A un año de su detención el 2 de octubre, cuatro personas persisten en su defensa

MÉXICO, D.F. (apro).- A un año de su detención durante las protestas del 2 de octubre de 2013, que devinieron en confrontación con policías, cuatro personas continúan el proceso de apelación a las decisiones judiciales e impulsan amparos para recuperar su libertad.

Jorge Mario González García, Alejandro Bautista y Abraham Cortez, permanecen presos y y combaten las sentencias que los confinaron a más de cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de ultrajes a la autoridad.

A ellos se suma Gabriela Hernández Arreola, conocida en redes sociales como Luna Flores, quien justo hoy recibió la confirmación de la sentencia de un año cuatro meses impuesta por la juez penal Marcela Ángeles Arrieta, quien debió reabrir el expediente hace unas semanas por una orden de la instancia superior por violaciones al debido proceso.

En diferentes oportunidades procesales, los presos del 2 de octubre de 2013 han expuesto las contradicciones, ausencia de probanzas y violaciones de garantías de que se dicen víctimas sin que hasta el momento, las instancias judiciales hayan admitido sus pruebas.

En el caso de Jorge Mario González, detenido cuando viajaba a bordo de un camión de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, las únicas pruebas en su contra son los testimonios de dos policías que no lo identifican plenamente como el perpetrador de los delitos que se le imputan.

Conforme a la acusación, desahogada también por la juez Ángeles Arrieta, el operativo que detuvo a la unidad de la Ruta 1, ocurrió por un llamado al número de emergencia, en el que se indicó que desde el autobús se arrojaban objetos explosivos que habrían causado daños a mobiliario urbano, particular y a transeúntes.

Sin embargo, en el caso jamás se acreditaron lesiones, no hubo denuncia ni víctimas de las supuestas detonaciones. Un peritaje determinó que no había registro de daños a mobiliario ni propiedades de ningún tipo y no hay testigos de que esos artefactos hayan sido arrojados.

En la toca 273/2014, desahogada en la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, constan las declaraciones de los policías Édgar Utrera y Karina Rosales, quienes aseguraron que no vieron los artefactos explosivos ni si alguien los arrojó. Tampoco pudieron identificar a Jorge Mario como responsable, excepto porque, afirman, fue señalado por el chofer del camión y los pasajeros.

Pero éstos tampoco fueron llamados al juicio que –no obstante que se trató de un delito leve y con falta de pruebas– Jorge Mario enfrentó en prisión, debido a que la juez Marcela Ángeles Arrieta, consideró que el exestudiante del CCH Naucalpan, era una persona de “peligrosidad social”.

De acuerdo con Nuria Ramírez, pareja del joven, se espera que en esta misma semana un tribunal constitucional asigne el caso a un ponente a fin de que puedan desahogarse diferentes violaciones a garantías y lo que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han considerado: Se trata de un preso de conciencia porque se le tiene en prisión por sus ideas, es decir, por ser anarquista.

El comediante preso

Alejandro Bautista ya fue sentenciado y ahora gestiona un amparo para obtener su libertad. El 2 de octubre de 2013 fue detenido en la avenida Reforma, mientras videogrababa los hechos de violencia de esa jornada que implicó la agresión a decenas de periodistas y visores de derechos humanos perpetrada por policías de la ciudad.

Preso en el Reclusorio Norte, fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla. Sin embargo, el hecho no se sostiene en los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad que demuestran, entre otras irregularidades del proceso, que estaba solo grabando con su cámara y que no fue detenido en el lugar ni por las personas que lo imputaron, según el Ministerio Público.

Lo que sí se ha documentado es que Alejandro Bautista había interpuesto una serie de denuncias contra el ahora exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, el jefe delegacional en Tlalpan y otras autoridades capitalinas, por lo que consideraba despojos de tierras y otros delitos relacionados con la resistencia de los barrios y pueblos originarios localizados al sur de la Ciudad de México que se oponen a los megaproyectos urbanísticos e inmobiliarios en el sector.

Dirigente del colectivo En Defensa de Cuatlicue, un juicio sumario resolvió de inmediato que Bautista era culpable y, ante la contradicción entre la versión del Ministerio Público aceptada por el juez, y la suya sostenida en videos, espera que el amparo revierta lo que considera irregularidades en su caso.

Algo similar ocurre con Abraham Cortés, quien fue detenido ese día acusado de incendiar a un policía al arrojarle un coctel molotov. Su abogado, Rubén Díaz, ha insistido infructuosamente en que el video presentado como evidencia está editado y lo que Abraham arrojó fue un botellín de plástico que ni siquiera impactó a los granaderos, según un video en el que se muestra una secuencia de escenas distintas a la de la fiscalía.

Respecto a Gabriela Hernández Arreola, el delito que se le imputa es ultrajes a la autoridad, pues según la versión de dos policías, la noche del 2 de octubre del año pasado la mujer de casi 50 años les gritó “puercos asalariados”, frente al llamado búnker, el centro de detención de la colonia Doctores de esta ciudad.

Gabriela, a quien se conoce por su nickname de redes sociales como Luna Flores, presentó como prueba un video en el que se demuestra que mientras, efectivamente, un grupo de personas protestaba frente a la dependencia oficial, ella permanecía sentada observando la escena a la distancia. De nada sirvió.

Luego de pasar varios meses en la prisión femenil de Santa Marta Acatitla, Luna fue puesta en libertad cuando la segunda instancia ordenó a la juez Arrieta revertir el calificativo de “peligrosidad social” y reponer el procedimiento por errores de forma. Desde abril pasado, Luna estuvo libre enfrentando el juicio que, sin embargo, esta mañana se resolvió por dicha juez en el mismo sentido de la resolución anterior. Por ello, deberá apelar una vez más el fallo.

“Yo ya me lo esperaba pero aun así, estoy triste porque no hay justicia, porque pueden retorcer las leyes hasta donde quieren sin que nadie haga algo para frenarlos. Es muy triste ver lo que ocurre con la justicia por consigna y cómo otros compañeros deben enfrentar sus casos con huelgas de hambre para tratar de llamar la atención y la conciencia de los que gobiernan”, dijo hoy en entrevista telefónica con Apro.

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