MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) fijó a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de 10 días para entregar a un particular el soporte documental sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, realizada luego de la matanza de 72 migrantes en abril de 2011. El particular solicitó minutas de acuerdos de reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos y demás documentos que contuvieran información sobre la captura de los uniformados, pero la PGR respondió que la información estaba reservada por 12 años, por ser parte de una averiguación previa. El requirente se inconformó y solicitó al IFAI la revisión del caso, mismo que fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, quien propuso al pleno del revocar la respuesta de la PGR, al considerar que no era posible invocar la reserva de una averiguación previa tratándose de violaciones graves a derechos humanos. La comisionada argumentó que de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, se debe permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas cuando se investiguen hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos. Después de revocar la respuesta de la PGR, el IFAI dio a la dependencia federal un plazo de 10 días, contados a partir del lunes 8, para la entrega de la versión pública de la información solicitada por el particular. Paralelamente, el IFAI determinó desistirse de dos juicios de amparo en revisión que se habían interpuesto en 2013, ante los tribunales colegiados Segundo y Quinto en Materia Administrativa del Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación. Los amparos fueron promovidos por particulares inconformes con las resoluciones emitidas por el anterior pleno del IFAI, que por mayoría de votos había confirmado la reserva de la información invocada por la PGR. Sin embargo, según el organismo federal de transparencia, independientemente de su desistimiento, los asuntos en cuestión serán revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz ejercieron la facultad de atracción para conocer de esos recursos, que a la fecha están pendientes de resolución.