LONDRES (apro).- Diego García, un paradisíaco atolón tropical ubicado en la parte central del Océano Indico y la única de las 65 islas habitadas de ese archipiélago, es uno los territorios británicos de ultramar de mayor belleza natural e importancia ecológica. Rodeado por espectaculares arrecifes de coral, playas de arena blanca, palmeras y vegetación protegida, y visitado anualmente por algunas de las aves migratorias más coloridas del planeta, ese territorio era hasta hace algunas décadas un verdadero paraíso terrenal. Sin embargo, el sitio fue escenario de una de las historias más trágicas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por Gran Bretaña. Impulsado por iniciativa del gobierno británico de Harold Wilson y en medio de la Guerra Fría, entre 1968 y 1973, Londres decidió expulsar forzosamente a toda la población indígena de esa isla --por entonces unos 2 mil habitantes, que terminaron refugiándose en Mauricio y las Islas Seychelles--, para que se instalara allí una base militar estadounidense, también llamada Facilidad de Apoyo naval de la US Navy. La situación en el atolón empeoró incluso más después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, cuando tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Gran Bretaña lanzaron su llamada “guerra contra el terrorismo internacional”. “Tortura por proxy” Fue desde ese mismo atolón que el gobierno estadunidense --que irónicamente bautizó la base militar con el nombre de Campo Justicia-- lanzó ataques aéreos contra objetivos estratégicos en Irak y Afganistán. La isla fue utilizada además como base de operaciones y recarga de combustible para los llamados “programas de rendición extraordinaria”, los procedimientos extra-legales mediante los cuales los sospechosos de terrorismo eran enviados a otros países diferentes de Estados Unidos o el Reino Unido para ser encarcelados e interrogados. Grupos defensores de derechos civiles y humanos han acusado en reiteradas ocasiones a la CIA estadunidense y al MI6 británico de entregar sospechosos a otros países con el objetivo de evitar las leyes estadunidenses que prohíben la tortura, llevando a cabo una práctica considerada de tortura por proxy. Lo cierto es que un informe confidencial dado a conocer el pasado 16 de agosto por el semanario británico The Observer reveló que el gobierno de Gran Bretaña puso presión para esconder su participación en el programa de torturas e interrogatorios de la CIA en la base militar de Diego García. El documento secreto, de tres páginas, fue obtenido tras un pedido ante la ley de libertad de información del Reino Unido, y reveló que entre 2012 y 2014 el embajador británico en Estados Unidos, Peter Westmacott, se reunió en 11 ocasiones con integrantes del Comité selecto del Senado sobre Inteligencia, justamente cuando el grupo investigaba el programa de rendición extraordinaria de la CIA. Westmacott, que entre 2002 y 2006 fue embajador británico en Turquía, y entre 2007 y 2012 en Francia, se reunió dos veces con la presidenta de ese comité del Senado norteamericano, Diane Feinstein. Encuentros a puerta cerrada que ocurrieron cuando decisiones cruciales eran tomadas en relación a cuánto material del reporte debía hacerse público. El informe reveló que el embajador nacido en 1950 se entrevistó en secreto con Feinstein el 29 de abril y el 2 de mayo de este año, con el senador Martin Heinrich el 16 de julio, y con el senador Marco Rubio el 26 de marzo de 2014. Las fechas de esos encuentros confidenciales son muy significativas, ya que el pasado 3 de abril el Comité del Senado votó para desclasificar el sumario y las conclusiones de su reporte, ganando la votación con 11 votos a favor y tres en contra. Rubio fue uno de los senadores que votó en contra. A mediados de abril también se publicó una serie de reportes muy críticos en varios periódicos internacionales, incluidos The New York Times, The Washington Post y The Guardian, relacionados con las actividades militares de Estados Unidos en Diego García y el programa de rendición extraordinaria de la CIA. El año pasado Westmacott se reunió con Rubio el 1 de febrero y el 10 de abril, con el senador Saxby Chambliss el 20 de noviembre de 2012, con el senador Mark Warner el 11 de enero de 2013, con la senadora Susan Collins el 16 y 25 de julio de 2012, y con el senador Jay Rockefeller --en ese entonces presidente de ese Comité-- el 28 de junio de 2012. Según The Observer, entre 2009 y 2011 hubo al menos 11 encuentros entre el por entonces embajador británico en Estados Unidos, Nigel Sheinwald, e integrantes del Comité del Senado norteamericano, que comenzaron poco después que dicho Comité votara por una mayoría de 14-1 para investigar los programas de rendición extraordinaria. Las revelaciones dieron cuenta de cómo Gran Bretaña trató de presionar para que ciertas partes del reporte sobre Diego García quedaran fuera del informe final, especialmente aquellas que perjudicaban la imagen internacional del gobierno británico. Estados Unidos y Gran Bretaña han admitido que el atolón sólo sirvió en dos oportunidades para que aviones militares que transportaban a sospechosos de terrorismo pudieran cargar combustible en dirección a terceros países. Sin embargo, los críticos --entre ellos los grupos Reprieve, Liberty y Amnistía Internacional-- sostienen que ese territorio británico de ultramar habría sido utilizado en múltiples oportunidades para el programa de rendición extraordinaria de Washington y Londres. La publicación del reporte del Senado sobre torturas y el programa de rendición extraordinaria fue demorado luego que los demócratas criticaran una supuesta "redacción excesiva" por parte de la CIA. Fuentes cercanas al Comité indicaron a The Observer que la agencia de Inteligencia estadunidense vetó más de 15% del contenido de la información, especialmente la más reveladora en cuanto a prácticas ilegales. El excanciller británico William Hague confirmó en una carta enviada el pasado 1 de agosto al grupo defensor de derechos humanos Reprieve que el gobierno de Gran Bretaña discutió el contenido del reporte del