procesos, y gracias a ese mecanismo de control, entre 2013 y 2014 se logró sancionar a seis jueces y a varios secretarios, auxiliares de juzgado, notificadores y otros funcionarios. Entre los sancionados se encuentran el exdirigente de la Asociación de Jueces de Jalisco, Miguel Valenzuela, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por haber dejado en libertad a un sujeto acusado de plagio; la juez María Elena Rodríguez, quien acumuló una cantidad récord de amonestaciones; un juez de El Tuito, otro de Lagos de Moreno y uno más de Arandas. La sanción a Hernández Martínez ocurrió casi un año después de que se descubrió su error y la actuación del CJJ fue discreta. Sin embargo, Arias Madrid lo justifica porque nunca se notificó a la Judicatura sobre el asunto, sino que se detectó en las revisiones mencionadas. En otro caso, el 4 de octubre de 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 41/2011, en la que se indicaba que Hernández Martínez mantuvo en la cárcel por más de dos meses y de manera ilegal a una persona acusada de robar una camioneta, sin tomar en cuenta que el supuesto ladrón confeso estaba afectado de sus facultades mentales. Un año más tarde, el CJJ suspendió a dicho juez durante 15 días hábiles sin goce de sueldo por fallas en su labor, de acuerdo con el expediente 2/2012/B. Algunas personas que lo conocen sostienen que en realidad no se fue sancionado, sino que se aprovechó las irregularidades del caso Cortés Jiménez para adelantar su jubilación. Lo cierto es que en el portal de Transparencia del CJJ, en el apartado de nómina, hasta mayo pasado todavía se registra el pago a Hernández Martínez por 54 mil pesos, sin contar las deducciones. Igualmente se informa que en 2013 se acumularon en el consejo 432 quejas de ciudadanos y litigantes sobre el trabajo de los jueces, y se resolvieron 406 de ellas. En lo que va de 2014 la máxima instancia judicial del estado recibió 214 inconformidades, de las que solucionó 124. Consultado sobre el asunto, el maestro Marco Antonio González Mora, coordinador del Bufete Jurídico de la Universidad de Guadalajara, asegura que cada año este organismo atiende cuando menos a mil 200 reos de escasos recursos, quienes no pueden pagar 2 mil 500 de fianza. Indica que cada año, por lo menos 660 acusados de delitos menores consiguen su libertad gracias a la gestión de estudiantes de Derecho de la UdeG (20 prestadores de servicio social y 20 que realizan sus prácticas profesionales) y al apoyo de patrocinadores que pagan la fianza. Y aunque el bufete no tiene un registro del número de reclusos de la cárcel estatal de Puente Grande que están en la misma situación de Juan Pablo Cortés Jiménez, González Mora destaca que es urgente revisar los procesos en vista de las anomalías detectadas, sobre todo porque entre 2013 y 2014 creció en más de 70% el número de desaparecidos por robar artículos de bajo costo y alimentos, o por daño a las cosas. El académico coincide en que urge bajar la presión en el centro penitenciario de Puente Grande, lo que puede conseguirse instaurando el Nuevo Sistema de Justicia Penal para disminuir el número de internos. Al respecto, el consejero Partida Caballero afirma que en el caso de Cortés Jiménez hay condiciones para fincarle responsabilidades a todos los funcionarios judiciales, del Ministerio Público y de la defensoría de oficio que omitieron la atención jurídica requerida. Más allá del agravio al joven, recalca, cada preso le cuesta al erario 270 pesos al día, lo que suma 98 mil 500 pesos por año. El gobierno estatal invierte mil 600 millones para el funcionamiento del complejo penitenciario de Puente Grande (Preventivo, Sentenciados y Sección Femenil), es decir, 400 millones de pesos más que el presupuesto asignado este año al Poder Judicial (mil 200 millones). Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, insiste, se busca que Jalisco reduzca en más de 50% su población penitenciaria. “En la actualidad prevalece la noción de castigo con prisión a pesar de que el delincuente cometa un delito menor –explica el consejero–; esa visión del populismo carcelero, de querer meter a todo mundo al penal, es un asunto impulsado por políticos y diputados desde las pasadas administraciones, emanadas del PAN, y que hasta ahora se mantiene con el gobierno del PRI. Quisieron resolver todo con prisión, hasta la muerte de un animal, y el Estado no puede prestarse a ese tipo de excesos. Hay muchos hechos delictivos menores que deben resolverse por la vía de justicia alternativa.” Sobre el caso concreto de Cortés Jiménez, Partida Caballero indica: “Se trata de una responsabilidad compartida entre el juez que atendió el proceso, el Ministerio Público, el defensor de oficio y hasta de las autoridades del reclusorio”. Patología social Francisco Gutiérrez Rodríguez, experto en asuntos de intervención en crisis y académico de la UdeG, también está convencido de que “se debe consolidar el proceso de justicia alternativa, de intermediación y búsqueda de reparación del daño en forma rápida, a fin de reintegrar a la sociedad a personas a las que se les compruebe que no han cometido delitos graves o de alto impacto”. Indica que muchos de esos internos viven con el sentimiento de injusticia, que se transforma en enojo y hasta odio a las instituciones, e incluso contra la familia, pues se consideran presos olvidados: “Enfrentan una profunda frustración y se ven obligados a manejar sus impulsos agresivos de manera inadecuada”. En esta situación, detalla, “se da un proceso de duelo a partir de la privación de la libertad, y eso se describe con reacciones físicas o psicológicas y puede transformarse en patologías, ante una pérdida que en este caso no es de un ser querido, sino de la libertad”. El estado psicológico del interno se altera en el penal: “Hay una cultura de la violencia en esas instituciones que obligan al interno a integrarse o a enfrentarse con los grupos de poder. Cualquier beneficio o privilegio tiene un costo marcado, que puede ser afectivo, conductual o monetario, y entonces el preso debe pensar en las formas de defenderse de los distintos tipos de personalidades a las que se enfrenta”. De igual forma, continúa, el preso ve afectadas sus relaciones familiares porque “los propios parientes pueden llegar al extremo de culpabilizar al reo o dudar de su inocencia (…) También cuenta la existencia de la visita conyugal o la de sus familiares. En muchas ocasiones el manejo de todos esos factores o el olvido de esas personas da como resultado que cuando quedan libres y salen a la calle, ya van con una actitud de revancha y de venganza contra la sociedad o la familia”, sobre todo en aquellos casos en que la pena de cárcel fue injusta. Por ello, “es posible que los presos que estaban casados enfrenten procesos de divorcio y de desintegración familiar”. La situación puede empeorar porque “no existe un adecuado sistema de clasificación de internos, y cuando alguien llega a la cárcel por un delito menor, en la prisión va perfeccionando las conductas ilícitas o se expone a personalidades antisociales, y en medio de todo ello el problema es que existe una impunidad, con relación al castigo de los crímenes, de más de 90%”. El golpe final para un preso con amplias perspectivas de salir libre es que puede perder sus posesiones, ya que muchas familias tienen que vender terrenos, la casa o el auto para sobrevivir y pagar los artículos que compra el reo en el penal.