EL PASO, Texas (apro).- Martina ha puesto una hoja de cartón sobre la ventana que da a su patio trasero. Ella, una anciana de 79 años, vive en el barrio Chihuahuita en el centro de El Paso, Texas, y su patio colinda con el imponente muro fronterizo que divide a esta metrópoli con Ciudad Juárez. Martina clausuró la ventana a inicios de año porque se siente vigilada. “Aún más vigilada”, dice. La Patrulla Fronteriza ha instalado cámaras sobre el bordo del río Bravo que dan a su ventana. Además, siempre hay un patrullero justo sobre su patio trasero. En Falfurrias, Texas, un poblado conocido por ser la principal ruta que toman los indocumentados para llegar al norte de Estados Unidos desde la frontera con México, los hijos de Antonio, un hombre que ha vivido en esa ciudad por más de 15 años, preguntan si están en guerra. Lo dicen por los miembros de la Guardia Nacional, ataviados con uniformes camuflados, armas largas y cascos, que a inicios de septiembre pasado fueron comisionados a buscar cuerpos de inmigrantes víctimas del desierto. Los miembros de la familia Ávila muestran a los agentes de la Patrulla Fronteriza sus documentos migratorios al menos tres veces en cada viaje semanal que hacen hacia la frontera con México. Tres veces la madre de familia muestra su tarjeta de residencia, tres veces el padre y tres veces sus dos hijos. En la carretera que toman de Alice, Texas, a la frontera con México para visitar a su familia se encuentran con al menos tres retenes fijos de la Patrulla Fronteriza, sin contar las detenciones espontáneas que pueda ordenar un patrullero en carretera. La vida de Martina, de Antonio y de la familia Ávila se ha complicado desde el verano pasado. Tras una oleada de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, en su mayoría menores de edad no acompañados, el Departamento de Seguridad Pública de este estado, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional han unido fuerzas y han aumentado por miles la presencia de agentes en todas las ciudades y poblados del sur de Texas. Hasta ahora las autoridades no han especificado el número exacto de agentes enviados. Sin embargo el presupuesto estatal disponible en los archivos del estado de Texas para el mes de junio expone que se invierten cerca de 6 millones de dólares mensuales en policías estatales y unos 12 millones en la Guardia Nacional. Es decir, ahora los habitantes de las zonas fronterizas de Texas no sólo tienen que vérselas con la Patrulla Fronteriza, además con agentes estatales, un cuerpo elite tipo militar y en algunas zonas con milicias civiles formadas por grupos de ciudadanos antiinmigrantes. A inicios de septiembre el gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que se crearía una comisión de la Guardia Nacional para ayudar en las tareas de recuperación de cuerpos de los miles de indocumentados que fallecen en el condado de Brooks, donde se encuentra Falfurrias. Sin embargo, la sola presencia de los agentes nacionales ha sido impactante para los habitantes de este poblado, quienes aún no terminan de aclimatarse a la gigantesca oleada de inmigrantes. “Es pesado no sólo estar vigilados por la border (patrol) sino además ahora por la Guardia Nacional. No me sorprende que mis hijos pregunten que si estamos en guerra viendo hombres armados todo el tiempo alrededor de la casa”, dice Antonio, cuya vivienda se localiza al lado de una de las carreteras principales entre Falfurrias, Texas, y la frontera con México. Big Brother En El Paso, Texas, no se han desplegado miembros de la Guardia Nacional asignados a la vigilancia fronteriza, pero la presencia de agentes patrulleros, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y puntos de revisión desde y hacia Juárez se ha incrementado. De 2007 a la fecha el número de patrulleros se ha triplicado hasta alcanzar cerca de 3 mil, según datos de la propia dependencia. Sin contar con los miles de sensores de movimiento instalados sobre la franja fronteriza, las cientos de cámaras con visión diurna y nocturna y un alcance de varios kilómetros, y al menos un dron que va desde El Paso hasta el condado de Big Bend. Para Martina, quien ha encontrado migrantes en el patio de su casa en más de una ocasión, la excesiva vigilancia significa seguridad pero con costo a su privacidad. “Sí me siento más segura, porque ya no cruzan (migrantes) por aquí como antes, pero ahora tuve que clausurar esa ventana y ya no puedo estar en mi patio trasero sin que me esté viendo el border (patrol) o las cámaras, estoy como quien dice sin privacidad, saben todo lo que hago todo el día”, dijo. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una organización dedicada a registrar los abusos a los derechos humanos en Estados Unidos, afirma que este incremento en la vigilancia fronteriza ha hecho de zonas como El Paso, Falfurrias y otras ciudades texanas “un área militarizada que afecta no sólo a los indocumentados sino a los residentes legales que son sometidos a detenciones y revisiones injustificadas”. Algunas organizaciones de defensa de derechos humanos aseguran que la presencia de agentes estatales y de la Guardia Nacional no tiene la capacidad para tratar de manera digna con los residentes fronterizos ni con los indocumentados. La codirectora del Programa Fronterizo del Comité de Servicio de Amigos Americanos en San Diego, Adriana Jasso, dijo que el impacto en estas comunidades se puede sentir en los abusos a los derechos humanos. “Esta situación presenta problemas de capacitación en los agentes, resultando en mayores probabilidades de abusos de autoridad que pueden incluso manifestarse en el uso mortal de la fuerza, como