Argentina: Una alfombra roja para el fracking
BUENOS AIRES (apro).- La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos la madrugada del 30 de octubre. El proyecto impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra.
La nueva ley busca atraer inversiones extranjeras para desarrollar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Otorga garantías al capital privado para la explotación de petróleo y gas en el subsuelo continental y en la plataforma marítima. Toma como modelo el acuerdo de inversiones firmado en 2013 entre la petrolera de mayoría estatal YPF y la estadunidense Chevron para la explotación de Vaca Muerta, enorme yacimiento de petróleo y gas de esquisto en la provincia de Neuquén.
El gobierno argentino pretende alcanzar de este modo el autoabastecimiento energético perdido en 2008. Sostiene que la extracción de hidrocarburos no convencionales redundará en fuentes de trabajo y ahorro de divisas. Las corporaciones multinacionales del petróleo han expresado su apoyo a la normativa.
La oposición en pleno votó en contra. Sus críticas se centraron en el tope impuesto a las regalías que perciben las provincias y en la falta de una regulación ambiental. Salvo honrosas excepciones, sin embargo, los candidatos presidenciales de las fuerzas políticas opositoras representadas en el Parlamento han manifestado su apoyo a la explotación de Vaca Muerta. Esta formación patagónica alberga una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales en el mundo. Para su extracción se utiliza el método de fractura hidráulica o fracking, que requiere de enormes cantidades de agua y un cóctel de aditivos químicos de alta toxicidad.
La nueva Ley de Hidrocarburos extiende la dependencia de los combustibles fósiles en detrimento del desarrollo de las energías renovables. No designa un organismo nacional que controle y regule el proceso de inversiones y de explotación. No contempla la voluntad de los municipios y los pueblos originarios que se oponen al fracking. Tampoco el uso intensivo de agua que requiere este método.
La Constitución Nacional de 1994 puso en manos de las provincias los recursos naturales que hay en el subsuelo. Esto dificulta cualquier decisión del Estado nacional relativa a la política energética. La nueva Ley de Hidrocarburos reconoce a las provincias “el dominio” del subsuelo. Crea un marco regulatorio único para todo el país. Pone un tope de 12% a las regalías que perciben los estados provinciales, que puede elevarse hasta 18% en caso de prórroga de las concesiones. El impuesto por ingresos brutos será de 3%.
La Ley de Hidrocarburos se basa en el decreto 929 de 2013, que reguló el convenio entre YPF y Chevron para desarrollar las áreas concesionadas en Vaca Muerta. La ley incorpora los principales puntos de dicho decreto, pero sobre una base de inversión cuatro veces menor: 250 millones de dólares para los primeros tres años, en lugar de los mil millones a cinco años del convenio original. Habilita a las petroleras a exportar 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado el proyecto.
La ley dispone la ampliación de los plazos de concesión, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina. En todos los casos existe la posibilidad de 10 años de prorroga.
Al mismo tiempo, las concesiones ya entregadas para pozos convencionales pueden ser reconvertidas a pozos no convencionales. De este modo, una empresa que opere desde hace 15 años una concesión convencional, puede reconvertir su actividad hacia el no convencional, accediendo a 45 años más de concesión.
La ley otorga garantías para que las petroleras tengan libre disponibilidad del crudo que extraigan del subsuelo o del mar. Ésta llega a 60% tanto para la explotación off shore como para el no convencional. La ley prevé la reducción de las regalías provinciales para la recuperación terciaria en los yacimientos más antiguos, la instalación de un régimen especial para importaciones de equipos e insumos y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Se elimina el tope de cinco permisos de exploración y explotación, en forma directa o indirecta, para cada concesionario.
Autosuficiencia
La insuficiencia energética impone a Argentina la necesidad de importar gas y petróleo por un monto que ronda los 12 mil millones de dólares anuales. La nueva ley de Hidrocarburos apunta a promover el crecimiento del sector, a fin de paliar el déficit energético que consume las reservas del Banco Central. El gobierno asocia este déficit a la duplicación del PBI registrada entre 2003 y 2013. La política económica se ve asimismo limitada por la falta de préstamos internacionales, la caída de las inversiones externas y del superávit comercial.
Altos funcionarios del gobierno sostienen que esta ley hará posible alcanzar la soberanía en hidrocarburos, el ahorro de divisas y la generación de empleo. Predicen la llegada de inversiones y el consiguiente aumento de las reservas y la producción.
