MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a los señalamientos del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que había descalificado las propuestas oficiales por considerarlas “imprecisas” e “incompletas”, el gobierno federal admitió su incompetencia para resolver las exigencias de abrogar el Reglamento Interno y cancelar definitivamente los planes y programas de estudio de la institución, génesis del conflicto, y aceptó la instalación de un Congreso Nacional Politécnico propuesta por el colectivo. Así lo explica el documento de ocho cuartillas que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregado este mediodía a representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) por parte de los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda, y de Educación Superior, Fernando Serrano. “Reconocemos el apego al principio de legalidad en el documento entregado por la asamblea, en el sentido de que la SEP por sí misma no puede cancelar el Reglamento Interno de fecha 24 de septiembre de 2014 (…) El apego a la legalidad de la Asamblea permite reconocer que son las instancias competentes del IPN las que acuerden respecto a la vigencia de los planes y programas”, se lee en los dos primeros puntos del documento que revalida como vigente el Reglamento Interno publicado en 1998 y reformado en 2004. Así, y con el objetivo de generar “consensos” y “propuestas” que “conduzcan” a la solución del conflicto, explica, el gobierno propone la integración de una mesa de diálogo público que tenga como fin la instalación del Congreso Nacional demandado por los politécnicos. La mesa de diálogo, dicen las autoridades, sesionaría públicamente con la participación de 10 representantes del gobierno y 10 elegidos por la AGP, que podrían ser rotados cada sesión. Las reglas se pactarían en el primer encuentro y la difusión estaría a cargo del canal 11. Entre otras cosas, se establecerían ahí las vías para concretar la cancelación de los planes y programas de estudio “cuestionados”, incluyendo el nivel medio superior, entre otras demandas del pliego petitorio. Lo que el gobierno aún no ha concedido es lo que el movimiento llamó la “democratización” del IPN, donde advirtió que desconocería a cualquier director interino que no fuera elegido mediante el voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica. “En apego al principio de legalidad, el director y el secretario generales deben ser nombrados conforme a los preceptos de la ley vigente. En su caso, puede considerarse la designación de un director que durará hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico”, apunta el gobierno, argumentando que “no puede dejarse de lado la inmediata atención” a las propias demandas del movimiento, que corresponde tomar a las máximas autoridades del Instituto. Sobre las exigencias de elevar a 8% del Producto Interno Bruto el presupuesto para la educación pública en el ejercicio 2015, así como a 2% del PIB lo destinado para investigación, ciencia y tecnología, el gobierno federal, a través de la SEP, respondió: “La Mesa de Diálogo Público podrá analizar los caminos y los procedimientos para someter a las instancias competentes las solicitudes respectivas. El gobierno de la República continuará, como lo ha venido haciendo, proponiendo incrementos presupuestales para fortalecer la calidad de la educación y de la investigación que imparte el IPN”, apunta el párrafo dedicado al tema. Por último, el gobierno niega que el Instituto Tecnológico Nacional de México, anunciado este año por Enrique Peña Nieto, se vincule en sus atribuciones con el IPN, según el documento que será discutido desde hoy en las distintas asambleas del IPN, para después determinar en la AGP si se levanta o continúa el paro indefinido del Politécnico.