Denuncian ante la PGR a organismos de agua por acueducto Monterrey

MONTERREY, N.L. (apro).- Organismos civiles presentaron ante la PGR una denuncia en contra de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y la Conagua por la inminente construcción del acueducto Monterrey VI proyecto que, alertaron, generará un desastre ecológico en la entidad.

La queja, que presentaron hoy, señala que hasta ahora las dependencias referidas han proporcionado información incompleta sobre el proyecto del que no se conoce aún su costo exacto, además de que su construcción fue licitada de manera ilegal y sin consultar a los ciudadanos, quienes resultarán afectados por los trabajos que traerán agua desde San Luis Potosí hasta esta metrópoli.

La línea de tubería, que traerá agua desde el tramo potosino del río Pánuco, pasando por Veracruz y Tamaulipas, hasta la presa Cerro Prieto, carece de estudios de impacto ambiental, pues especialistas consultados temen que la extracción en ese punto genere un gigantesco daño ecológico en el afluente.

En la denuncia se advierte que no hay una especificación del tamaño de la obra, pues aunque el gobierno de Nuevo León ha dicho que constará de un acueducto de 350 kilómetros, no se sabe aún si incluye en ella 80 kilómetros que ya existen para conducir agua de Cerro Prieto a la zona metropolitana.

Los especialistas consultados consideraron que “no hay recursos” para encarar los daños ecológicos que por derecho de vía se tendrían que pagar a campesinos y usuarios de las cuencas afectadas, además de que el proyecto y los estudios “raquíticos” vulneran la Constitución Mexicana y la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En la presentación de un estudio fechado el 15 de octubre de 2012, con el título “Confuso proyecto Monterrey VI”, elaborado por el doctor Jaime Leal Díaz, los demandantes exponen que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.

En el análisis se acusa a Agua y Drenaje de Monterrey de proporcionar información insuficiente, además de que la confusión en los datos de su extensión semeja “una maniobra presupuestal para reducir costos aparentes de la obra”.

En el estudio también se destaca que no se conoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que se asume que el crédito terminaría pagándolo el usuario, pese a que, en repetidas ocasiones el director de SADM dijo que no habría cargo para los consumidores por este proyecto.

La obra fue adjudicada el lunes 8 mediante un concurso que los demandantes consideran ilegal, pues no fueron convocados para opinar terceros perjudicados y no fueron hechas consultas públicas para el estudio, análisis y aprobación del acueducto, lo que representó un acto discriminatorio contra la población, violatorio a sus derechos humanos, según los quejosos.

La demanda también será presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Entre quienes avalan la queja destacan Nora de los Ángeles Toscano Cavazos, representante de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey; Malaquías Aguirre López, representante de Vertebra; José Vargas, de Evolución Mexicana Constante; Carlos Gómez Flores, cronista de Bustamante, y Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema.

Además, Oscar Bulnes, de la Sociedad de Urbanistas Región Monterrey; Gregorio Mariano Núñez González, integrante del Colegio de Abogados; Cayetano Galván Uchino, integrante del Colegio de Ingenieros; Ernesto Enkerlin Hoeflich, especialista en biodiversidad y sostenibilidad; Martín H. Bremer Bremer, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y Francisco Abel Treviño Cisneros, miembro de Vertebración Social de Monterrey.

En diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que sería construido el proyecto Monterrey VI con un costo de 14 mil millones de pesos y con apoyo de la Federación. Dos años después se menciona que el monto total que deberá desembolsar la entidad es de 46 mil millones.

Más aún, el gobierno del priista Rodrigo Medina no ha dicho cuál es el costo real del proyecto ni de dónde saldrán los recursos.

Incluso, especialistas han señalado que el agua que traerá el acueducto contiene metales pesados, lo que representa un riesgo a la salud de la población de la entidad.

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