Organizaciones exigen a Peña no promulgar leyes secundarias de la reforma energética

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales y campesinas de 10 entidades del país exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que se abstenga de promulgar las leyes secundarias de la reforma energética y al Congreso de la Unión “establecer mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas”, en apego a los tratados internacionales.

En un comunicado, 24 colectivos y organizaciones de Guerrero, Chiapas, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal se pronunciaron en contra de “más de 20 cambios normativos, incluyendo ocho nuevas leyes, que abre la puerta para el despojo del campo y que pone en  riesgo los territorios indígenas”.

Al señalar que en la aprobación de estas leyes los miembros del Poder Legislativo han “violentado sus propios órganos internos”, las organizaciones consideraron que la reforma energética, aprobada recientemente por el Senado, y la Ley de Hidrocarburos vulneran la propiedad de la tierra.

Sostienen que la Ley de Hidrocarburos en particular “expone a los núcleos agrarios a que sus territorios sean expropiados en los hechos bajo el disfraz de las ‘ocupaciones temporales’, incentivando esquemas de relación con actores económicos que no garantizan condiciones de equidad para las y los campesinos”.

Tras debatir las reformas en el foro “Derecho agrario para la defensa de la tierra y el territorio”, realizado en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, las organizaciones firmantes –entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)– concluyeron que dicha ley “regula indebidamente el derecho a la consulta, para establecer un procedimiento de consulta simulada”, ajena al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los participantes del foro advirtieron que el llamado “fracking”, una técnica de explotación de hidrocarburos contenida en la ley, “impactará nocivamente el medio ambiente y el tejido social, de una manera nunca antes vista”.

El documento –también firmado por Altepetl Nahuas de la Montaña de Guerrero, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” y el Centro de Derechos Indígenas de Chilón, Chiapas– alertó que la ofensiva contra el campo puede agravarse con la probable discusión de iniciativas como la propuesta de Ley Agraria impulsada por Felipe Calderón al final de su sexenio, “respecto de la cual no se ha deslindado la actual administración de Enrique Peña nieto, que –por el contrario– no ha dejado de aludir a una inminente reforma del campo”.

Las organizaciones consideraron también como una amenaza la iniciativa de ley para impulsar el Programa Nacional de Infraestructura,  “con la que se pretende acotar el derecho de los núcleos agrarios a acudir al amparo para defenderse” y se califica a megaproyectos  como de “utilidad pública”, aun cuando “estos sean social y ambientalmente inviables como ocurre con las presas La Parota, Paso de la Reyna y El Zapotillo”.

Por tal motivo, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto “que se abstenga de publicar los ordenamientos que componen la reforma energética”, una vez que se aprobaron las leyes secundarias en el Senado.

Asimismo, llamaron a los legisladores federales “a establecer mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país, con base en tratados internacionales firmados por México, especialmente el Convenio 169 de la OIT.

Ante lo que llamaron “una amenaza sin precedentes sobre la propiedad social de las tierras”,  las organizaciones como el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Colectivo Apícola de los Chenes de Campeche, el Colectivo de Defensa de los Territorios de Oaxaca, exhortaron a demás organizaciones campesinas a alentar realización de asambleas comunales y ejidales en defensa de la tierra.

Para los participantes en el foro “la tradición de resistencia de los pueblos, su vinculación con organizaciones civiles que les pueden allegar la información que los gobiernos ocultan, su arraigo a la tierra como madre dadora de vida, y sobre todo, su tejido comunitario y su presencia territorial, representa algunos bastiones de defensa de la vida campesina que no cesarán  de articularse para la defensa de la tierra”.

El comunicado también signado Red Género y medio ambiente, Vía Orgánica, Indignación de Yucatán, Colectivo de Radio Hijos de la Tierra, Colectivo Hoja Verde y las hermanas del Divino Pastor del Distrito Federal, resaltó que las reformas reciente mente aprobadas no son leyes aisladas, “sino una política integral que busca acabar con la propiedad social de la tierra”, de ahí que reivindican el sentido originario del artículo 27 Constitucional, “producto de cruentas lucha agrarias, así como el derecho a la consulta previa libre e informada, y sobre todo, el derecho a la  tierra y el territorio reconocidos en tratados internacionales que México ha ratificado”.

Los firmantes hicieron un llamado a la unidad de comunidades y pueblos indígenas y agrarios con organizaciones sociales, sindicatos, académicos, estudiantes, centros de derechos humanos y a la comunidad internacional para “impulsar acciones conjuntas en defensa de la tierra y el territorio”.

El documento también fue firmado por el Comisariado de Bienes Comunales y Comité por la Defensa de Integridad Cultural y Territorial de magdalena Titipac, Oaxaca; Comité Autónomo Comunitario del Agua de San Pablo Tecalco, de Estado de México; Comunidad Agraria de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; Comunidad Indígena San Juan Hitzontla, Michoacán; Consejo de Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio, Guerrero; Honorable Casa Nacional del Estudiante; y  La vida, Veracruz Mujer y Medio Ambiente.

 

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