El “corazón” de la delincuencia son los políticos

Cada semana surgen nuevos escándalos de diputados vinculados con el crimen organizado. Edgardo Buscaglia, uno de los mayores estudiosos del narcotráfico en México, lo tiene claro: “El corazón de la delincuencia” no son los narcos, sino los políticos. Por esta razón el fenómeno empeorará y los legisladores sólo actuarán cuando los asfixie el miedo de ser los siguientes asesinados. El último caso involucra al PVEM, partido aliado con el PRI: el diputado Ricardo Astudillo Suárez le abrió las puertas de San Lázaro a Germán Goyeneche Ortega, presunto operador de Héctor Beltrán Leyva.

Al Poder Legislativo ya lo infiltró el crimen organizado, como lo estuvo Italia y Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. En esos países, 68% de los congresistas fueron procesados por vínculos con grupos criminales, y todo indica que en México ocurrirá algo parecido, aunque aquí se actuará hasta que “todos los legisladores sientan el temor de que pueden ser los próximos asesinados… hasta que sientan el terror que sentían sus homólogos italianos y colombianos”.

Así resume Edgardo Buscaglia la vida política mexicana después del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de las apariciones de los legisladores Ricardo Astudillo (PVEM) y Ricardo Villarreal (PAN) junto a presuntos operadores financieros del narcotráfico.

Investigador en campo y aula del crimen organizado y la política, Buscaglia insiste: “Sí, el Poder Legislativo está tan infiltrado como en esos países”. Y va más allá. Revela que desde hace años “hemos observado indicios de infiltración al más alto nivel en el Estado mexicano”.

Cuando José Luis Santiago Vasconcelos estaba en la Procuraduría General de la República (PGR, de 1993 a 2006), “en 90% de las causas penales contra grupos criminales había indicios de corrupción política. Testimonios de testigos protegidos y corroboradas por otros. Pero no se abrían investigaciones por presiones políticas a pesar de que Santiago Vasconcelos lo deseaba. (No se abrían) por obvias razones, para no generarle un dominó de inestabilidad política a la élite en turno, al gobierno de turno”.

Adelanta: vendrán más casos de legisladores manchados por el narco. Y como sucedió en Colombia, Italia e Indonesia, cuando un grupo ataque a otro irá desenterrando evidencia. “Saltarán videos y ahí vas a empezar a ver diputados de todos los partidos porque, como en Colombia, ningún partido tiene el monopolio de la corrupción”.

–Ya asesinaron a un diputado federal, ya hay videos, fotografías… ¿Cuándo reaccionará el Poder Legislativo? –se le pregunta.

–Cuando todos tengan el temor de que pueden ser los próximos en ser asesinados por grupos criminales adversarios a los que les pagan. Ahí vas a tener un movimiento parecido al que sucedió en los países mencionados.

“Vas a empezar a ver a estos diputados poniéndose las pilas y fomentando mecanismos de control contra estas mafias. O sea, los diputados trabajando para la gente de Sinaloa se van a juntar con los que le trabajan a la gente de Michoacán y determinarán un mecanismo de contención y control de estos grupos, para que no se estén asesinando los unos y los otros.”

Uno esperaría que no se llegue a esto, detalla, pero “estos políticos corrompidos no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Entonces van a tener que esperar a sentir ese terror que sentían sus homónimos italianos antes de poner estos controles y no la simulación, la cortina de humo que ves en México”.

Buscaglia sugiere que la PGR instale una unidad especial para desmantelar las redes políticas de corrupción y delincuencia organizada. Esto implicaría que cada político sospechoso fuera investigado patrimonialmente en todo su entorno: familiar, comercial, de amigos, de fideicomisos, de paquetes accionarios. Todo.

“Se debe mapear la telaraña de relaciones patrimoniales, políticas y empresariales, porque en realidad el corazón de la delincuencia son los políticos y los empresarios legalmente constituidos, como personas jurídicas.”

Empero, entrevistado vía telefónica, Buscaglia considera que no habrá una “desestabilización política. Esas son excusas que dan los corruptos y los que los protegen. Cuando la corrupción es tan alta como en México, como lo era en Colombia, se necesita llegar a una crisis en donde se cuestione a las élites del poder y poder vaciar las cloacas”. Así, califica de “cínicos” a los dirigentes partidistas que arguyen que no son ministerios públicos para saber si sus candidatos están vendidos o no.

“Todos los partidos se autorregulan y denuncian irregularidades. Pero en México siguen defendiendo el alto nivel de corrupción al no abrirse a las auditorías para determinar sus fuentes de financiamiento y a dónde va a parar ese dinero. En los partidos mexicanos no se determina (fiscaliza) el dinero en efectivo. Se debe hacer sobre todo cuando hay una compra masiva de votos, como sucede hoy en México.”

Habría que seguir la hebra de las averiguaciones del crimen organizado, que “muchas veces te llevan al financiamiento de campañas políticas ilegales a nivel local, estatal o federal, con lo cual se cuestionarían los resultados electorales”.

De hecho, la PGR ya debería estar investigando a los actuales legisladores y a los que contendrán en 2015. Lanza la hipótesis a partir de la cual la Procuraduría debería iniciar su indagatoria: “Que la oficina del Presidente de la República ha sido infiltrada y que las máximas autoridades del Poder Legislativo han sido infiltradas a través de su staff o de sus financiamientos electorales de campaña. En un país con los niveles de delincuencia organizada como México, esas hipótesis de investigación son conservadoras. No son una exageración”.

