MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a legisladores federales y locales a emitir una ley general de declaración de ausencia para desaparecidos, similar a las decretadas en los estados de Coahuila y Querétaro las cuales favorecen a los familiares de las víctimas en la realización de trámites patrimoniales y civiles. Durante el Foro de Discusión sobre la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, Alan García Campos y Santiago Corcuera Cabezut, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, respectivamente, coincidieron en que ante la “crisis humanitaria” derivada de la guerra contra el narcotráfico, lanzada con Felipe Calderón y continuada con Enrique Peña Nieto, es urgente atender los problemas de índole económico y patrimonial por la ausencia de personas que son el sustento de sus familias. Los representantes de la ONU resaltaron que la figura jurídica de “ausencia por  desaparición” ha sido aplicada en países donde las dictaduras militares heredaron miles de desaparecidos, figura que ha permitido a familias de víctimas exigir justicia de forma digna. En nombre de la OACNUDH, García Campos hizo un reconocimiento a los Congresos de Coahuila y Querétaro para legislar en materia de ausencia por desaparición e hizo un “llamado respetuoso al Congreso de la Unión y al resto de las entidades federativas para que legislen en la  materia y a la brevedad se cuente en todo el ámbito nacional con una legislación semejante”. Las legislaciones sobre “declaración de ausencia por desaparición” respeta los derechos jurídicos del desaparecido así como a sus familias de acceder a beneficios laborales y patrimoniales de la víctima en tanto no sea localizada, declaración que debe ser emitida por un juez a petición de los familiares de la víctima con base en investigaciones judiciales abiertas para su localización. En el foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) García Campos insistió en que “lo que se necesita es una ley general que deberían integrar la multidimensionalidad de la desaparición,  lamentablemente en el espacio público se ha hecho exponer como si la ley solamente se redujera a un objeto y a un propósito de establecer lo relativo a prestaciones laborales;  ciertamente habrá supuestos en que no todas las personas se verían identificadas pero creo que en esa lógica lo menos que podemos hacer es mantener un sentido de solidaridad con quienes sí”. El especialista de la ONU, Santiago Cabezut recordó que el primer país en el que se legisló la presunción de ausencia por desaparición fue Argentina, ejercicio emulado por Chile y Perú, por lo que “México llega tarde al reconocimiento de los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familiares, primero con la Ley General de Víctimas que refiere la obligación de las legislaturas locales legislar sobre la declaración de ausencia por desaparición, por tratarse de un tema de índole patrimonial y por tanto del orden civil”. Luego de que el plaza fijado por la LGV para las legislaciones locales venció en abril pasado, Corcuera Cabezut apuntó que hasta ahora sólo Coahuila y Querétaro han impulsado esas leyes gracias a las organizaciones de familiares de víctimas con la orientación de personal la OACNUDH. En el caso de Coahuila la ley se decretó en mayo y en Querétaro en febrero. Asesor en la confección de las leyes existentes, al término de su participación, en entrevista Santiago Corcuera resaltó que esas legislaciones “no se refieren únicamente a la desaparición forzada (atribuida a agentes del Estado) sino a la declaración de ausencia por desaparición posiblemente ocasionada por particulares o sea agentes delincuenciales”. El académico de la Universidad Iberoamericana reconoció que hasta ahora las leyes sobre declaración de ausencia por desaparición se han topado con las “objeciones por parte de agentes particulares que dicen que ellos por qué han de tener que pagar el costo de la desaparición por ejemplo los empleadores que van a tener que seguir pagando un salario, o tener que suspender los efectos del crédito, aseguradoras que tienen que pagar el monto del seguro sin que tengan un acta de defunción. El experto de la ONU atribuyó a la “holgazanería” de los legisladores locales la falta de legislaciones locales sobre este tema. “Los legisladores locales tienen que sacar sus respectivas leyes de declaración de ausencia, con 14 ó 15 artículos bastan, esto no es la gran complicación, además ahí están los ejemplos de Coahuila y de Querétaro, la oficina de ONU para brindar asesoría, si no lo han hecho es por holgazanería”. Yolanda Morán de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) llamó al gobierno federal a crear mecanismos que den respuesta a la “tragedia humanitaria” que significa la desaparición de personas. “Así como hay recursos y estrategias para dar respuesta a las víctima de desastres naturales, como el Plan DN-III, así debe crearse un plan de ayuda para el desastre que ha significado el combate al crimen organizado durante al menos los últimos cinco años”, dijo la activista y madre de un joven desaparecido en 2009 en Torreón, Coahuila. Morán sugirió la creación de una Ley General de Desaparecidos que procure la protección integral de víctimas y sus familias, y reconoció la labor de la oficina de la ONU para asesorar en la creación de las legislaciones sobre presunción de desaparición también en Nuevo León.