La asociación de los gobiernos federal y estatales con empresarios, civiles armados y delincuentes engendró una amalgama perversa en el país. Y esta complicidad genera, sobre todo en zonas indígenas, una serie de conflictos que esos grupos tratan de contener con actos represivos, desalojos, desapariciones y asesinatos. El resultado: la multiplicación de autodefensas, la inminencia del estallido social...

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La asociación entre diferentes instancias y órdenes de gobierno con grupos empresariales, de civiles armados y delincuenciales se ha vuelto frecuente en las zonas indígenas del país, donde han aumentado los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos y las persecuciones judiciales.

Operaciones de los cárteles, disputas agrarias, reclamos de derechos, activismo político e imposición de proyectos mineros, energéticos o de obra han dejado una larga secuela de violencia.

Numerosos hechos de esta naturaleza fueron documentados en un reporte interno de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría de Gobernación, al que tuvo acceso este semanario y donde se muestra que hasta finales de julio se habían contabilizado 175 conflictos.

De acuerdo con dicho informe, Guerrero es la tercera entidad con más conflictos indígenas del país, ya que hasta agosto pasado registraba 16 casos con denuncias contundentes de operaciones conjuntas de criminales y funcionarios públicos.

Independientemente del documento de la CDIPM, los hechos de asesinato, tortura y desaparición de dirigentes sociales se incrementaron desde que Ángel Aguirre Rivero asumió la gubernatura en 2011. En su edición 1935, correspondiente al 30 de noviembre de 2013, Proceso informó de los 13 dirigentes sociales asesinados hasta entonces en esa entidad...

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1982 de la revista Proceso, actualmente en Proceso.