VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) cumplimentó otra orden de aprehensión contra la exdirectora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Clisceria Rodríguez Alvarado, ahora por los delitos de extorsión y ejercicio abusivo de funciones. La exfuncionaria se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) desde octubre del año pasado, acusada del delito de ejercicio abusivo de funciones en modalidad de pandilla. El gobierno estatal informó que la nueva orden de aprehensión se ejecutó el pasado 25 de agosto por los delitos cometidos en agravio del constructor Óscar Montejo Acosta y del erario del estado. Detalló que Clisceria Rodríguez, en su calidad de directora del CEAS, convocó en 2007 a una licitación pública nacional para la obra denominada “Reforzamiento de líneas de conducción para mejoramiento del Sistema de Agua Potable en varios municipios de Tabasco”, misma que fue adjudicada “indebidamente” al constructor Montejo Acosta. Para que la obra pudiera ser adjudicada a Montejo Acosta y asociados, éstos debían exhibir una póliza de garantía por cualquier daño posterior o vicio oculto, para lo cual éstos celebraron un contrato con la afianzadora Aserta, SA de CV, y a su vez Clisceria Rodríguez avaló con bienes propios, de su esposo José Alfredo Contreras Álvarez y de su madre, Delia Aidé Alvarado de Rodríguez, la garantía que la afianzadora otorgó al contratista. Con esto, la exdirectora de la CEAS obtuvo beneficios económicos propios y para terceros, con los cuales tenía vínculos afectivos, ya que derivado de la adjudicación del contrato de obra que hiciera Montejo Acosta “empezó a exigirle construcciones personales”. Dentro de los favores solicitados al constructor, según el gobierno del estado, se encuentran las oficinas del esposo de la exfuncionaria, materiales de construcción para el templo Misión Cristiana Internacional, remodelaciones para oficinas de CEAS, así como apoyos en especie y económicos para regalos en las posadas de la dependencia, “ya que de no acceder a sus peticiones, no le daría contratos de obra y lo vetaría con las demás dependencias estatales”. Por otra parte, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), José del Carmen López Carrera, informó que en breve se presentarán demandas penales en contra de las exsecretarias de Educación, Beatriz Luque Green y Deyanira Camacho, y del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio López Uribe Lo anterior, por la reprobación de la cuenta pública 2012 del poder Ejecutivo, último año de gobierno de Andrés Granier Melo, al detectarse un faltante de más de cinco mil 400 millones de pesos. En Educación se hallaron irregularidades no solventadas por más de 897 millones de pesos y en la SSP por más de 84 millones de pesos.