Senado con las autoridades de Estados Unidos. "Buscamos garantías por evidencia británica en caso de que información provista por el Reino Unido al Comité del Senado salga a la luz", explicó Hague. Vergüenza En julio de 2009, Reprieve identificó a un hombre detenido en secreto por supuestos vínculos terroristas que pasó por Diego García, como el exprisionero de la cárcel de Guantánamo Mohammed Saad Iqbal Madni. Desde entonces, la ONG también logró identificar a Abdul Hakim Belhadj y a Sami al-Saadi, dos oponentes del coronel libio Muamar el Gadafi, quienes fueron secuestrados junto con sus familias por parte de agentes estadunidenses, con la plena complicidad de Gran Bretaña, y transportados a terceros países a través de Diego García. "Esta es una nueva evidencia sobre los intentos desesperados hechos por Gran Bretaña para censurar el reporte del Senado por los programas de tortura de la CIA", declaró la directora ejecutiva de Reprieve, Clare Algar. "Ya sabíamos que nuestro gobierno estaba implicado hasta la cabeza en los programas de tortura y rendición extraordinaria de la CIA, algo que hace mucho más probable que el reporte del Senado contenga información que los avergüence profundamente. Pero la vergüenza no puede justificar que se suprima la verdad. Los ministros deben cambiar el curso de acción y apoyar la publicación de este reporte crucial de la forma más abierta y transparente", indicó la experta. En caso de confirmarse oficialmente que el territorio británico de Diego García estuvo involucrado en los programas de rendición extraordinaria, podría llevar a una oleada de demandas legales contra el gobierno de Gran Bretaña. El mes pasado, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno polaco asistió activamente en el programa secreto de la CIA de centros clandestinos de detención en Europa. Ese tribunal ordenó al gobierno polaco pagar a dos sospechosos detenidos en cárceles secretas 100 mil y 130 mil euros, respectivamente, en concepto de compensación y resarcimiento. El 17 de diciembre de 2013, una investigación independiente a cargo del magistrado retirado Peter Gibson, y presentada en el Parlamento británico, había concluido que Gran Bretaña estuvo involucrada de manera impropia en las operaciones de traslado ilegal de prisioneros y en torturas a presuntos terroristas islámicos. "Surge aparentemente de los documentos investigados, que el Reino Unido estuvo involucrado de manera impropia en algunas rendiciones extraordinarias", indicó Gibson, quien analizó 20 mil memorándums secretos luego de denuncias contra espías de los servicios secretos británicos MI5 y MI6 tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos. Aunque el magistrado no halló evidencia acerca de que los agentes secretos estuvieran directamente involucrados en la tortura u operaciones de traslado ilegal de prisioneros, sí dijo que es necesaria una pesquisa más amplia para determinar si hubo complicidad por parte de esos espías o de sus autoridades. Gibson expuso 27 puntos que consideró deben ser examinados con profundidad, principalmente los métodos para interrogar a los detenidos utilizados por los espías británicos, los llamados “vuelos de rendición” y la forma en que los agentes secretos han sido entrenados para lidiar con extremistas islámicos. El reporte destacó además que, aunque las agencias de Inteligencia del Reino Unido “evidenciaron” malos tratos a detenidos, incluidas torturas como el “submarino” (waterboarding), se negaron a denunciar las preocupaciones por temor a poner en peligro la “relación bilateral” con Estados Unidos. También cuestionó la lentitud de los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown para liberar a los detenidos británicos de la prisión de Guantánamo, en Cuba. El reporte indicó además que el gobierno británico estaba en conocimiento de la intención de Estados Unidos de utilizar la isla de Diego García para detener de forma extrajudicial a sospechosos de terrorismo entre noviembre de 2001 y enero de 2002. Luego de la publicación del informe, un comité de parlamentarios y lores inició una investigación sobre las áreas que preocuparon a Gibson al considerar que los lineamientos para las agencias de Inteligencia sobre la detención de prisioneros y prácticas de torturas "son inadecuados". Para el exministro de Justicia, el conservador Ken Clarke, los controles de las actividades de los espías con los prisioneros sospechosos de actividades de terrorismo "no fueron lo suficientemente robustas". Clarke tampoco descartó una eventual investigación judicial sobre las rendiciones extraordinarias luego que el Comité parlamentario de Seguridad e Inteligencia finalice su propia investigación, posiblemente para diciembre de 2014 o enero de 2015. Por su parte, Jack Straw, que se desempeñaba como canciller británico durante el período cubierto por el reporte de Gibson, se mostró a favor de la investigación del Comité parlamentario, por la cual será llamado a prestar declaraciones junto con otros testigos. Sin embargo, destacó que nunca consintió el maltrato de sospechosos de terrorismo durante su cargo al frente del Ministerio de Exteriores británico, que coincidió con la participación de Gran Bretaña en la guerra de Irak (2003-2011). "Nunca fui cómplice de rendición ilegal alguna o detención de individuos por parte de Estados Unidos u otros países, ni aprobamos, de ninguna manera, el maltrato de esos detenidos o la negación de sus derechos", dijo Straw. Para el ministro de Justicia en la sombra, el laborista Sadiq Khan, al menos que se investigue a fondo el asunto “quedará la sospecha entre los británicos de un encubrimiento y la complicidad de Gran Bretaña por las rendiciones extraordinarias y torturas”. “Estas denuncias acerca de que las agencias de Inteligencia estuvieron involucradas en operativos es una violación seria a las leyes internacionales y deben ser investigadas plenamente, de otro modo nuestro país quedará manchado por los dobles estándares en momentos en que se necesita más que nunca transparencia, respetar la ley internacional y abogar por la paz”, concluyó.