OAXACA, Oax. (apro).- El ombudsman estatal, Arturo Peimbert Calvo, hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que deje sin efecto el decreto de veda del acuífero de los Valles Centrales del 14 de julio de 1967, mientras se realiza una consulta entre las comunidades indígenas de la región acerca de dicho mandato, y con base en los resultados proponga su modificación o derogación. La Conagua, apuntó, viola derechos humanos y desacata al tribunal federal, razón por la cual la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), advirtió, actuará “al límite de sus posibilidades” en apoyo a las demandas nacionales e internacionales de los indígenas afectados por un decreto presidencial de hace casi 50 años, que hoy les impide disponer del agua en el centro del estado. A través de un comunicado, Peimbert Calvo resaltó que una investigación de la Defensoría, que se hizo pública en febrero pasado, concluyó que la aplicación del decreto presidencial viola los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del que gozan los pueblos indígenas de México, a la luz de la Constitución y de diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En ese estudio, agregó, “también se hizo evidente la violación al derecho humano al agua y a otras prerrogativas relacionadas, como a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a la participación en la vida cultural de las comunidades, lo que hoy afecta a miles de mujeres y hombres de la zona central del estado”. A partir de la emisión del informe, continuó, “esta Defensoría ha llamado de manera reiterada y pública a la Comisión Nacional del Agua a que deje momentáneamente sin efecto el decreto de veda”, pero “nuestros exhortos no han sido escuchados por la dependencia federal”. De acuerdo con el ombudsman oaxaqueño, la falta de respuesta de la Conagua también va en sentido contrario a una sentencia federal de 2013, según la cual “es evidente que se transgrede el cúmulo de derechos humanos de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca”. De igual manera, reconoció que la DDHPO está facultada por ley para conocer de violaciones a derechos humanos imputadas sólo a autoridades estatales o municipales, lo que excluye acciones del ámbito federal, pero advirtió que la Constitución mexicana establece que las normas de derechos humanos deben interpretarse a favor de la protección más amplia de esas garantías. Este precepto “obliga a la Defensoría a hacer cuanto esté en sus manos para evitar que se continúe la violación a los derechos humanos de los miles de oaxaqueñas y oaxaqueños afectados por el decreto de veda”, remató.