No obstante que el Cártel de los Beltrán Leyva parece ahora haber quedado en manos de El Chapo Isidro, un capo sin esos apellidos, Héctor –recientemente capturado– tiene aún más hermanos… y la tradición dicta que el negocio pasa de uno de ellos al otro. Quienes aún están libres, Amberto, Mario Alberto y Gloria, aparentemente han permanecido ajenos a los negocios ilícitos de esa familia cuya saga empezó hace muchos años y ha transitado diversas etapas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante los últimos 21 años el clan de los Beltrán Leyva ha tenido presencia en Querétaro, donde ha comprado propiedades y empresas. Incluso Gloria Beltrán Leyva contrajo nupcias en esa ciudad en 1995 con Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, entonces socio y amigo de la familia. Para muchos podría ser una sorpresa que Héctor Beltrán Leyva, El H, detenido el miércoles 1 por el Ejército, viviera en Querétaro y se hiciera pasar por empresario, pero no para la Procuraduría General de la República (PGR). Averiguaciones previas de esa dependencia y declaraciones de testigos que obran en expedientes a los cuales tuvo acceso este semanario, indican que por lo menos desde el año 2000 la PGR sabía de la presencia e intereses de ese clan delictivo en el estado. Así consta en la causa penal 16/2001-III y en la averiguación previa 15/2008, donde están vertidas decenas de declaraciones ministeriales de testigos protegidos, exsocios de los Beltrán Leyva o del Cártel de Sinaloa, y coacusados. En su testimonio rendido ante la PGR en 2000 el empresario Bargueño Urías, cómplice de Arturo Beltrán Leyva, reveló que éste tenía propiedades y empresas en Querétaro desde los noventa, entre ellas una casa en la colonia Cimatario, una residencia en el exclusivo fraccionamiento de Juriquilla, y una empresa llamada Automotriz de Querétaro. Gracias a esas declaraciones la PGR también sabía desde hace más de una década que El H se hacía pasar por empresario a fin de cumplir los fines encomendados por la organización criminal: Lavar dinero a través de empresas legales, contactar a funcionarios públicos para sobornarlos y estar atento de las campañas políticas para dar financiamiento en tiempos electorales y después cobrar favores. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1979, ya en circulación)