MÉXICO, D.F. (apro).- A 26 días de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y más de 15 días de la localización de fosas clandestinas en ese municipio, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emitió medidas cautelares “con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daño de difícil reparación en la investigación de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre”. Las medidas solicitadas por el ombudsman nacional a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Guerrero, ocurren 18 días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera lo propio desde Washington y ahora está en espera de la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la localización de los estudiantes desaparecidos, la protección a los sobrevivientes y el esclarecimiento del caso. En un comunicado, la CNDH informó que instruyó a los responsables del “levantamiento, manejo y conservación de cadáveres” localizados en fosas clandestinas que “tomen las medidas para custodiar y preservar debidamente los mismos, así como el lugar de los hechos, las pruebas, evidencias e indicios que se obtengan en el curso de las investigaciones y evitar que dicha información sea manipulada, alterada o sustraída”. El organismo pidió a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que “atiendan adecuadamente a las víctimas” y que cuando tengan información sobre la identidad de los restos localizados en las fosas, “lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como los avances respecto de las investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno y la y la asistencia que requieran”. En el caso de los cadáveres de personas privadas de la vida encontradas en las fosas y que no han sido identificadas, Plascencia Villanueva solicitó a la procuraduría estatal garantías para que se lleve a cabo “un marco mínimo necesario” para la procuración de justicia, “así como la adecuada y rápida identificación de los cadáveres; asimismo, observar las obligaciones de coordinación con autoridades, en términos de lo que establece la Constitución, la Ley y los estándares internacionales en la materia”. Plascencia Villanueva emplazó a las autoridades a dar una respuesta en los próximos dos días y determinó que las medidas tendrán que ser efectivas en un plazo de un mes, aunque el plazo podría ser prolongado “por el tiempo que resulte necesario”. En el comunicado, la CNDH sostuvo que “continuará con su investigación de violaciones graves a derechos humanos, para conocer lo que ocurrió en el municipio de Iguala, así como la desaparición de los estudiantes”. En víspera de este anuncio, en conferencia de prensa para hablar de la ejecución arbitraria de 22 personas a manos de miembros del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el presidente de la CNDH fue cuestionado sobre el caso de Ayotzinapa. El ombudsman respondió que, por tercera ocasión, la CNDH ejerció su facultad para investigar casos graves de violaciones a derechos humanos por lo que desplegó en Iguala a 20 visitadores adjuntos, que se han llevado a cabo “423 entrevistas, certificaciones médicas, atenciones psicológicas, 149 visitas y solicitudes de información”. Tras recordar que en diciembre pasado presentó un informe especial sobre las autodefensas en Guerrero, en el que se daba cuenta de la colusión de autoridades municipales con la delincuencia, y que fue “plenamente ignorado” por el gobierno de Ángel Aguirre, Plascencia Villanueva dijo que los seis homicidios y las 43 desapariciones forzadas son “una muestra del margen de impunidad que priva en esa entidad federativa en donde claramente podemos observar que el derecho simplemente y sencillamente no opera y que las instituciones públicas no están funcionando, ya no prevenir la comisión de los delitos ni tan siquiera para perseguir a los autores”.