ya lo prueban los casos de los inmigrantes muertos en San Diego, Anastacio Rojas y Valeria Tachiquín Alvarado”, dijo. De la misma opinión es el investigador y catedrático Josiah Heyman de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). “Comisionar a más agentes estatales que no están entrenados en derechos para migrantes puede resultar en tiroteos accidentales o arrestos injustificados. Esta gente no está entrenada y está en una misión poco o nada definida”, explicó. Al momento de anunciar el envío de la Guardia Nacional y de más patrulleros fronterizos a los límites entre Texas y México, el gobernador Rick Perry dijo estar haciendo lo correcto en un momento de “inacción del gobierno federal”. “Texas tiene la responsabilidad de actuar luego de las palabras vacías del gobierno federal”, argumentó en conferencia de prensa. Perry aseguró que lo anterior implica un riesgo: que mientras el gobierno federal “se ocupa de arrestar y deportar a los niños migrantes, los delincuentes siguen siendo una amenaza”, refiriéndose a traficantes de personas, de drogas y a los cárteles mexicanos. Junto con el gobernador, el jefe administrativo militar, John Michols, dijo que las tropas de la Guardia Nacional disuadirían a la oleada de migrantes que intentan cruzar de manera ilegal a Estados Unidos por Texas y “no detendrán a ninguna persona, aunque las tropas podrían hacerlo si se les solicita”. Estrategia político-militar Pero la reciente medida de militarizar e hipervigilar la frontera podría no responder a una estrategia de seguridad, sino a una político-militar, considera el doctor en Estudios Mexicoamericanos, Alfonso González, de la Universidad de Texas en Austin y autor del libro Reforma sin justicia. “En la zona sur de Texas se está llevando a cabo una estrategia político-militar, en donde la Oficina de Detención y Deportación (ICE) y la Patrulla Fronteriza se están combinando en una estructura militar”, dice en entrevista con Apro. “Esta estrategia no es sólo por el control de la migración sino para facilitar el comercio entre México y Estados Unidos, precisamente cuando México sufre inestabilidad por la violencia y su situación político-social”, añade el investigador. González ha recabado testimonios de lo que, afirma, es consecuencia de esta vigilancia extrema sobre el tema migratorio y la frontera sur de Estados Unidos. “Sé que la mayoría de las cortes migratorias en Texas están negando fianza a las mujeres indocumentadas madres de familia y a sus hijos bajo el pretexto de que dejarlos salir sería un peligro para la seguridad nacional”, relata. La hipervigilancia ha complicado no sólo la vida de los habitantes de la frontera sino de los mismos miembros de los organismos de seguridad: la comunicación entre agencias en el terreno se vuelve casi imposible desde que usan distintos sistemas de radiocomunicación. Ello ha provocado situaciones de riesgo. El 29 de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza perseguían a unos presuntos inmigrantes en un poblado al oeste de Brownsville, De improviso, los agentes se enfrentaron cara a cara con un hombre armado. Uno de los agentes disparó su arma sin lograr herir al hombre, quien luego se identificó como miembro de una patrulla civil. Esto lo reconoce el propio jefe de la Patrulla Fronteriza en el área del Valle de Río Grande, Kevin Oaks: “Lo peligroso está en que hay varias agencias patrullando, incluyendo estas personas civiles. Todos juntos en la misma frontera y que pueden parecer miembros de los cárteles mexicanos de las drogas”, explica a Apro. Un agente estatal entrevistado por el reportero en el Valle del Río Grande asegura que a pesar de que hay coordinación antes de salir a patrullar, desconoce cómo interactuar con otras agencias policiales, especialmente con la Guardia Nacional y las milicias civiles. “Cada turno antes de salir a terreno nos coordinamos con las demás agencias, con la Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional y otros agentes estatales. Las milicias civiles no están dentro de nuestra coordinación”, comenta. Desprotegidos Mientras Martina, Antonio y la familia Ávila intentan continuar sus vidas cerrando ventanas, intentando ignorar a los hombres armados que cruzan sus patios o portando sus documentos migratorios en todo momento, hasta ahora desconocen quién podría apoyarlos en caso de algún abuso o incidente con algún patrullero. “Nosotros ya nos la sabemos, traer siempre nuestra residencia o las actas de nacimiento a la mano por los retenes. Lo que sí no sabemos es que si un día nos quieren detener o encerrar por alguna razón, qué vamos a hacer”, explica el padre de la familia Ávila. Los Ávila, por seguridad, anteriormente no portaban sus documentos migratorios. “No nos queríamos arriesgar a perderlos”, dijo Ávila. Pero desde que el número de retenes se incrementó, ahora la seguridad es portarlos en todo momento. Martina, desde su pequeña casa en el pintoresco barrio Chihuahuita, también desconoce a quién acudir a denunciar lo que considera acoso. “No sé si ir ahí con la border (patrol) a decirles que ya casi casi están en mi cocina o con quién hablar para que se den cuenta que como quien dice me están acosando con tanta vigilancia hacia mi propiedad”, dice la anciana. James Duff, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), considera que tanto los habitantes de las zonas fronterizas como los indocumentados corren un riesgo: la ausencia de instituciones de denuncia. “El problema más fuerte consiste en que no hay nadie que supervise las acciones de estas agencias fronterizas y estos agentes no entienden los límites de su autoridad”, remata.