MÉXICO, D.F. (apro).- Al anunciar la estrategia que Estados Unidos y sus aliados seguirán para tratar de frenar el avance de los combatientes del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, el presidente Barack Obama no se remitió a campañas militares previas en Afganistán, Pakistán o el propio país mesopotámico, sino específicamente a los ataques aéreos, la mayoría no tripulados, contra enclaves terroristas en Somalia y Yemen. El mandatario estadunidense escogió muy cuidadosamente estos ejemplos, ya que ha insistido en dejar en claro que no volverá a desplegar sus tropas en ningún país de la convulsa región que va del Medio Oriente al Asia Central, sino que apoyará desde el aire a las fuerzas locales que luchan sobre el terreno. “Esta estrategia de eliminar a terroristas que nos amenazan, mientras apoyamos a socios en la primera línea, la hemos llevado a cabo con éxito en Yemen y Somalia”, aseguró. Un éxito que habría que matizar, ya que las células afines a Al Qaeda en el África del Norte y la Península Arábiga siguen activas, y a ellas se ha sumado una miríada de grupos islamistas de diferente denominación, incluyendo a varios que ya han manifestado si no su adhesión, sí por lo menos su simpatía hacia el EI y su recién instaurado califato. El poder de fuego necesario para combatir a ambos fenómenos tampoco parece comparable, ya que en los dos países mencionados por Obama se han realizado operaciones quirúrgicas sobre enclaves específicos, mientras que en el caso del EI se trata de un ejército en regla que ocupa territorios completos que incluyen poblaciones, bases militares, presas, campos petroleros y otras instalaciones sensibles. Así, mientras se calcula que desde 2001 Estados Unidos ha efectuado 20 ataques aéreos en Somalia y 114 en Yemen, en tan sólo mes y medio ha llevado a cabo más de 200 en Irak y en una semana medio centenar en Siria. Con un agravante: que si en los bombardeos selectivos ha habido víctimas civiles, éstas inevitablemente se multiplican conforme se amplían el territorio y el número de bombardeos. Peor aún, concretamente en Yemen, que desde hace un decenio enfrenta una constante inestabilidad política, podría desatarse una confrontación mayor entre los leales a Al Qaeda y los simpatizantes del EI, alimentada por las rivalidades entre los chiitas zaydiés del norte, los separatistas del sur y los salafistas suníes, todo dentro de la pugna que por el poder regional enfrentan Arabia Saudita e Irán. Como se recordará, a principios de este año Al Qaeda expulsó de sus filas al entonces Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), cuando se negó a obedecer las órdenes de su jefe, Ayman al Zawahiri, de no extender sus operaciones a Siria. Pero no sólo las extendió, sino que en franca rebeldía su principal dirigente, Abu Bakr al Bagdadi, estableció un califato y se autodesignó como califa (líder máximo al que deben obediencia todos los musulmanes). Evidentemente, la dirigencia de Al Qaeda desconoció este califato y llamó a crear otro “en el que los emires se enorgullezcan de su cercanía con los eruditos honestos… y hasta los dhimma (ciudadanos no musulmanes de Estados islámicos) gocen de una vida segura”, en clara alusión a las atrocidades que el EI ha cometido contra los chiitas, los sunitas moderados y otros grupos religiosos no musulmanes y que, según se dice, irritaron en vida al mismísimo Osama bin Laden. Se habla por lo tanto ya de un “contracalifato”, aunque por el momento se desconoce el grosor de las filas de cada bando, en qué países operarían y el nivel de confrontación al que estarían dispuestas a llegar. En Yemen, de donde provenía la familia materna de Bin Laden, desde un principio la presencia de Al Qaeda fue muy alta, no pocas veces gozó de protección gubernamental y desde ahí se gestaron numerosos atentados contra Occidente –como el del USS Cole en el golfo de Adén, en 2000– al grado de que la anterior secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, no vaciló en calificar al país como “una base del terrorismo internacional”. Las raíces de los grupos terroristas de filiación islámica en Yemen pueden rastrearse desde el decenio de los años setenta del siglo pasado, cuando los gobiernos de Yemen del Norte y Arabia Saudita fomentaron el extremismo religioso como una estrategia para contrarrestar las ideas marxistas provenientes del régimen comunista de Yemen del Sur. Luego, en el marco de la Guerra Fría, los mujaidines yemeníes extendieron su lucha a las trincheras de Afganistán, donde ayudaron a sus correligionarios a expulsar a los ocupantes soviéticos. En cadena sobrevendrían después la derrota de las fuerzas comunistas yemeníes apoyadas por el sur que buscaban derrocar al régimen del norte, la desintegración de la Unión Soviética y la reunificación de los dos Yémenes bajo el mando de Alí Abdulá Saleh. Pero los mujaidines yemeníes no lograron solos estas victorias. A finales de los ochenta y principios de los noventa muchos de los yihadistas internacionales conocidos como los “afganos árabes”, que no pudieron regresar a sus países por temor a la persecución, encontraron refugio en la recién unificada República de Yemen. Aunque muchos analistas atribuyeron este repliegue al caos que imperaba en la joven república, otros como Abdullah Al-faquih, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Saná, la capital de Yemen, piensan que llegaron al país con la tarea específica de combatir a la izquierda yemení, en general, y el Partido Socialista Yemení (PSY), en particular. En todo caso, durante los primeros años