MÉXICO, D.F. (apro).- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, será llamado a comparecer ante el Senado a propósito de las denuncias por abusos cometidos por sus agentes en estaciones migratorias, adelantó la perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En rueda de prensa donde presentó el informe sobre el INM realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la legisladora perredista anunció que en la próxima sesión del Senado del martes 12 se someterá a votación del pleno un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Vargas Fosado. “No solamente será llamado a una comparecencia por la Comisión de Derechos Humanos; además, participarán otras comisiones para realizar un trabajo horizontal con el fin de cambiar la orientación del INM para que anteponga los derechos humanos a la seguridad nacional”, advirtió De la Peña Gómez. Después de las denuncias de migrantes centroamericanos por abusos cometidos por agentes migratorios, la senadora resaltó la urgencia de realizar reformas legislativas para “modificar el enfoque del INM, para que no se fundamente en la seguridad y la persecución ni en actitudes punitivas, sino que anteponga el enfoque de derechos humanos”. La legisladora resaltó que las modificaciones tienen que considerar que detrás de la migración “no hay solamente una motivación derivada de buscar mejores condiciones de vida, de trabajo, pues lo que moviliza la migración hacia Estados Unidos ya no es solamente el problema derivado de la necesidad de reunificar familias, sino también, por desgracia, es el desplazamiento de las familias que huyen de la violencia de sus regiones, de sus colonias, de sus pueblos o municipios”. También señaló que el fenómeno del éxodo ante la violencia no solamente ocurre en Centroamérica, sino que se ha detectado en entidades como Tampico, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Durango, Veracruz y Nuevo León. “Las familias están saliendo del país huyendo de las bandas delictivas que se dedican a cobrar derecho de piso, sobre todo a los empresarios”, acotó. Es una situación similar a la que ocurre en países de Centroamérica y de ahí la urgencia a cambiar el enfoque del tratamiento a los migrantes, apuntó. Angélica de la Peña consideró que era “comprensible” la persistencia de abusos cometidos contra migrantes sin documentos por parte de agentes del INM, debido a que “se trata de funcionarios que no conocen el tema, que están ahí por razones de relaciones políticas, lo que agudiza el problema y perpetúa la impunidad”. Sonja Wolf, investigadora del Insyde, destacó que “a pesar de las modificaciones legislativas, la institución no ha cambiado”, tanto así que los últimos 15 comisionados han tenido un perfil policiaco. La política de seguridad nacional por encima de la de derechos humanos, apuntó Wolf, va más allá del propio perfil del actual comisionado Vargas Fosado, exdiputado federal por el PRI, exfuncionario de la Policía Federal Preventiva y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Al resaltar que la mayor parte de los delegados del INM tienen sus orígenes en esas dos instituciones, Wolf subrayó que la investigación realizada por Insyde demostró que por abusos cometidos por funcionarios de esa dependencia, éstos “son obligados a renunciar, pero los hechos relacionados con violaciones a derechos humanos, e incluso con delitos, quedan en la impunidad”. A través de la investigación que ella coordinó, apuntó, se identificó a 2 mil funcionarios sancionados, “pero la mayoría de los casos tiene que ver con asuntos internos y muy pocos por violaciones a derechos humanos”. Sonja Wolf consideró que en esta administración ha habido un cambio de discurso cuando se habla de “rescate de migrantes”, pero “no tiene que ver con la realidad del INM, porque el trato sigue siendo el mismo”. La especialista destacó que la ausencia de monitoreo y supervisión por parte de instituciones sobre la actuación del INM ha derivado en la recurrencia de los abusos contra los migrantes. Además, criticó sobre todo la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que “no ha documentado de forma adecuada los abusos para formular quejas que a su vez se conviertan en informes o recomendaciones”. Y mientras el órgano que encabeza Raúl Plascencia no ha atendido adecuadamente a los migrantes, denunció, “las comisiones estatales de derechos humanos no están documentado los casos porque consideran que la migración es un tema federal, y por tanto de competencia de la CNDH, pero además las organizaciones civiles tienen graves obstáculos para ingresar a las estaciones y apoyar a los migrantes que sufren abusos”. Sonja Wolf insistió en la urgencia de llevar a cabo un “cambio estructural” del INM, que incluya un reclutamiento de personal con perfil adecuado para tratar con migrantes; la formación permanente del personal, y una supervisión en los sitios de trabajo; mayor transparencia, así como un monitoreo externo de organizaciones civiles.