Teletón: negocio privado con fondos públicos

Expertos de la ONU son contundentes: En sus campañas para obtener fondos, la Fundación Teletón “atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad” y “refuerza los estereotipos” en torno a ellas. Y agregan que la supuesta labor filantrópica de esa institución privada le da pretexto al gobierno para dejar de cumplir una de sus funciones irrenunciables, sin contar con los ríos de dinero y bienes públicos que los estados de la República le hacen llegar a la instancia encabezada por Fernando Landeros.

El pasado 30 de abril el panel de expertos del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de la ONU, solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto que detallara las medidas adoptadas para “supervisar y combatir las campañas, programas y mensajes en medios de comunicación de masas que atentan contra la dignidad de las personas con discapacidad y refuerzan los estereotipos, como es el caso de las compañas del Teletón”.

Esta solicitud de información fue sugerida por la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual participó en una ronda de consultas a las organizaciones de la sociedad civil realizada por el CDPD.

Este comité quería verificar que el Estado cumpliera sus compromisos internacionales de “luchar contra los estereotipos y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad” y “promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas”, como establece el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificado por México en 2008.

Tras seis meses de investigación, el CDPD convirtió la pregunta en dos críticas. En su informe final –hecho público el viernes 3– reiteró que la campaña del Teletón, el cual difunde Televisa desde 1997, “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” y no de derecho.

En entrevista telefónica con Proceso, Jesús Toledano Landero, director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), aseveró que esas campañas “proyectan una imagen de caridad pública, de conmiseración”.

El CDPD también observó que “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado parte” están administrados por la Fundación Teletón, por lo cual instó al Estado a “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas del Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.

Ante la polémica desatada por la recomendación de la ONU, el presidente y fundador de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, afirmó en entrevista con el diario 24 Horas el jueves 9, que el comité no realizó una “investigación seria con el rigor profesional que amerita la institución” sino “se basó en notas informativas y comentarios de algunas organizaciones civiles” para emitir su “opinión”.

Tachó de “irresponsables, superficiales y ligeras” las observaciones del comité, pues la fundación que encabeza “no recibió un peso del gobierno federal”. Denunció que “jamás se solicitó a la Fundación un solo dato ni se lo solicitó a algunos de los 20 centros de rehabilitación que tenemos” y añadió: “Se nos negó la oportunidad de ser escuchados”.

El martes 7, durante un encuentro con Landeros, Carlos Ríos Espinosa, del comité de expertos de la ONU y exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le hizo ver que como organización de la sociedad civil, la Fundación Teletón tenía la posibilidad de participar en la elaboración del informe, como las demás organizaciones comprometidas en el tema de la discapacidad. No lo hizo.

No obstante, dos días después el director de la Fundación Teletón se presentó como víctima de una campaña en su contra.

“No se trata de un tribunal”, reaccionó Ríos Espinosa en carta abierta publicada el viernes 10. Precisó que “el Comité no tiene facultades para solicitar información a instancias diferentes del Estado”.

Lamentó que “su desconocimiento (el de Landeros) sobre los procedimientos de los órganos de tratados de Naciones Unidas lo lleve a descalificar a un órgano que está integrado por los más reconocidos expertos internacionales, quienes además tienen ellos mismos una discapacidad”. Y señaló: “La descalificación basada en el desconocimiento no es la mejor vía para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad”.

Sangrías estatales

Toledano dice a Proceso que el Teletón “no recibe financiamiento del gobierno federal”. En su informe, la ONU no habla del gobierno federal sino del Estado mexicano, del cual forman parte las entidades federativas. Y desde 1997 éstas entregan cantidades millonarias a la Fundación Teletón, en efectivo y en terrenos para la construcción y operación de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

La Agencia Proceso ha documentado cómo en años recientes varios gobernadores, empezando por Enrique Peña Nieto cuando estaba al frente del Ejecutivo del Estado de México, respaldados por operativos mediáticos, se han comprometido a entregar sumas millonarias de dinero público a los CRIT, ya no sólo por pagos únicos, sino durante años. El 4 de noviembre de 2011, el entonces gobernador mexiquense decidió que la entidad a su cargo entregaría 73 millones de pesos anuales al Teletón hasta 2022.

En Puebla son 38 los millones anuales que prometió Rafael Moreno Valle a la Fundación Teletón en marzo de 2011, durante la inauguración del CRIT construido en siete hectáreas de lo que resta de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, en ceremonia a la cual asistió el entonces presidente Felipe Calderón.

El 25 de febrero de 2013 el entonces gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, entregó un terreno de 37 hectáreas –cuyo valor fue estimado en 140 millones de pesos– a la Fundación Teletón para la construcción de un CRIT. Lo acompañó de una promesa de dar 40 millones de pesos anuales durante una década. Durante el espectáculo televisivo del Teletón en diciembre de 2012, Vallejo apareció en el escenario de Televisa y entregó en vivo otros 27 millones de pesos.

En Baja California, el pasado 17 de junio el gobernador Francisco Vega de Lamadrid urgió al Congreso estatal aprobar el donativo de 42 millones de pesos anuales al Teletón durante diez años, más 40 millones para 2014. La solicitud del mandatario fue aprobada dos días después.

En Querétaro el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa anunció en marzo de 2011 la entrega de un paquete de más de 860 millones de pesos a diez años para el nuevo hospital oncológico del Teletón, para cuya construcción regaló 33 hectáreas.

