Con plantón, centrales campesinas repudian la reforma energética

MÉXICO, D.F. (apro).- Campesinos agrupados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento de Liberación Nacional (CNPA-MLN) y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) iniciaron un plantón indefinido afuera de las instalaciones de las secretarías de Gobernación y de Agricultura, en repudio a la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética y por la ausencia de atención a proyectos productivos a pequeños agricultores.

Francisco Yasser Chew Plascencia, miembro de la Comisión Ejecutiva de la CNPA-MLN, informó que desde el lunes 11, de manera conjunta con la UNTA, realizan una jornada nacional de lucha.

El plantón  indefinido, detalló, se instaló desde las primeras horas de la mañana de este martes 12, afuera de las instalaciones de la Sagarpa, en repudio a la promulgación presidencial de las leyes secundarias de la reforma energética.

“Nuestras organizaciones exigen que la Sagarpa atienda las demandas de orden productivo y social, debido a que existe inequidad en la distribución de los casi 86 mil millones de pesos que maneja la dependencia, recursos que en su mayoría van a parar a productores de altos ingresos y a las empresas monopólicas del sector agroalimentario”, agregó.

También señaló que más de 5 mil campesinos de estas dos organizaciones estarán indefinidamente en las oficinas centrales de la Sagarpa, cabeza del sector agropecuario, y que en paralelo se realizan protestas en las delegaciones estatales y regionales de la dependencia federal.

Francisco Yasser Chew y Álvaro López Ríos, dirigentes de la CNPA-MLN y de la UNTA, respectivamente, demandaron la instalación de una mesa de trabajo encabezada por el titular de la dependencia, Enrique Martínez y Martínez, con carácter resolutivo, en tanto se mantendrá el plantón en esas oficinas.

Apenas el martes 5, José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), afín al PRD, hizo un llamado para que una vez que las leyes que conforman la reforma energética se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los 33 mil núcleos agrarios existentes en el país interpongan un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esa propuesta coincidió Javier López Macías, de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (UNIMOS): “La ley energética y su ley secundaria de hidrocarburos violentan el artículo 1º, 14, 16 y 27 del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Internacional con la Organización Internacional del Trabajo número 169. En su conjunto, tratan sobre los derechos humanos, el derecho a la propiedad y el derecho a ser consultados”.

En entrevista con Proceso, en la edición 1971 que circula esta semana, Álvaro López Ríos puso en duda el éxito de esa estrategia legal, pues “tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial funcionan en sintonía, corresponden a los mismos intereses, y no creo que pueda haber independencia de poderes, ni que el Poder Judicial pueda dar entrada en un mecanismo de juicio de garantías a los propietarios de tierra que quieran proteger por esa vía sus derechos”.

Sin embargo, como un último recurso considera que es viable agotar ese camino, “aunque no creo que el Poder Judicial se sustraiga de la hegemonía que hoy impone el presidente Enrique Peña Nieto y los intereses que representa el Estado en su conjunto. Ni la sumisión que ha asumido en relación con el capital trasnacional y los intereses que hoy representan como para que dieran oportunidad a que se litigaran los juicios de garantías”.

No obstante, planteó: “Lo que tenemos que hacer es que los dueños de la tierra se preparen y se organicen en Comités de Defensa de la Tierra del país, no permitir que se apropien del patrimonio que tanto le ha costado conseguir a los mexicanos que viven en el campo”.

Y explicó cómo será la defensa: “Con lo que se puede y se tiene a la mano. Hasta dónde se llegará, no sé. Lo que sé es que en este país el problema de la tierra ha sido detonante de violencia y de revoluciones”.

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