PUEBLA, Pue., (apro).- El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social advirtió que la recomendación que emitió la CNDH sobre el caso Chalchihuapan diluye la responsabilidad de funcionarios, minimiza prácticas autoritarias del gobernador Rafael Moreno Valle y convalida la llamada “ley bala”. Además, pide que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerza su facultad de atracción para que las investigaciones sobre el caso no queden en manos del propio gobierno de Moreno Valle. En un comunicado emitido por el Frente, que agrupa a organizaciones como Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Colectivo Abogadas y Abogados Solidarios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otros, acusan a la CNDH de haberse guiado por una agenda política, más que en apego a su mandato constitucional de pugnar por los derechos humanos. Indica que por esa razón el ombudsman concluyó en su recomendación emitida el jueves 11 que las violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios del gobierno de Puebla fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, “cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la comisión presidida por Raúl Plascencia, por el aval explícito a legislaciones que violan derechos humanos (la ley bala)”. La ONG agrega que en toda la recomendación se omite señalar que fue la “ley bala”, promovida por el gobierno de Moreno Valle y avalada por la CNDH, lo que posibilitó las violaciones graves a derechos humanos en Puebla. “La CNDH recomendó la reparación integral del daño a las víctimas”, expone, “sin embargo, para garantizar que estos hechos no se repitan, debió considerar que la ‘ley bala’ es violatoria de los derechos humanos. Por ello existe responsabilidad de la CNDH al avalar esta legislación”. También recuerda que, desde antes de los hechos de Chalchihuapan, Raúl Plascencia, titular de la CNDH, aseguró que la “ley bala” cumple con los instrumentos de la ONU sobre uso de la fuerza, y pese a ser cuestionado reiteradamente, hasta la fecha no ha explicado el porqué de esta aseveración. Asimismo, afirma que el ombudsman omitió valorar que el operativo de Chalchihuapan se enmarcó en un contexto de abierta represión a grupos sociales por parte del gobierno de Moreno Valle, el cual ha generado una treintena de “presos políticos” en la entidad. Incluso, afirma que el gobernador Moreno Valle faltó además a su deber de prevenir y garantizar la libertad de expresión y manifestación. Luego detalla que en la recomendación 2/2014 por violaciones graves, la CNDH explica que el operativo de Chalchihuapan, realizado el 9 de julio pasado, fue producto de un “uso excesivo de la fuerza” y “negligencia”. Sin embargo, también cuestiona que la CNDH considere que contaminar la escena, no recabar evidencia y los resultados presentados, por parte de la Procuraduría poblana, obedecen a la “falta de preparación”, omitiendo el dolo de la autoridad estatal al falsear las conclusiones y desarrollar la “teoría de la onda expansiva”. “La CNDH tampoco establece responsabilidades a la Procuraduría General de Justicia, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Víctor Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón”. Y censura que, pese a toda esta actuación irregular que la propia CNDH evidencia por parte de la PGJE, determine que esa misma institución lleve a cabo las diligencias para esclarecer los hechos, a través de una Fiscalía especial “que no garantiza condiciones de objetividad e imparcialidad que aseguren el acceso efectivo a la justicia”. Además, el Frente advierte que, en su recomendación, la Comisión parte de una visión que esencializa las manifestaciones como violentas, luego de que en el texto hace un llamado a no llevar menores a éstas. Con ello, “no sólo demerita el valor democrático que tiene la protesta, sino responsabiliza a los manifestantes exculpando a la autoridad cuando se suscitan acontecimientos de represión”, reclaman las agrupaciones. Peritaje externo La diputada federal Roxana Luna comentó que la próxima semana los habitantes de Chalchihuapan darán a conocer un peritaje externo que mandaron hacer para fundamentar una denuncia penal contra “quien resulte responsable”, tanto del asesinato del niño Tehuatlie Tamayo como de las agresiones que sufrieron el resto de los habitantes. Al considerar que la recomendación que emitió la CNDH se quedó “corta”, Luna coincidió en que las investigaciones que se lleven a cabo para fincar responsabilidades no deben quedar a cargo del gobierno poblano, por lo que insistirán en que la PGR atraiga el caso.