MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que califiquen como constitucional las solicitudes de consulta popular sobre la reforma energética, como un reconocimiento a “un derecho ciudadano fundamentado en los convenios y tratados internacionales” firmados por México. Este martes la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) entregó una carta a los 11 ministros de la SCJN en la que refieren que las dos solicitudes de consulta presentadas los partidos Morena y PRD consideran pertinente someter a consideración de los ciudadanos la “posibilidad que se otorguen contratos o concesiones a particulares para la explotación del petróleo, de otros hidrocarburos, del gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, y consecuentemente a la aceptación o no por parte de la ciudadanía de las reformas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28”. Para las 74 organizaciones civiles agrupadas en la Red TDT las peticiones de consulta energética atienden un tema de “trascendencia nacional, debido a que esta reforma atenta contra la soberanía nacional en tanto que la explotación de los recursos naturales hecha por particulares puede ponerla en riesgo, así como los intereses territoriales de los pueblos indígenas”. En la misiva, recuerdan a los ministros que tanto el PRD como Morena cumplieron con los requisitos establecidos en el 35 constitucional y en la Ley Federal de Consulta Popular, con más de dos millones de firmas que representan 2% de los inscritos en la lista nominal, acción que ya fue validada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Las ONG destacan que “no hay razón para que la materia incluida en ambas solicitudes pudiera ser considerada inconstitucional para efectos de la consulta popular”, debido a que en ningún caso los planteamientos tienen que ver con las excepciones señaladas en el 35 constitucional ni con “las facultades de los órganos del Estado para la obtención de los ingresos y para la decisión de la aplicación del gasto pública, ni con la manera de realizar una y otra de estas facultades”. Por ello, demandaron continuar con el procedimiento para que en la próxima jornada electoral se lleve a cabo la consulta popular sobre la reforma energética solicitada por millones de ciudadanos. En seis cuartillas, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez solicitó a los ministros de la SCJN “realizar las modificaciones conducentes a las preguntas incluidas en las dos solicitudes, integrándolas en una sola que derive directamente y que sea congruente con la materia de la consulta, que sea comprensible y que permita una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”. Para los firmantes una resolución de la constitucionalidad de la consulta popular por parte de la SCJN “ofrecería a la ciudadanía una razón para la credibilidad en la vida legal e institucional de la nación, que mucha falta hace en los tiempos difíciles por los que se atraviesa”. De negarse el derecho ciudadano a la consulta, apuntan, se “violentaría a tal grado la viabilidad del ejercicio de este derecho que por primera vez se está reclamando en la historia constitucional, legal, política y social de México, que condenaría al derecho mismo a ser percibido como inaccesible e impracticable”. También advirtieron a los ministros que en apego a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte, se considera un “derecho humano-político el que tienen los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, lo que sin duda se relaciona con el derecho a la consulta popular normado en la Constitución mexicana y en la Ley Federal de Consulta Popular”, A esa convención internacional los firmantes agregaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana, a los que México se ha adherido, así como jurisprudencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), lo que da sustento a su posición de que “los derechos políticos y sociales de los ciudadanos son considerados como derechos humanos”. Por ello, resaltaron, la SCJN “tiene la responsabilidad jurídica, ética, e incluso histórica, de darle validez práctica a un derecho que está claramente normado en la Constitución y en la ley reglamentaria correspondiente, y está concatenado con el orden jurídico internacional del que México forma parte”. Entre las organizaciones sociales que suscriben la misiva destacan la Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, entre otros.