MEXICO, D.F. (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama en tribunales a la empresa de autotransporte Turimex, una de las más grandes de México, el pago de una multa de 3 millones 360 mil dólares por el intento de dos de sus choferes de ingresar cocaína en territorio estadunidense. El gobierno estadunidense presentó el pasado 16 de julio la querella 7:14-cv-622, a la cual Apro tuvo acceso, ante la Corte del Distrito Sur de Texas para materializar el cobro de esa penalización, luego de que no fructificara un proceso de cinco años de tratativas con la corporación para resolver la disputa. “Al fallar en prevenir y/o permitir, por negligencia u otra razón, el tráfico de drogas no declaradas en su vehículo por parte sus empleados, Turimex es responsable y debe asumir la multa monetaria demandada”, cita el pliego de seis páginas de extensión, firmado por el fiscal de distrito Kenneth Magidson. Agentes de la Oficina estadunidense de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a dos choferes de Turimex el 17 de julio de 2009 cuando trataban de contrabandear 93 kilogramos de cocaína a través del puesto fronterizo de Hidalgo, en Texas. Los conductores habían ocultado el cargamento en compartimientos ubicados en la entrada del autobús y en el asiento del piloto. Turimex pidió el 14 de septiembre de 2009 quedar exonerado de la multa. Argumentó que no sabía del contrabando realizado por los choferes. El 9 de marzo de 2010, CBP resolvió que Turimex había actuado con negligencia y, por lo tanto, era responsable de la multa. Sin embargo, esa agencia estadunidense ofreció a la compañía la opción de pagar una suma mitigada de 15% del monto original. La empresa no efectuó ningún pago y, en cambio, entregó el 7 de mayo de 2010 una petición adicional de perdón. CBP concluyó nuevamente el 8 de noviembre de 2011 que Turimex había actuado con negligencia y que era responsable de la penalización. Turimex es filial del Grupo Senda, la compañía de autotransporte cuyas rutas cubren 13 estados mexicanos y 30 urbes estadunidenses y que dirige Jaime Rodríguez Silva. Grupo Senda fue fundado hace más de 80 años y su filial ofrece el servicio entre los dos países desde 1993. Anualmente, mueve a 23 millones de pasajeros, según su página web. Entre sus líneas terrestres figuran Ave, Transportes del Norte, Transportes del Norte Diamante, Turimex Internacional, Coahuilenses, Tamaulipas y Sendor. Además, ofrece también los servicios de transporte de personal y estudiantes, turistas y paquetería y mensajería. La Ley de Tarifas de 1930 ofrece una salida para incumplir la declaración de drogas ilegales al ingresar a Estados Unidos. Pero el gobierno estadunidense arguye que esa excepción sólo aplica a capitanes y propietarios de embarcaciones. Luego de que el gobierno penalizó a la empresa con 3 millones 360 mil dólares por la cocaína, a razón de mil dólares por onza, la corporación argumentó que no era responsable pues no sabía del contrabando. Las autoridades estadunidenses sólo accedieron a reducir la pena de 15% al 10% del monto original. Debido a que la empresa se negó a pagar la penalización, el gobierno se querelló en su contra. Como lo había hecho previamente, CBP ofreció a la compañía el desembolso con una rebaja de 10% de la cantidad inicial. El 15 de diciembre de 2011, la agencia le advirtió que el incumplimiento del pago derivaría en una acción para cobrar la suma total de la multa. “Si, entre otros requisitos, ni el capitán ni el dueño de la nave sabían o no podrían haber sabido, mediante el más alto grado de cuidado y diligencia, que tal contrabando se encontraba a bordo, entonces se puede evitar una multa”, refiere la querella. El Departamento de Justicia sostiene que Turimex no tiene derecho a la aplicación de esta excepción, porque la ley estipula que sólo aplica a barcos, no a vehículos. Reincidencia Turimex ha enfrentado otro litigio con el gobierno de Estados Unidos. El 25 de febrero de 2013 Transportes Del Norte, Grupo Senda y Turimex se querellaron en la Corte del Distrito Sur de Texas en contra del Departamento de Seguridad Interior, debido al decomiso de una unidad que transportaba un kilogramo 270 gramos de cristal de metanfetaminas. Agentes de BCP detuvieron el 19 de noviembre de 2011 a Humberto Lucio Hernández, chofer del autobús, cuando tramitaba su ingreso por la aduana de Lincoln, Laredo, por la posesión de la droga, oculta en su equipaje. El 22 de diciembre de ese año, CBP y la Oficina de Multas, Penalizaciones y Decomisos comunicó la medida a la empresa, la cual ese mismo día presentó una petición judicial para la liberación del vehículo. El 31 de julio de 2012 la compañía pagó 3 mil dólares por el trámite de entrega de la unidad. Pero el 4 de septiembre de ese mismo año, el gobierno le comunicó que el desembolso ocurrió a destiempo y denegó la liberación del camión, que quedó formalmente decomisado el 19 de febrero de 2012. En enero de 2013, la unidad fue subastada por 29 mil 950 dólares. En el documento 7:13-cv-00087, suscrito por el abogado Óscar Vega, de Pharr, Texas, los acusadores esgrimieron que CBP no tenía derecho a la incautación, por lo cual el autobús debía ser devuelto a sus propietarios. Pero el 12 de noviembre de 2013 el juez Ricardo H. Hinojosa le dio la razón al gobierno estadunidense y denegó la solicitud de las empresas transportistas. No es el primer caso en el cual compañías de transporte se ven envueltas en el narcotráfico. CBP descubrió en 42 ocasiones cargamentos de mariguana y cocaína ocultos en trenes de Union Pacific Railroad (UP) procedentes de México, en inspecciones aduanales en Caléxico, California, Nogales, Arizona, y Brownsville, Texas (Proceso 1662). Por ello, la agencia impuso multas por 37 millones 700 mil dólares a esa corporación, subsidiaria de Union Pacific Corporation, una de las empresas de transporte más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, en diciembre de 2013 la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito resolvió que CBP no podía aplicar esos cargos a la ferroviaria, por lo cual los canceló. En agosto de 2011, UP acordó con CBP invertir 50 millones de dólares para mejorar sus sistemas de seguridad fronterizos.