Gobierno de Aguirre utiliza a narcotaxistas como grupo de choque contra estudiantes

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.

“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, dijo un chofer a Apro.

Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis administrados por el narco en ‎las principales ciudades de la entidad.

Autoridades estatales y dirigentes sociales han reconocido que en Chilpancingo circulan ‘narco-taxis’ y la característica principal es que la numeración de estas unidades va del 520 en adelante.

Los transportistas convocados por los líderes de las organizaciones Grupo Élite y Nuevo Horizonte para Guerrero arribaron a las 10:00 horas a la explanada del edificio ‎que este lunes 13 fue destrozado por normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes y castigo a los responsables de la masacre de Iguala.

Los choferes ocuparon las calles aledañas a la sede del gobierno estatal, vestidos de civil, como se los ordenaron sus jefes, y a bordo de unidades de transporte público.

El medallón de taxis y vehículos tipo Van exhibían leyendas que condenan las protestas de los normalistas: “La violencia afecta la economía del estado”, y paradójicamente tenían marcada la campaña impulsada por el gobierno estatal para localizar a los normalistas desaparecidos.

Algunas de estas unidades son consideradas como “pirata” y señaladas de ser utilizadas por la delincuencia organizada para cometer crímenes y realizar funciones de “halconeo”‎ en esta capital.

A pesar de que las autoridades han informado que policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos atacaron a estudiantes, futbolistas y civiles, y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utiliza a transportistas ligados a la delincuencia para contener las protestas.

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