MÉXICO, D.F, (apro).- A pesar de admitir que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora se trata del peor desastre ambiental de la industria minera del país, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de las herramientas legales para cancelar la concesión de la mina Buenavista del Cobre a Grupo México. Así lo admitió hoy el titular de esa dependencia, Juan José Guerra Abud, quien aclaró, sin embargo, que lo que la legislación vigente sí le permite es clausurar parte de las actividades de la minera, como el patio de lixiviados que cerraron luego del derrame de sustancias tóxicas. Ayer, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, adelantó que sólo se multaría a la mina Buenavista del Cobre por el incidente que afectó a poco más de 26 mil personas. Además, el daño se extendió al arroyo Tinajas, afectado en 17.6 kilómetros; el río Bacanuchi, en 64 kilómetros, y el río Sonora, en 190 kilómetros, cuyo líquido llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15.4 millones de metros cúbicos, 20% de su capacidad. En entrevista con Noticias MVS, Guerra Abud habló sobre lo que él mismo calificó como el peor desastre ambiental de la industria minera de México, y refirió que el pasado jueves 7 se percataron de una coloración extraña en Tinajas. Poco después, dijo, se enteraron de una falla en un tubo, que fue la que provocó el derrame. “No fue un exceso de lluvias”, sostuvo, luego de que Grupo México dio ese argumento. “El tubo llegó a fallar por una falta de diseño o un descuido”, agregó. Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que acudieron al lugar a efectuar una vista técnica y elaboraron un dictamen que revela cómo se produjo esa falla. De acuerdo con el estudio, el derrame se ocasionó por un fenómeno conocido como tubificación en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta imputable a la empresa. Por ello, el titular de la Semarnat sostuvo que la empresa Grupo México, como responsable, está obligada a resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población. Luego de llamar a la población a que evite tomar agua del río o de pozos localizados a 500 metros del área, Guerra Abud señaló que actualmente hay cerca de 50 inspectores de la Profepa revisando los procesos en la mina Buenavista del Cobre. En caso de encontrar alguna violación, dijo, se actuará en consecuencia. Por separado, David Korenfeld, director de la Conagua, informó que aún no hay fecha para que se levante la contingencia tras el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de material tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi. En entrevista con Radio Fórmula, precisó que se han realizado 21 mediciones a lo largo del río Sonora y en la presa El Molinito, que se encuentra a las afueras de Hermosillo. Indicó que el río se irá liberando por tramos y que son dos laboratorios certificados, uno de Hermosillo y el otro de la ciudad de México, los que durante cinco años realizarán los análisis. "Se va a liberar el río por tramos, tenemos diferentes concentraciones en la parte alta, media y baja”, apuntó. Y aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberará 322 pozos y norias que están al lado del río. El director de la Conagua insistió que aunque no hay fecha para levantar la contingencia, aseguró que se dará cuando el agua potable alcance las normas de calidad. Por su parte, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, señaló que en una primera etapa, la evaluación de daños por el derrame asciende a 80 y 100 millones de pesos. Ese gasto, dijo, está corriendo por parte de la administración estatal, aunque Grupo México se comprometió a cubrir todo lo que se desembolse por la reparación de los daños. En tanto, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, anunció que en los próximos días se presentará una nueva denuncia penal en contra de los dueños de la mina Buenavista del Cobre, en el marco de la recién creada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que prevé una multa adicional de hasta 40 millones de pesos y el pago para recuperar los sitios dañados. Detalló que se determinó la aplicación de medidas de urgente aplicación para mitigar los daños al medio ambiente y se procedió a la clausura del riego del patio de lixiviados, la neutralización del pH con cal y productos de limpieza. También se han realizado estudios que ayuden a determinar la magnitud del daño para proceder a aplicar la respectiva sanción. Los dictámenes determinarán el tiempo que tardarán en recuperarse las partes dañadas, y en caso de no ser posible se decidirá la sanción y compensación por parte de Grupo México, explicó.