Pide la CIDH al gobierno reporte sobre medidas de protección a tribu yaqui

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto un informe sobre las medidas de protección al pueblo yaqui por la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora.

Además, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos  (OEA) pidió una explicación por el incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) que ordenó la realización de una consulta libre e informada sobre el megaproyecto.

El pasado 23 de julio, el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna, informó que la CIDH hizo llegar una comunicación formal al Estado mexicano en la que le solicita información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la tribu yaqui “para salvaguardar su supervivencia cultural, que se encuentra en riesgo por la operación del Acueducto Independencia y la inejecución de la sentencia de la SCJN del 8 de mayo de 2013”.

A partir de la fecha de notificación, agregó el dirigente indígena, el Estado mexicano tendría siete días para dar cuenta de la construcción y operación del Acueducto, de las medidas tomadas para cumplir con la sentencia y de “las medidas adoptadas para garantizar la salud y alimentación de los integrantes de la tribu yaqui”.

El fallo de la SCJN dejó sin efecto la autorización que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al estudio de impacto ambiental para la construcción y operación del Acueducto, y ordenó que se repusiera el procedimiento con un proceso de consulta previo, libre e informado a la tribu yaqui, que debió realizarse porque se trata de un proyecto que podría impactar en la propiedad, derechos y recursos naturales de las comunidades indígenas.

En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas reconoció en un tratado de paz el territorio, gobierno y leyes internas de la tribu yaqui, que incluye el derecho a la explotación anual de mil 250 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui, cantidad de líquido que año con año se ha reducido por el trasvase a la presa La Angustura y los escurrimientos de las cuencas de la región.

En vísperas de que arribe a la Ciudad de México una caravana de yaquis provenientes de Sonora, para exigir el cumplimiento de la sentencia, el dirigente indígena consideró que el comunicado de la CIDH da una nueva oportunidad al Estado mexicano para que acate el ordenamiento y se apegue a  la legalidad “garantizando los derechos humanos, el principio de persona y el cumplimiento con la legislación ambiental, todo lo cual se debe traducir en la suspensión del Acueducto Independencia”.

Mario Luna recordó que la obra fue “licitada, construida y está en operación sin haber respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpirla”.

La tribu yaqui recurrió a la CIDH en diciembre de 2010, luego de haber agotado las instancias legales para impedir la construcción del Acueducto Independencia.

Luego de señalar que dos suspensiones están vigentes, Luna se quejó de la operación irregular del Acueducto, pese a los recursos legales que ganó la tribu yaqui, sin considerar que “se está ocasionando un daño irreversible a nuestro pueblo, pues están extrayendo el agua que requerimos para nuestra sobrevivencia”, sostuvo.

El vocero indígena acusó al gobierno de Guillermo Padrés Elías de alentar “el encono hacia la tribu yaqui a través de una campaña de desinformación, en donde se difunden mensajes falsos, engañosos y de mala fe, cuyo objetivo es crear un ánimo hostil de los pobladores de Hermosillo hacia nuestro pueblo”.

La caravana de la tribu yaqui arribará al Distrito Federal el próximo viernes 8, con el objetivo de reunirse con autoridades federales para demandar el cumplimiento de la sentencia 631/2012 de la SCJN.

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