“Después de Estados Unidos, Argentina es el segundo país en poner en desarrollo los recursos no convencionales, que pueden ser la clave del desarrollo energético futuro. Si no aprovechamos esta oportunidad, podemos quedarnos afuera del flujo de inversiones, y nos resultará muy difícil revertir la declinación productiva de nuestros yacimientos”, dijo Miguel Galuccio, director ejecutivo de YPF, durante una reunión en la Secretaría de Energía el pasado 11 de julio.
Sostuvo que otros “países del mundo están modificando sus leyes porque son pragmáticas y necesitan inversiones”. Puso como ejemplo a México, Brasil y Colombia.
“En este momento la oportunidad de Argentina para recuperar el autoabastecimiento está ligada exclusivamente al destino de Vaca Muerta”, dice a Apro el geólogo Ernesto Gallegos, profesor de la Universidad de Buenos Aires, responsable de la página web frackingargentina.org. “En ese sentido es importante que se desarrolle sin dejar de lado todas las precauciones ambientales. La operación del no convencional tiene un riesgo que podría ser similar al de la operación convencional. No compramos el discurso ambiental de que el fracking va a atraer todas las pestes ambientales que se le achacan”, sostiene.
Los consorcios petroleros que operan en Argentina habían saludado ya esta ley, que da previsibilidad a las inversiones de largo plazo. El interés por la explotación de los no convencionales se manifestó también en las recientes visitas a Argentina de los jefes de gobierno de China y de Rusia.
Ambientales
Las críticas de la oposición se centraron en dos puntos: la falta de una regulación ambiental y el tope de 12% en las regalías. Países sudamericanos productores de crudo, tales como Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador, perciben porcentajes cercanos o superiores a 20%.
Alicia Comelli, diputada del Movimiento Popular Neuquino, votó por la abstención. Criticó que “se hayan establecido regalías fijas en el proyecto”. Su partido gobierna la provincia de Neuquén, en cuyo subsuelo se encuentra la mayor parte de la formación Vaca Muerta.
La Ley de Hidrocarburos se sancionó sin abrir el debate a la sociedad, tal como sí hizo el kirchnerismo con la Ley de Medios y la Ley de Matrimonio Igualitario.
“El gobierno realizó una intensa campaña comunicacional asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales. YPF es una sociedad anónima que cotiza en las bolsas internacionales”, criticó el grupo de intelectuales Plataforma 2012, en un comunicado que el diario Clarín reprodujo el pasado 27 de octubre.
Si bien el Estado argentino tiene 51% de las acciones de YPF, el resto del paquete accionario está en manos privadas. Parte de su renta va a parar al Grupo Inbursa, de Carlos Slim (5.7%), Lazard (4.4%), Mason Capital (4%) y Soros Fund Managment, de George Soros (3.5%).
En la calle, las voces críticas fueron escasas. En Córdoba, el 29 de octubre, militantes de agrupaciones de izquierda marcharon con los cuerpos desnudos, pintados de negro, bajo el lema: “Desnudos y empetrolados”.
En Buenos Aires, unos 30 militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) desafiaron la lluvia frente al Congreso Nacional. Entre los presentes se encontraba el diputado de dicha agrupación, Alejandro Bodart.
“Este gobierno ha sido un especialista en el doble discurso, un discurso a tono con los tiempos que empezaron a correr en el país a partir de 2001, pero con una continuidad extrema en todas las políticas de los noventa, que implicaron un salto en la entrega de todo lo que son los bienes comunes –dijo Bodart a Apro–.
Y lamentablemente hay una oposición muy de derecha, que en la esencia también coincide en todos estos aspectos y que ya ha dicho, y se lo dice a las empresas, que ellos harían más o menos lo mismo”, sostuvo. “Por eso prácticamente no hay una oposición alternativa que se plante y diga que hay que nacionalizar el petróleo y prohibir el fracking.”
Diferentes Estados nacionales y provinciales en el mundo han prohibido o postergado el fracking hasta tener más claros sus efectos contra la salud y el medio ambiente. El riesgo de contaminación del agua, la tierra y el aire que conlleva el método no está contemplado por la ley de hidrocarburos. Tampoco la consulta a los pueblos originarios que viven en las zonas de explotación.
En Argentina existen unos 30 municipios que se han declarado libres de fracking. La nueva ley limita la adopción de normas que interfieran con dicha actividad.