México, D.F., (apro-cimac).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) podría dejar sin castigo a Gonzalo Mendoza Ríos, presunto acosador sexual de Laura, una taquillera de la línea de autobuses Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) que lo denunció por acoso sexual. El pasado 22 de agosto Laura relató a esta agencia que durante varios meses y desde 2013, padeció acoso sexual y hostigamiento por parte de su entonces jefe directo, Gonzalo Mendoza Ríos, quien se desempeñaba como gerente de área de ETN y quien podría quedar sin castigo por supuesta falta de pruebas. La mujer denunció los hechos el pasado 3 de junio ante el jefe inmediato de Mendoza Ríos, Gustavo Asencio Origel, y luego con el director de la empresa, Francisco Javier Barrón, sin que ninguno de ellos le hiciera caso. En contraste, obligaron a la víctima a confrontarse con su agresor, dudaron de su palabra y la acusaron de “comportamientos inmorales”, según denunció Barrón en un comunicado. Ante la omisión de los directivos de la empresa, Laura decidió denunciar el acoso y hostigamiento el pasado 18 de junio ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, donde fue recibida pero ignorada y maltratada por los funcionarios. De esto tomó nota la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El caso se encuentra integrado en la averiguación previa FDS/FDS-6/T1/424/14-96, pero ante la omisión de las autoridades judiciales Laura presentó una queja ante la CDHDF, la cual quedó asentada en el expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D3751. No obstante, Alicia Rosas Rubí, fiscal especial para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, le advirtió el pasado 8 de septiembre (durante una reunión que sostuvo en la dependencia) que por supuesta falta de pruebas su agresor muy probablemente no sería castigado. Esto porque aunque los peritajes psicológicos que se realizaron a Laura constataron la existencia de daño emocional provocado por la agresión sexual, no se puede atribuir esta afectación a Mendoza Ríos. Además, la fiscal argumentó que Laura carecía de pruebas como testigos o videos que probaran sus declaraciones, y que nuevamente sería la palabra de la víctima contra la del agresor. Ante la insistencia de Laura, la fiscal Alicia Rosas Rubí le explicó que volvería a practicarle el peritaje psicológico, pero que éste sería con la misma psicóloga que se lo aplicó el día que acudió a las instalaciones de la PGJDF al presentar su denuncia, y contra quien se originó una queja ante la CDHDF por “hostilidad, revictimización e intimidación” contra Laura. La fiscal también le aseguró que enviarían a policías ministeriales a la sucursal de ETN donde trabajaba cuando ocurrieron el acoso sexual y el hostigamiento; sin embargo, Laura teme que a cuatro meses de haber denunciado los hechos y a un mes de que esta agencia hizo público el caso, ya no habría evidencias. Rosas Rubí informó a Laura que se solicitará realizar a Mendoza Ríos un perfil psicológico, pero (de acuerdo con las declaraciones de la víctima) la fiscal fue muy enfática al decir que éste podría negarse a tal procedimiento, por lo que, según Rosas Rubí, “será muy difícil que se consigne la denuncia”. A decir de Laura, la reunión con la fiscal especial fue sólo informativa y no derivó en ningún documento oficial, pero puede ser constatada por la psicóloga Liliana Mijangos, del Instituto Nacional de las Mujeres, quien estuvo presente.