Además, si bien el gobierno federal asegura que no entregó dinero a la Fundación, en diciembre de 2012 el recién electo Peña Nieto apareció en un promocional en el cual invitó los mexicanos a “caminar juntos” en favor del Teletón. El 8 de diciembre de ese año hizo el primer donativo del espectáculo televisivo, y un año después invitó “a todos los mexicanos a que donen” a esa instancia.

“Somos una federación en la que cada entidad federativa es independiente”, precisa Toledano y agrega: “Sólo una organización está siendo apoyada, cuando tenemos cerca de cuatro mil en el país”.

La Fundación Teletón se enorgullece de contar con “el Sistema de Rehabilitación Infantil más grande del mundo”, según su fundador.

Las donaciones son deducibles de impuestos. “Deducibilidad no significa evasión”, subraya el Teletón en su página, para descartar las sospechas de que las grandes empresas donan a la fundación a fin de obtener campañas publicitarias gratuitas y salir ganando incluso con devoluciones fiscales.

El 31 de diciembre de 2011 los activos de la fundación se elevaban a 4 mil 836 millones de pesos, según la auditoría que llevó a cabo la compañía privada PricewaterhouseCoopers.

La crítica del CDPD reside en que tras la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el Estado mexicano se comprometió a atender a los derechos de la población con discapacidad, entre ellos el de la salud.

La recaudación que obtuvo la Fundación Teletón durante su espectáculo televisivo del año pasado –más de 473 millones de pesos–, equivalió a poco menos de la mitad del presupuesto que dedicó el gobierno federal al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en 2013, que fue de mil 43 millones de pesos.

El INR, encargado de dar atención médica especializada a personas con discapacidad –niños y adultos–, sólo tenía 2 mil 477 plazas laborales en 2013, 13% de ellas dedicadas al personal administrativo y de apoyo. La Fundación Teletón, “institución privada sin fines de lucro”, afirma por su parte contar con un personal médico especializado de tres mil miembros y atender a “más de 75 mil niños”.

En su plan de trabajo 2013 el INR señaló “los insuficientes espacios físicos para dar atención acorde a la creciente demanda de servicios”, “la insuficiencia de personal médico, paramédico y de apoyo”, “la obsolescencia de equipo médico e informático” y el “insuficiente mantenimiento de equipo médico y de instrumental quirúrgico, así como deterioro del existente”.

Según el análisis externo del mismo documento, el INR se enfrenta al “incumplimiento de metas por presupuesto insuficiente”, una “baja productividad científica y pérdida de competitividad derivada de un insuficiente aporte financiero federal para la investigación” y la “obsolescencia de equipos e instalaciones por limitaciones presupuestales y falta de recursos”.

Presupuesto a la baja

El gobierno de Peña Nieto ha aumentado el presupuesto asignado al conjunto de programas que benefician a las personas con discapacidad, que pasó de 2 mil 143 millones de pesos en 2012 a 2 mil 617 millones en 2014, según el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Pero si bien el presupuesto dedicado a la educación pública se duplicó entre 2013 y 2014, al pasar de 430 millones de pesos a 898 millones de pesos, esto se debe esencialmente a la creación de un programa de becas, dotado de un fondo de 607 millones de pesos. El programa de educación especializada, por su parte, vio su presupuesto recortado de 430 millones en 2013 a 291 millones en 2014.

En entrevista con Proceso al terminar su visita a México, del lunes 6 al martes 14, la relatora sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz afirmó que “no es con tantas becas que benefician a miles de niños que se puede satisfacer una política pública”.

En el sector de la salud, el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PAPD) sufrió un corte drástico: su presupuesto fue dividido entre seis entre 2013 y 2014, al pasar de 250 millones de pesos a apenas 40 millones. En 2009 tenía un fondo de 477 millones de pesos.

A través de este programa, bajo la supervisión del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el gobierno federal financia en su totalidad proyectos promovidos por los DIF estatales y municipales, así como las organizaciones de la sociedad civil.

“La discapacidad no se enfoca solamente en este programa”, señala Toledano y asevera que el DIF nacional operó un reajuste en la asignación de recursos dedicados a la población con discapacidad, que repartió en sus programas de atención a la población infantil, a la población vulnerable, a la población indígena y a las personas mayores.

Según sus Reglas de Operación 2014, el PAPD abarca los proyectos que promueven acciones de salud, desde el otorgamiento de muletas, prótesis y medicamentos hasta atención médica o pago de estudios clínicos, pasando por campañas de educación.

Asimismo el programa financia la remodelación, la construcción y el equipamiento de espacios para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad y apoya los proyectos de inclusión laboral o desarrollo educativo.

En 2013, mientras el programa todavía contaba con un presupuesto de 250 millones de pesos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) realizó una auditoría, publicada en julio pasado, en la que estimó en 61 mil 660 el número de personas beneficiadas.

Esta cifra, “significativamente mayor a la que se esperaba” –13 mil 793–, sólo representó 1.23% del total de la población con discapacidad en México.

En su reporte, el CDPD se mostró preocupado ante el hecho que el Estado mexicano “no cuente con datos estadísticos actualizados acerca de la situación de las personas con discapacidad”.

Según la auditoría del Coneval basada en el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, ese año vivían en México 4 millones 527 mil personas con discapacidad.

Sin embargo la página de internet del INEGI cita el mismo censo de 2010 y la estima en 5 millones 739 mil personas. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012 calculó por su parte que la población con discapacidad ascendía a 6.9 millones. Y según los datos que dio el gobierno mexicano a la ONU, serían 7.7 millones. La cifra “mas real que tiene México”, dice Toledano.  

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