PUEBLA, Pue., (apro).- Integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social advirtieron que la imparcialidad e independencia del ombudsman nacional Raúl Plascencia, en el caso Chalchihuapan, está en tela de duda luego de que avaló la llamada ley bala, marco legal habilitó el uso de la fuerza letal en el operativo de desalojo contra esa comunidad. Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, y Simón Hernández León, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, advirtieron que el presidente de la CNDH se ha manejado en la total incongruencia en este caso. “Tenemos que tener claro que el operativo realizado en Chalchihuapan el 9 de julio fue habilitado por la propia ley bala que el mismo ombudsman avaló”, denunció Maldonado. Además, recordó que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que conforman más de 10 organizaciones, solicitó formalmente al titular de la CNDH que interpusiera acciones de inconstitucionalidad por las leyes antiprotestas de Quintana Roo, Chiapas y la de Puebla. “Hasta que no interpusimos amparos por la falta de respuesta, nos envió un oficio de una cuartilla en donde señala que la ley es totalmente constitucional, sin explicar las razones”, apuntó. “Es hasta ahora que (Raúl Plascencia) vino a Puebla que nos estamos enterando que considera que esa ley es una copia de los estándares que establece la ONU, lo cual es una total falacia”. Ambos representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos indicaron que en principio la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza sí habilita el uso de las armas no letales, que ya se vio que pueden producir heridas o incluso muerte. Asimismo, que prevé disposiciones que permiten armas largas en operativos policiacos bajo medidas de excepción y discrecionales, las cuales quedan a criterio de un mando policiaco. Hernández León recordó que cuando la ley fue presentada por el gobierno de Puebla, en una comparecencia en el Senado, Plascencia Villanueva anunció que estaban valorando la interposición de las acciones de inconstitucionalidad contra ese marco legal. Sin embargo, el día siguiente de la promulgación de esa controvertida ley, Plascencia Villanueva estuvo en Puebla acompañado del gobernador para recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Puebla, así como la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real de la ciudad. En esa ocasión, el ombudsman evitó pronunciarse sobre la legislación, pese al escándalo internacional que había generado su aprobación en el Congreso local. Posteriormente, en oficios dirigidos al Congreso de la Unión, Plascencia sostuvo que la ley bala era constitucional y que no vulneraba derechos humanos. León dijo que esta defensa de la ley bala deja a Plascencia en la total incongruencia. “Ellos (la CNDH) están haciendo una investigación por violaciones graves a derechos humanos en el contexto del operativo que se llevó en San Bernardino Chalchihuapan lo cual representa no sólo una incongruencia, sino una posición que compromete la propia imparcialidad e independencia de esta investigación y la propia credibilidad del ombudsman, quien ha privilegiado una agenda más política que el mandato específico que tiene de proteger los derechos humanos”, acusó León. “Nos preocupa que él haya avalado el marco jurídico que habilitó el uso de la fuerza letal en este operativo”, indicó a su vez Maldonado, quien agregó que “es muy cuestionable la imparcialidad y la independencia” del ombudsman en estas investigaciones. Además, consideró que lo que garantizaría una investigación imparcial, apegada a protocolos científicos, sería que vinieran expertos de organismos independientes internacionales a llevarlos a cabo. Para recobrar credibilidad, señaló que Plascencia está obligado a presentar dictámenes con metodologías claras y con protocolos de investigación plenamente definidos que no dejen lugar a dudas de su desempeño.