MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá abrir los expedientes relacionados con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 o declarar la inexistencia de los mismos. Así lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular, luego de que la PGR, a través de la Coordinación General de Investigación, informó que la información de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, era “inexistente”. Sin embargo, al recurrir la respuesta ante el IFAI la dependencia puso disposición del solicitante más de 19 mil fojas con documentos de la antigua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) a través de un correo electrónico distinto al especificado en su solicitud. De acuerdo con el IFAI, la sola reproducción en copia simple le hubiera ocasionado al solicitante un costo mayor a los nueve mil pesos, sin tener certeza de encontrar en los documentos la información solicitada. Al analizar el caso, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, señaló la existencia de omisiones en el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia debido a que la PGR “no hizo una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas que pudieran tenerla”. Asimismo, puntualizó, la PGR no emitió una resolución fundada y motivada sobre la inexistencia de la información. Salas Suarez consideró además que la información relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos “no sólo debería ser pública, sino que las instituciones depositarias de dicha información tendrían que tratarla de forma especial y aplicarle el principio de máxima publicidad, “permitiendo su consulta, análisis y estudio de forma oportuna, permanente y expedita”. Ese soporte histórico, abundó, “debe estar siempre presente en la memoria de los mexicanos no sólo como un dato histórico, sino como un recordatorio permanente de que garantizar los derechos fundamentales en nuestro país ha sido un sendero difícil de recorrer y sobre el cual debe existir memoria”. Y advirtió: “No invocar el principio de máxima publicidad de la información sobre expedientes que contienen evidencia de crímenes contra la humanidad o genocidio como lo tipifica el Código Penal Federal, contradice la Ley de Transparencia así como los principios mismos de la Democracia”. Por tanto, señaló el comisionado ponente, la labor del IFAI en la defensa de las garantías individuales de los mexicanos es “fundamental” y “contribuirá a fortalecer la incipiente democracia mexicana” y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Por ello propuso al pleno del IFAI ordenar a la PGR modificar su respuesta y realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, así como poner a disposición del solicitante, de ser posible, versiones públicas de los documentos solicitados para su consulta presencial. Asimismo, sugirió al ciudadano solicitar acceso a las 19 mil fojas mencionadas, si es de su interés. De hecho es la segunda ocasión que el IFAI resuelve un recurso de revisión sobre expedientes de la extinta Femosp. En 2013 resolvió un caso en el que la PGR también declaró la inexistencia de la información e igual que en este caso, el IFAI le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva de la información.