MÉXICO, D.F. (apro).- A raíz de una visita que realizó Rosa María Ortiz, relatora sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México, a partir del lunes 6, se alarmó ante la ausencia de reacción del Estado frente a las consecuencias de la violencia sobre los menores de edad. Ortiz lamentó que el gobierno mexicano careciera de un registro de los niños y adolescentes desaparecidos –en los que entran los 43 normalistas de Ayotzinapa–, de los 2 mil menores asesinados y/o mutilados desde 2006, de los huérfanos, así como de los desplazados debido a la violencia, y recordó la “obligación de investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial”. Del mismo modo, denunció que, a pesar de los operativos llevados a cabo en los albergues “Casitas del Sur” y “La Gran Familia”, en los que las autoridades rescataron 15 y 458 menores, respectivamente, el Estado sigue sin llevar a cabo un registro completo de los niños ahí hospedados. Estos centros ni siquiera se encuentran regidos por una reglamentación, apuntó la funcionaria regional, al considerar que es inaceptable “que las casas u hogares no estén debidamente regulados ni supervisados”. La relatora de la CIDH insistió en que las autoridades deben optar por la separación familiar como medida excepcional. Antes de fracturar las familias, el Estado está obligado a poner en marcha programas cercanos a los padres, en sus comunidades, para fortalecer sus capacidades de cuidar a sus hijos en vez de quitárselos. Al “entrar en contacto con las autoridades”, los niños callejeros sufren una “revictimización”, advirtió Ortiz. “La CIDH observa con preocupación la ausencia de programas efectivos de apoyo a estas comunidades”, añadió. Asimismo, recordó que cerca de 7.25% de niños de entre 5 y 14 años de edad en zonas urbanas sufre de desnutrición crónica, mientras que esta cifra se duplica en las zonas rurales y “afecta aún más a sectores como las poblaciones indígenas”. En contraste, unos 4.1 millones de niños en edad escolar padecen de obesidad en el país, precisó la relatora. A pesar de la iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus promesas de una mejoría en la política del sector, Ortiz criticó los “viejos patrones de falta de coordinación y de enfoque de derechos”. La relatora pudo observar que los niños migrantes se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad” durante su cruce por México, donde enfrentan el riesgo de convertirse en víctimas de secuestro, trata de personas, explotación laboral y sexual, robos o ser reclutados por la fuerza por el crimen organizado. “Cerca de 80% de los niños transitan hacia Estados Unidos con el objetivo de encontrar a uno o ambos de sus padres. El resto lo hace principalmente para escapar de la violencia, lo que explica los altos índices de reintento de estos niños”, planteó Ortiz. Y no sólo eso: cuando las autoridades migratorias los capturan, los detienen y entregan directamente a los centros del DIF, donde se alojan a la espera de su deportación. “Ningún niño o niña en los lugares visitados solicitó asilo o refugio”, comentó Ortiz. Al investigar, la relatora se enteró de que los niños ignoraban su destino, ya que no contaban con asistencia jurídica. Las difíciles condiciones de los niños migrantes no sólo afectan a los indocumentados extranjeros, también a los mexicanos que las autoridades estadunidenses deportan en el norte del país. Las condiciones de salud de estos niños son “deplorables”, se alarmó Ortiz, al mencionar enfermedades contraídas por el frío extremo de los centros de detención en Estados Unidos, los pies ampollados no tratados o la falta de documentación.