En el Senado, PRI, PAN y PVEM presionan para que Aguirre pida licencia

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de varias horas de negociaciones entre los coordinadores parlamentarios, las bancadas de PRI, PAN y PVEM demandaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que se retire del cargo.

Además, acordaron prolongar hasta el jueves 30 la fecha límite para que la Comisión de Gobernación determine si procede o no la desaparición de poderes de la entidad, a petición de los legisladores de Acción Nacional.

A nombre de la bancada del PRI, Arturo Zamora Jiménez fijó en el pleno la posición de su partido y estableció claramente que “no hay posibilidad alguna de avanzar en la solución racional de la situación en Guerrero, en tanto el gobernador permanezca en el cargo.

“Existen claros motivos para determinar que el Poder Ejecutivo de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ocasionando un vacío de poder en esa entidad”, afirmó Zamora, en lo que representó un giro de 180 grados en la posición anterior del PRI, partido que había señalado que Ángel Aguirre debía permanecer en el cargo hasta solucionar la crisis derivada de la muerte y desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Lo invitamos a que, en un acto de responsabilidad política, considere seriamente presentar su renuncia al cargo para contribuir, de esta manera, al restablecimiento de la paz social en el estado de Guerrero”, subrayó el senador del PRI.

Por su parte, el senador del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó que la desaparición de poderes es una manera de dar cauce institucional a este problema y resolver el conflicto social, pues “hay un enorme encono en la sociedad que estas acciones han generado”.

“En el PAN esperamos que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo que ostenta pero no ejerce, y que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero”, puntualizó el legislador que presentó la posición de su bancada.

Antes del debate en el pleno, el coordinador de los panistas, Jorge Luis Preciado, afirmó que se negociaba en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se prolongara el plazo hasta el 4 de noviembre para que la Comisión de Gobernación determinara si existen condiciones para decretar la “desaparición de poderes” en esa entidad.

Finalmente, el acuerdo fue que la fecha límite se acortara al 30 de octubre. La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz, explicó que se recibieron documentos públicos, a través de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero, para determinar si se encuentran totalmente integrados.

Investigación “caiga quien caiga”: Encinas

En una posición particular, el senador del PRD, Alejandro Encinas, admitió que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, debe solicitar licencia porque “no se puede renunciar a un cargo de elección popular”, y propuso cuatro prioridades para resolver “la peor crisis de seguridad y de Estado”.

Encinas estableció que son necesarias la “presentación inmediata de los 43 estudiantes normalistas”; que se establezcan “las responsabilidades que permitan identificar a autores materiales e intelectuales”; esclarecer las responsabilidades en que incurrieron autoridades “por omisión o por complicidad”, y “establecer el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los partidos políticos”.

El senador perredista afirmó que “tenemos una crisis profunda en nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver. Queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador, el procurador estatal de Justicia, o miembros del Congreso del estado de Guerrero”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, estableció que tanto el gobierno estatal como el federal son responsables de lo que acontece en Guerrero, pero de acuerdo con la Carta Magna, el presidente tiene como obligación preservar la seguridad nacional y de garantizar las condiciones de gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio frente a los factores externos e internos que alteran la convivencia social.

Bartlett afirmó que el Senado debe actuar con una gran responsabilidad porque, de lo contrario, “vamos a seguir diluyendo” al Estado en la corrupción e ineficacia en la que se encuentra.

Después de finalizar la sesión, el senador del PRD y de Guerrero, Armando Ríos Pitter, aclaró que la decisión respecto a si Angel Aguirre se va o se queda “es algo que todos los grupos parlamentarios dejaron en claro que la tiene que tomar él”.

Más aún, Ríos Pitter aclaró que la licencia de Aguirre “no puede ser una decisión tomada a la luz de intereses partidistas

 

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