Desde Sudamérica, donde se encuentra, finaliza diciendo que los últimos acontecimientos donde se han visto involucrados miembros del Poder Legislativo tienen que ser “un despertar para la sociedad”, para que se deje de “discursitos, y ver toda la gente que está sufriendo, los muertos, desaparecidos, y despertar al hecho de que su Estado ha sido capturado y reconfigurado por el crimen a su imagen y semejanza.

“No se va a resolver desde adentro. Debe haber una presión social”, y luego “sobrevenir una crisis en donde los políticos comiencen a denunciar, por miedo o por ética, a sus colegas metidos en las cloacas”, sentencia el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y Democracia.

La suciedad se pintó de Verde

El 6 de octubre de 2004 el Dalai Lama ingresó al edificio “E” de la Cámara de Diputados para dictar su conferencia Vida ética y compromiso social de los legisladores. Más tarde haría lo propio el hombre más rico de México, Carlos Slim.

Una década después y sobre ese mismo estrado, Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero del capo Héctor Beltrán Leyva, habló a legisladores federales.

El encargado de abrir las puertas de San Lázaro a un supuesto representante del narco fue Ricardo Astudillo Suárez, presidente del PVEM en Querétaro y actual diputado federal. Astudillo propuso a Goyeneche –afiliado al PVEM desde 2008– para presidir el Parlamento Ciudadano México (Pacime) y, el 7 de marzo pasado, para que formara parte del Consejo Consultivo de ese órgano social.

En la página web del diputado aparece una fotografía donde salen ambos, Astudillo y Goyeneche, celebrando la inclusión de este último en Pacime. A su vez, la Cámara de Diputados emitió el boletín número 3149, donde destaca la entrega que hizo Pacime de la iniciativa de Ley Ciudadana sobre Educación y Valores, “luego de la toma de protesta de los miembros de su consejo consultivo nacional”.

El diputado del PVEM expresó en su momento que el objetivo de su amigo en Pacime sería “fungir como puente de comunicación entre gobernantes y gobernadores y como fiscalizador del ejercicio público”.

En el comunicado de la Cámara de Diputados se destacó que el objetivo de la iniciativa de Pacime era “incluir la asignatura de Valores en el mapa curricular de la educación obligatoria en México”, pues desde la perspectiva de sus miembros, incluyendo a Goyeneche, “la decadencia de los valores y la desintegración familiar se reflejan en la alarmante práctica de la delincuencia en jóvenes”.

La misma organización que cobijó a Goyeneche, a propuesta del diputado Astudillo, difundió en ese momento que México vivía “momentos álgidos y se ha creado un abismo entre los actores políticos y la ciudadanía, por ello el parlamento es un instrumento que logrará acortar las distancias abismales entre los que más necesitan y los que más pueden”.

Justificaciones

Un día después de la detención de Héctor Beltrán Leyva en compañía de Goyeneche, el coordinador de los legisladores del PVEM, Arturo Escobar, dijo que “ningún partido está exento de eso (ser infiltrado por el crimen organizado)”.

Escobar intentó justificar su desconocimiento sobre las actividades del personaje aduciendo que el PVEM tiene 750 mil afiliados en todo el país “y, obviamente, no somos ministerio público y no podemos conocer la vida privada de la gente”.

Sin embargo, el viernes 4 la agencia Apro dio cuenta de que Goyeneche se acercó al PVEM en 2006 a petición del dirigente nacional de dicho partido, Jorge Emilio González Martínez, actual senador.

La expresidenta del PVEM en Querétaro Ivonne Vandenpeereboom Jiménez relató a Apro que la inclusión de Goyeneche “fue una imposición total”. Y relató: “De repente llegó a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”. Y como prueba de ello presentó copias del acuerdo CPN-3/2006, firmado por Jorge Emilio González Martínez.

Proceso publicó en el número 1978 que otro diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, legislador por el distrito 10 de Michoacán con cabecera en Morelia, cuenta con un familiar político, el notario público 97 de Morelia, que es señalado como presunto operador de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. El vínculo se desprende de lo declarado por un hombre que dicho cártel secuestró y llevó a la citada notaría para que cediera su casa a cambio de su libertad.

Al referirse al caso de Goyeneche, Arturo Escobar aceptó: “Al final del día yo diría que todos los partidos políticos, toda la vida pública de nuestro país está inmersa y sujeta a este tipo de riesgos. Lo único que nos queda es seguir encontrando instrumentos que nos permitan tener más seguridad sobre los afiliados, pero es sumamente complejo porque son afiliaciones de carácter masivo”.

El PRI y el PVEM se aliaron en las elecciones federales de 2012. Por ello, desde enero de 2013, los 214 diputados priistas y los 27 verdes realizan, como si fueran un solo partido, su reunión plenaria previa al inicio de sesiones en la actual Legislatura federal. Ahí, PRI y PVEM acuerdan qué iniciativas impulsarán y cómo debe de actuar políticamente cada uno de los 241 diputados priverdistas.

“Todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población. (…) Creo que esto está muy claro: quien obra mal algún día se sabe. De tal suerte que esto que ha salido a la opinión pública servirá para que no vuelva a suceder”, sostuvo Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los diputados del PRI.

Otro partido al que se le infiltró Germán Goyeneche Ortega, por lo menos en un acto político, fue al PAN. El pasado lunes, en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial de San Miguel de Allende, el diputado federal panista Ricardo Villalobos García tuvo entre sus aplaudidores al presunto operador del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva.

El coordinador de los diputados panistas, José Isabel Trejo, dijo el jueves 3: “La criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las instituciones públicas, pero también de las vidas privadas, de las empresas, de la sociedad. Son altamente corruptoras y poderosas”.

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