de la reunificación, Yemen presenció una oleada de atentados terroristas principalmente dirigidos contra miembros del PSY o partidos afines. Luego, durante la guerra civil de las élites gobernantes del norte y del sur en 1994, tanto los yihadistas locales como los llegados de Afganistán se pusieron del lado de Saleh, quien los recompensó con puestos en las fuerzas militares y de seguridad. Muy pronto, sin embargo, la mayoría de los combatientes extranjeros tuvo que irse, tras una serie de atentados en países vecinos como Arabia Saudita y Egipto, cuya pista llevaba a Yemen. Las presiones contra el gobierno de Saná se incrementaron todavía más después de los ataques de 2001 en Estados Unidos y Saleh, de grado o por fuerza, tuvo que sumarse a la “guerra global contra el terrorismo” e inclusive hacerse de la vista gorda cuando en 2002 mercenarios estadunidnese asesinaron a varios miembros de Al Qaeda en territorio yemení. Pero al escalar los conflictos internos, el presidente volteó de nuevo hacia sus incómodos aliados, ofreciéndoles ayuda financiera y libertad de movimiento a cambio de apoyo; lo único que les pidió, fue que no hicieran mucho ruido. Ante Washington y sus aliados esgrimió que no permitiría injerencias externas y se encargaría de combatir el terrorismo por sus propios medios. Esta ambigüedad colocó sin embargo a Saleh en una situación comprometida. Sin persecución gubernamental y en medio del caos interno, los yihadistas locales y foráneos se reagruparon en la llamada Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Molestos, además, porque se les impidió desplazarse a Irak para continuar la yihad y porque las aportaciones financieras menguaban, empezaron a actuar. La situación para el gobierno de Saná se complicó todavía más a partir de 2008, cuando un tribunal militar de Estados Unidos acusó a un ciudadano saudí de origen yemení, preso en Guantánamo, de ser el autor del atentado contra el USS Cole; todos sus cómplices escaparon o fueron liberados de cárceles yemeníes. En los dos siguientes años varios incidentes más conducirían hacia la pista yemení: la matanza de 13 soldados en Fort Hood, Texas; el fallido atentado contra un avión de Northwest que volaba hacia Detroit antes de Navidad; la fracasada detonación de una bomba en Times Square; la intercepción en aeropuertos de Dubai y Gran Bretaña de paquetes explosivos en aviones de carga y el asesinato de un contratista francés en el propio Yemen. Todos estos incidentes tenían como denominador común a un clérigo radical nacido en Estados Unidos pero miembro de una de las tribus más influyentes de Yemen: Anwar al-Awlaqui. En un hecho sin precedentes contra uno de sus propios ciudadanos, el gobierno de Washington autorizó a la CIA rastrearlo y asesinarlo, cosa que ocurrió precisamente durante uno de los operativos quirúrgicos que tanto reivindica Obama. Sitiado por todos los flancos, Saleh por su parte fue derrocado tras 33 años de férreo mandato en 2011, al calor de los movimientos de la llamada “primavera árabe”. Su sucesor, Abd Rabo Mansur Hadi, se comprometió de inmediato a “luchar sin descanso contra Al Qaeda” y, con ayuda de instructores estadunidenses, lanzó una cruenta ofensiva militar para recuperar las zonas “liberadas” por la red terrorista. En respuesta, el 22 de mayo de 2012 un atacante suicida afín al grupo se hizo detonar en medio de un desfile militar, provocando 70 muertos y casi 300 heridos, la mayoría soldados y oficiales miembros del Cuerpo de Seguridad Central del Ejército, dirigido por el general Yehya, sobrino del expresidente Saleh. Pero aunque la dirigencia de AQPA anunció que ése sería sólo el inicio de una ola de venganza, desde entonces sólo se ha sabido de algunos incidentes aislados. La percepción común es que la muerte de Bin Laden y los ataques selectivos por tierra y por aire sí han logrado poner contra las cuerdas a Al Qaeda, cuyo nuevo dirigente Ayman Al Zawahiri, escondido en algún lugar de Afganistán o Paquistán, no ha logrado imantar a las nuevas generaciones de yihadistas, lo que por el contrario si parece estar haciendo el EI a pasos agigantados. Y es que “mientras al Bagdadi enfrenta a los apóstatas y crea un califato, al Zawahiri sólo habla”, dice Tim Lister, analista de la cadena CNN. Hasta el momento, no se sabe cuán alta es la deserción en las filas de Al Qaeda en general ni tampoco en Yemen. El líder de AQPA, Nasir al Wuhayshi, sigue en su cargo y ha manifestado su lealtad a Zarkawi, aunque al mismo tiempo expresó su solidaridad con los combatientes del EI que enfrentan a Estados Unidos. Por su parte, en semanas recientes un grupo que se autodenomina “Simpatizantes del Estado Islámico en Yemen” juró lealtad a Bagdadi y lo reconoció como “califa de todos los musulmanes”. Al mismo tiempo, los chiitas zaydiés –que no han dejado las armas– han vuelto a movilizarse, exigiendo más espacios de poder, la derogación de medidas económicas que consideran antipopulares y la destitución del gabinete. Y aunque sus demandas parecen más de corte político y social, sus detractores los acusan de querer imponer una teocracia al estilo iraní o crear un Estado dentro del Estado, del tipo del movimiento libanés Hezbolá. En todo caso el movimiento, al que se sumaron renovadas voces separatistas del sur, logró a fines de septiembre la renuncia del primer ministro Mohamed Basindawa. Y aunque unos días después el enviado especial de la ONU, Jamal Benomar, anunció la firma de un acuerdo político entre las partes, la mesa está puesta para un conflicto intersectario de proporciones mayores.