MONTERREY, N.L., (apro).- El diputado oaxaqueño Jefté Méndez Hernández anunció que busca crear una asociación nacional de personas perjudicadas por testigos protegidos, con el fin de armar estrategias legales conjuntas que los amparen de esa figura jurídica que, apuntó, ha afectado a muchos inocentes. En entrevista, el legislador de Nueva Alianza (Panal) dice que conoce 75 casos de personas indebidamente encarceladas por los testimonios de coadyuvantes en las investigaciones, aunque los afectados, apunta, deben contarse por cientos en todo México. De acuerdo con el diputado plurinominal, ha contactado a personas que han visto arruinadas sus vidas por los testimonios de colaboradores pagados por el gobierno federal y que han servido para afectar únicamente a enemigos del régimen en turno. Con esta asociación, que empezó a promover en septiembre, Méndez Hernández busca derogar la Ley Federal de Testigos Protegidos, creada en el sexenio de Felipe Calderón y que, sostiene, no ha podido apuntalar sólidamente ningún proceso judicial. “Hay una constante en todos estos expedientes: son testigos protegidos que pasaron de ser delincuentes a colaboradores de la Procuraduría General de la República (PGR). Uno por uno de todos los casos se han ido cayendo mediante resoluciones judiciales, porque dichos testimonios carecen de sustento y veracidad y no han sido corroborados por otra persona”, dice. Por ese motivo, el legislador recorre el país para inscribir a empresarios, políticos, funcionarios y gente de la sociedad civil que desee integrarse a la asociación para comprobar su inocencia ante las aberraciones del uso de los testigos colaboradores que han recibido pago por declarar y hasta se han beneficiado con protección de escoltas. Asegura que ya ha contactado a familias afectadas de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz, y han demostrado interés por unirse a la causa. Y detalla que los dichos de José Salvador Quintanilla, El Pitufo, testigo protegido, aparecen en unos 300 expedientes de la PGR. Otro de estos colaboradores, identificado como Paco, no existió nunca, añade, pues se identifica con una credencial falsa del Estado de México. Méndez Hernández, originario de la comunidad zapoteca San Baltasar Guelavila, en Oaxaca, explica que la iniciativa está motivada por el “injusto encarcelamiento” de su amigo Luis Díaz Pantoja, exalcalde de San Pedro Totolapam, detenido por señalamientos de los testigos protegidos El Pitufo y Paco. Al momento de ser apresado (el 10 de octubre de 2013) por delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico, Díaz Pantoja era diputado electo por Nueva Alianza. Según Jefté, El Pitufo acusó al exalcalde oaxaqueño de transportar mariguana por el Istmo de Tehuantepec hacia la capital de Oaxaca por caminos de terracería y a través de algunos municipios de Tabasco. Actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora. El testigo protegido que lo incrimina describe físicamente a Díaz Pantoja con una manera que no encaja en su fenotipo, apunta. De acuerdo con versiones de prensa, El Pitufo y Paco se encuentran desaparecidos y no han podido acudir al llamado de los jueces que los ha requerido, por lo que los casos que los involucran están empantanados. El expediente del exalcalde oaxaqueño está en el juzgado cuarto de Toluca, cuando el delito por el que se le acusa fue cometido en Oaxaca, lo cual habla de una estrategia de la PGR, pues al estar el caso lejos de los familiares del inculpado, el proceso se retarda, señala el entrevistado. Según Méndez Hernández, el exdiputado fue encarcelado como una revancha de Felipe Calderón por haber declarado que la estrategia federal contra el crimen fracasaría por los atropellos recurrentes a personas inocentes de parte de las autoridades. Y recuerda que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió una recomendación al juez para que revalorara la causa de Luis Díaz Pantoja, pero fue ignorado. En la conformación de la asociación colabora el abogado Humberto Aguillón Ordóñez, quien dice que defendió a Javier Herrera Valle, comisionado nacional de la Policía Federal Preventiva, y a Noé Ramírez Mandujano, exsubprocurador de la desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Los dos ya están en libertad. La asociación también buscará que tras quedar derogada la ley de los testigos, también sean sancionados por el uso ilegal de esta figura jurídica el expresidente Felipe Calderón, la exprocuradora general de la república, Marisela Morales, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.